Política

El 95% de los españoles censura que Sánchez delegue toda la gestión del Covid a las comunidades

Pedro Sánchez, en el Senado. EFE

Una de las mayores polémicas políticas en la lucha del avance del coronavirus en la segunda oleada de la pandemia ha sido el choque entre autonomías y Gobierno por las competencias en la gestión del Covid: mientras buena parte de los líderes regionales exigían más implicación al Ejecutivo para frenar la pandemia, Sánchez descargaba toda responsabilidad en las autonomías.

Este jueves, en el barómetro de septiembre publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se consulta a los entrevistados precisamente esta cuestión, preguntando quién les gustaría a ellos que «se hiciera cargo de la lucha contra la pandemia primordialmente: el Gobierno de España, el Gobierno de las comunidades autónomas o ambos en colaboración».

Sólo el 4,9% cree que esa responsabilidad debería recaer exclusivamente en las autonomías, mientras que un 15,8% opina que la gestión del Covid debería estar administrada sólo por el Gobierno de España y un amplio 72,3% sostiene que la cogobernanza es la fórmula predilecta para atajar la pandemia. El 7% restante cree, no obstante, que deberían hacerse cargo otro tipo de organizaciones, como equipos de expertos o médicos o instituciones como la OMS; o duda en su respuesta. En suma, el 95% censura el modo de hacer de Sánchez que, por el momento, ha descargado prácticamente toda la responsabilidad en los presidentes autonómicos.

En la rueda de prensa posterior al parón estival del jefe del Ejecutivo, Sánchez instó a las comunidades autónomas a solicitar el estado de alarma en caso de que considerasen que la situación epidemiológica en sus respectivos territorios así lo requería. En este punto, ofreció su apoyo y el de todos sus diputados para aprobar en el Congreso la solicitud de esta medida extraordinaria para proceder al confinamiento de un territorio, lo que encendió las críticas parte de los barones territoriales y de la oposición por lo que se entendió como una «dejación de funciones» por parte del Gobierno.

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