Política

Sánchez se queda solo: alcaldes socialistas se levantan también contra el decreto de Hacienda

Hasta ocho partidos políticos rechazan el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda para liberar los remanentes de los ayuntamientos y prestarlos a la Administración General del Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

El municipalismo está en pie de guerra contra el Gobierno y Sánchez comienza a quedarse solo en la defensa de una medida que ya ni los suyos le avalan. A principios de este mes, la Federación Española de Municipios (FEMP) aprobó una controvertida propuesta del Ministerio de Hacienda por la cual se pretende obligar a todos los ayuntamientos de España a liberar «voluntariamente» sus remanentes y a poner el uso del superávit a disposición del Gobierno, un préstamo que la Administración General del Estado se compromete a devolver a los consistorios en un plazo de entre 10 y 15 años, a contar desde 2022. El remanente de los consistorios de España suma un total de 15.000 millones de euros, 5.000 de los cuales el departamento que dirige María Jesús Montero se compromete a devolver entre 2020 y 2021.

La iniciativa nació torcida desde el primer minuto. El tenso debate en el marco del ente que dirige Abel Caballero se resolvió precisamente por el voto de calidad del presidente. Sólo el PSOE votó a favor de la propuesta, y hasta Unidas Podemos, socios gubernamentales de los socialistas, se abstuvieron en la votación.

Desde que el Gobierno transformase en decreto ley el acuerdo alcanzado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda, el PP ha sido el partido que ha encabezado una campaña contra lo que consideran una «incautación» del ahorro de los ayuntamientos. Génova ordenó directamente a sus alcaldes no dar «ni un euro» de sus ahorros para «financiar la agenda ideológica de Sánchez e Iglesias». Pero como sostiene el vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol, en conversación con este medio, esto «no es un problema del PP con el PSOE como sostiene Abel Caballero», sino que hasta ocho partidos políticos «que suman 190 diputados en el Congreso» se han levantado en contra del «corralito» a los ayuntamientos.

Sánchez está acorralado, no sólo por la indignación de alcaldes del PP, Ciudadanos, Vox, ERC, BNG, PNV e, incluso de Podemos con la medida, sino que su decreto comienza a hacer agua también entre los suyos, entre los que hasta ahora se había impuesto el silencio como hoja de ruta. Varios alcaldes socialistas comienzan a rebelarse contra un plan que, como ha sostenido el regidor de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, es «lesivo» para los vecinos y daña «el ambicioso plan de inversiones» que en este caso el consistorio madrileño ya tenía puesto en marcha.

Pero Romero no es el único socialista discordante con el discurso oficial. También el alcalde de Dénia, Vicente Grimalt, se ha descolgado de la cesión voluntaria del remanente porque «estamos para que nos dejen, no para dejar», según afirmó en una entrevista para Radio Alicante. Considera el alcalde dianense que lo propio sería negociar los términos del decreto y «poner a cada municipio en su contexto», ya que la situación económica de su municipio les impide participar en el fondo del Estado.

También el presidente de la Diputación de Teruel, el socialista Manuel Rando, se ha descolgado de la medida y afirma que «no es el momento» para aportar la totalidad de sus ahorros al Gobierno cuando el Ayuntamiento debe afrontar pagos derivados de importantes inversiones. «En este momento, nos es más útil tener nosotros el remanente que cederlo», afirman fuentes de la Diputación consultadas por El Independiente. «Si entregásemos la totalidad del remanente, que es lo que dice el Real Decreto, no podríamos realizar importantes inversiones», sentencian.

Colau: «Montero se ha equivocado»

Al documento conjunto que rubricaron alcaldes del PP, ERC, PNV y BNG a petición del primer edil de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha sumado estos días una campaña sin cuartel por parte de Génova, que ha convocado sendas reuniones telemáticas con centenares de alcaldes para plantear una ofensiva conjunta y coordinada al «chantaje inaceptable del Gobierno».

Pero los giros de cabeza comenzaron cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se manifestó públicamente en contra de una medida «sencillamente inaceptable». «Pretende que le entreguemos los ahorros que hemos hecho estos años para que él nos devuelva una pequeña parte», lamentaba la regidora de la ciudad condal, que instaba al Gobierno y a María Jesús Montero a «rectificar» porque «se ha equivocado». Y anunciaba en ese mismo momento que Colau, que gobierna Barcelona con el PSC, no entregaría sus remanentes al Gobierno.

Derrota inminente en el Congreso

El nuevo frente abierto del Gobierno en este convulso mes de agosto amenaza con sembrar una guerra interna en el partido y en la propia coalición gubernamental. Si no se negocian y modifican las condiciones de la propuesta, como quieren alcaldes de las diferentes formaciones políticas, Sánchez podría enfrentarse a una derrota de grandes dimensiones en el Congreso nada más arrancar el nuevo curso político, y el real decreto ley sería tumbado por la mayoría de las fuerzas políticas en una peculiar entente entre la derecha y los partidos nacionalistas.

Aunque el presidente del Gobierno apostó ayer por «el diálogo» para «llegar a un acuerdo» con los ayuntamientos, la ministra de Hacienda salió poco después a la palestra para subrayar que todas las conversaciones deberán enmarcarse en el real decreto ley ya redactado y firmado con la Federación Española de Municipio -sólo contó con el voto afirmativo del PSOE-.

«Es un acuerdo desde el diálogo con la FEMP, legítimo representante de los ayuntamientos. Ahora, si el Congreso de los Diputados no quiere darle formalidad, sería una pena que los ayuntamientos se quedasen sin la posibilidad de utilizar el remanente», advertía Montero.

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