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Montero da por hecha la primera gran derrota del Gobierno en el Congreso

Hacienda no ha conseguido más que el apoyo de sus socios de Unidas Podemos con los que negoció hasta última hora de este miércoles

Sánchez y Caballero, junto a la ministra Marái Jesús Montero, el día de la firma del pacto entre Hacienda y la FEMP EFE

El Ejecutivo de coalición sufrirá hoy una derrota parlamentaria sin paliativos, tal y como ha admitido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada al Congreso de los Diputados. Montero no ha conseguido más que el apoyo de Unidas Podemos que, a pesar de ser socio de Gobierno, se presentaba a esta votación claramente dividida en la cesión del superávit de los ayuntamientos . Con el resto, ha tocado en hueso.

Montero ha revelado que llegó a ofrecer que el 60 por ciento de los 5.000 millones que podrían haber recibido los entes locales de los Presupuestos se repartieran en función de la población, pero la oposición no acabó de ver claro la propuesta. De hecho, a modo de presión se le llegó a trasladar que o el decreto salía adelante hoy, con el compromiso de tramitarlo como proyecto de Ley, o ninguno de los más de ocho mil ayuntamientos de España verá en un euro de esos 5.000 millones para implementar políticas con las que paliar la crisis derivada del Covid. A cambio, eso sí, los entes locales debían dejar al departamento de María Jesús Montero manejar los ahorros municipales, casi 14.000 millones, hoy inmovilizados por la Ley de Estabilidad.

Puede tratarse de la primera derrota parlamentaria del Ejecutivo en el arranque del nuevo curso político, con la particularidad de que los diputados de En Común Podem y no pocos de Podemos, consideran el texto de Hacienda pactado con el presidente de la FEMP, el socialista bel Caballero, poco menos que una “chapuza” y muchos alcaldes significativos del PSOE, como el vallisoletano Óscar Puente, que además es portavoz de Ferraz, lo han respaldado en la Federación con la nariz tapada.

De hecho, los precedentes no son buenos para el Gobierno después de que el Senado aprobara ayer una moción contra el decreto de Montero, presentada por el PP, a pesar de los intentos del PSOE por frenarla. Los socialistas adelantaron la estrategia de Hacienda al proponer que, una vez convalidado el decreto ley, el Gobierno se comprometerá «a paralizar la puesta en marcha de las medidas relativas al uso de remanentes de tesorería recogidas en los artículos 3 y 4 de la citada norma» para incorporar modificaciones de otros Grupos Parlamentarios.

Fuentes del Grupo Socialista admiten que no les salen las cuentas para la convalidación del Decreto. En todo caso, las negociaciones se prolongarán a lo largo de la mañana. El Grupo Socialista y Hacienda vienen desplegando en estos días una actividad negociadora febril, en la que se prometen futuras modificaciones, siempre y cuando pase hoy el trámite parlamentario, y sin tocar las líneas maestras del mismo. Pero partidos como el PP, no se fían de las promesas de Montero «porque nos ha mentido muchas veces», dice un alcalde popular a El Independiente.

Lastra ha advertido a los Grupos que no habrá otro decreto si éste es derrotado hoy

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha trasladado a sus homólogos parlamentarios que si este decreto es derrotado no sólo «no habrá uno nuevo», sino que tampoco se liberarán los 5.000 millones comprometidos por  Hacienda.

Aseguran los mismos medios socialistas que “no hay otra vía. Se ha llegado al máximo de lo que se puede ofrecer. O es eso, o se quedan sin nada”. En este sentido, acusan al Grupo Popular de ir trasladando la especie de que si este decreto es derrotado, el Ejecutivo no tendrá más remedio que redactar uno nuevo del gusto de los entes locales, después de que un grupo de 31 alcaldes de toda España y tendencia política, esto es, desde el madrileño José Luis Martínez Almeida, a la barcelonesa Ada Colau, pasando por el primer regidor de Cádiz, José María González, Kichi, se hayan declarado en rebeldía.

“Lo que no va a pasar –dicen desde el partido en el Gobierno- es que redactemos un nuevo decreto que derogue la Ley de Estabilidad Parlamentaria. Que se olviden de eso”, puntualizan desde el Grupo Socialista.

Entre otras concesiones que Hacienda estaba dispuesta a hacer era incluir vía enmienda algunas medidas específicas para aquellos ayuntamientos que, aunque quisieran ceder sus ahorros a la Administración General del Estado, no pueden por carecer de superávit financiero. “Son muy pocos y se les puede buscar una solución ‘ad hoc’”, arguyen los mismos medios. De hecho, en el grupo de interlocutores de Ciudadanos, partido también contrario al decreto, está el alcalde de Granada, Luis Salvador. Esta ciudad, junto a Zaragoza, Lérida y Cádiz son algunas de las capitales de provincia con las arcas vacías.

A Unidas Podemos no le gusta el decreto y en Común Podem es especialmente crítica

Otra cosa es que antes de sufrir una derrota parlamentaria el Gobierno ceda a la presión de los alcaldes rebeldes, de modo que Montero se comprometa, por ejemplo, a desligar la ayuda de 5.000 millones de euros de los remanentes municipales. Esta ha sido una exigencia del municipalismo, que recuerda el desembolso de 16.000 millones a las Comunidades Autónomas sin más condicionalidad que dedicar esos fondos a afrontar la crisis económica, sanitaria y social de la pandemia en cada uno de sus territorios. Sin embargo,  es difícil que el Gobierno renuncie a un bocado de 14.000 millones de euros, que se compromete a ir devolviendo en diez años, plazo que a muchos alcaldes se les antoja eterno.

Es la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de los tiempos de Cristóbal Montoro, en plena crisis económica, la que impide a los ayuntamientos poder tocar sus propios ahorros. Muchos partidos han pedido su derogación, entre ellos el grupo confederal de Unidas Podemos, que este mes de junio presentó una proposición no de ley para eliminar “toda traba o condición previa tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar”.

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