La okupación es una de las constantes en la actual agenda política. Los datos reflejan un aumento del 40,9% de las denuncias en los últimos cuatro años. El confinamiento frenó este auge, aunque con su finalización, la problemática volvió más fuerte que nunca. Los casos se incrementaron en un 5% hasta julio respecto al primer semestre de 2019.

Las formaciones políticas instan al Gobierno a actuar contra las mafias que se encuentras tras estas usurpaciones. El presidente de VOX, Santiago Abascal, opta por "dar una patada en el culo" a los okupas e incluso el presidente socialista de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, ha pedido ampliar el plazo permitido a la policía para actuar sin orden judicial.

El Partido Popular, que preside la Comunidad de Madrid, opta por otra alternativa. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha comunicado en su primer Debate del Estado de la Región novedades respecto a este tema. Ayuso ha anunciado la puesta en funcionamiento del teléfono ‘112 okupación’. Además, se creará un Centro de Coordinación Municipal en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112).

‘112 Okupación’ al detalle

La Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y la Consejería de Vivienda y Administración Local trabajan conjuntamente en el proyecto. La Comunidad de Madrid impulsará la creación de la Oficina contra la okupación. Con ella, se establecerá un teléfono 900 gratuito a disposición del ciudadano para avisar de una usurpación ilegal. Tanto las víctimas de la okupación como los testigos que se alerten de ella podrán contactar con este número.

La oficina se encargará de dotar al damnificado de toda la información correspondiente con sus derechos y los pasos a seguir. Además, transmitirá el suceso a la Fiscalía o Delegación del Gobierno. La Comunidad de Madrid podrá personarse como acusación en esos procesos "como se hace en los de violencia de género" ha asegurado Ayuso en su discurso.

Una de las claves que maneja este proyecto es la de potenciar la coordinación entre víctimas, administración y fuerzas de seguridad del estado. De esta manera, se pretende reducir los plazos y agilizar lo máximo estos procesos de okupación.

El Ejecutivo regional dirigido por Ayuso añade esta medida a su Estrategia integral de Seguridad. El Gobierno autonómico lleva prácticamente un año con su labor sobre este conflicto. La Mesa de Vivienda y Okupación que tuvo lugar en octubre de 2019 entre Ayuntamiento de Madrid, la fiscal provincial y la juez decana de Madrid, puede tomarse como el inicio. Un mes después, en noviembre de 2019, los alcaldes de la región recibieron un protocolo de actuación ante okupaciones ilegales.

Los casos en la Comunidad de Madrid se cifran en 4.000. La Agencia de Vivienda Social concentra la mitad, con 2.000 inmuebles okupados. Los otros 2.000 corresponden a entidades privadas, es decir, son propiedad de particulares o bancos.