Nuevo giro de guión en la negociación entre Hacienda y la FEMP para que los entes locales cedan su remanentes de tesorería a la Administración General. A sabiendas de que su tercera propuesta iba a ser derrotada con el voto de Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y PedeCat, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, se ha presentado a la Junta de Portavoces de este órgano anunciando una nueva propuesta de María Jesús Montero: A cambio de quedarse con 14.000 millones del superávit municipal, a devolver en un plazo entre 2022 y 2032, pone de los Presupuestos Generales del Estado 5.000 millones para que los ayuntamientos puedan cubrir las necesidades derivadas de la crisis del Covid.

Eso sí, de esta partida -similar a la de los 16.000 millones que recibirán las Comunidades- sólo podrán beneficiarse los entes locales que cedan su superávit, porque los que se nieguen o, directamente, no lo tengan, no recibirán un euro del nuevo fondo. Ante esta propuesta, se ha retrasado al próximo lunes la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP que iba a producirse tras la de portavoces. Pero el portavoz del PP en la misma y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ya ha anunciado la negativa de los populares a la cuarta propuesta de Montero.

La nueva derrota de Hacienda ha venido por el lado más inesperado, el de sus socios de Gobierno. Hacienda ha visto frustrado su acuerdo con la FEMP después de meses de negociación para poder hacerse con el superávit de los ayuntamientos, que hubieran supuesto para las arcas de la Administración General del Estado 14.000 millones de euros más. Y han sido Podemos e Izquierda Unida, cuyo voto era fundamental, los que lo han impedido.

La Junta de Gobierno de la FEMP tenía previsto reunirse hoy con un único punto en el orden del día: "Presentación y aprobación del acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana, políticas de cuidados y apoyo a la cultura". Tras enrevesado enunciado se escondía la que era la intención real de Hacienda, esto es, hacerse con los ahorros de los ayuntamientos, ahora inmovilizados en aplicación de la Ley de Estabilidad. Ante resistencia de la FEMP, el departamento de María Jesús Montero, propuso dejarles manejar 5.000 millones de los mismos entre este año y el que viene y el resto se les iría devolviendo en diez años contando a partir de 2022.

Los alcaldes piden manejar su propio superávit pero la Ley de Estabilidad lo impide

Pero para la mayoría de los miembros de la FEMP se consideraba poco menos que una incautación de fondos por parte del Gobierno, ávido por explorar toda forma posible de ingresos tras la crisis del Covid. Los ayuntamientos no son insensibles a los problemas económicos y sociales que ha generado la pandemia, pero piden ser ellos los que puedan manejar sus propios ahorros, habida cuenta de que los entes locales tienen amplias competencias en políticas sociales y son la primera ventanilla a la que acude la población más vulnerable.

Los representantes socialistas en la Junta de Gobierno de la FEMP, con su presidente y alcalde de Vigo al frente, Abel Caballero, necesitaban el voto del miembro de Izquierda Unida, el regidor de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura. Sólo así podían sumar 13 votos frente a los 12 de PP, Ciudadanos y el PdeCat.

El Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la FEMP, valora "la actitud del Gobierno para mantener la interlocución institucional y el intercambio de información continúo desde que se decretara el estad de alarma", pero la propuesta de Montero "no aporta una solución aceptable a la situación económica que atraviesan los ayuntamientos", según un comunicado hecho público por la coalición.

En este sentido, siguen reivindicando "los acuerdos contenidos en el pacto suscrito por UP-PSOE y no renunciamos a al derogación total o parcial de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", del año 2012, gobernando Mariano Rajoy, que les impide hacer uso de sus recursos acumulados "gracias al rigor y a la solvencia del municipalismo en los últimos años".

En el PSOE no faltan alcaldes críticos con la intención de Hacienda

El PSOE y Hacienda hubieran perdido la votación de hoy ante el rechazo de Unidas Podemos. Pero no sólo eso porque también se hubiera roto con la que ha sido la tradición de la FEMP desde que se creó en 1985, esto es, sacar todas sus propuestas por unanimidad. De hecho, dentro del bloque socialista la posición no es unívoca. Alcaldes como el primer regidor vallisoletano, Óscar Puente, expresaron internamente sus reticencias a la propuesta de Hacienda, y sólo se sometían a la misma por disciplina de partido. Sin duda, un revés para el Gobierno que viene, además, de su socio.