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Choque institucional: Moncloa replica que la ausencia del Rey es decisión de Zarzuela

Felipe VI y Pedro Sánchez, en el palacio de La Zarzuela.

Felipe VI y Pedro Sánchez, en el palacio de La Zarzuela. EFE

La ausencia de Su Majestad el Rey este viernes en la tradicional entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona lleva visos de convertirse en un roce institucional entre la Casa Real y el Gobierno, dado que se culpan mutuamente de la autoría de la decisión. Mientras desde Zarzuela señalaban a El Independiente que si el Ejecutivo «considera que no hay que ir, no se va», fuentes de Moncloa arguyen que «siempre respetamos el orden constitucional» que pasa por aceptar «las decisiones de la Casa Real».

Asimismo, han intentado quitar hierro político al asunto afirmando que «las cosas están en agenda y luego se caen», puesto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya había cursado las invitaciones para el acto del viernes en Barcelona en las que constaba la presidencia de Su Majestad el Rey. La Casa Real explica que muchas veces las invitaciones «se envían antes de cerrar agenda por cuestiones protocolarias» y de seguridad, pero esta era además una cita fija en la lista de actividades representativas del jefe del Estado.

«Las cosas están en agenda y luego se caen», dicen desde el Gobierno

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, jugó este miércoles al despiste al afirmar que «está muy bien tomada esa decisión», apuntando a Zarzuela. Pero no explicó cuál es el motivo por el que cree que la ausencia de Felipe VI es un buen mensaje institucional. E interrogada directamente respecto a quién había tomado la decisión, se limitó a decir que «a quien corresponde». Incluso, algún ministro contribuyó al enredo al afirmar que había sido «una decisión de la Casa Real a instancias del Gobierno», lo que está más cerca de la versión de Zarzuela que de Moncloa.

Uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José María Macías, explicó ayer en la Cadena Ser cómo la Zarzuela confirmó la asistencia del jefe del Estado, que posteriormente tuvieron que rectificar. «Se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que Su Majestad no podía participar en el acto. Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba».

Si el Gobierno deseaba que este asunto pasara más desapercibido y no se vinculara con su intención de comenzar a dar trámite a los indultos de los nueve condenados por el procés, el efecto ha sido el contrario. La vicepresidenta replicó ayer en declaraciones a la prensa que el ministro de Justicia «tiene plazos para tramitar los expedientes, si los incumple incurre él mismo en un delito. Esos plazos han estado suspendidos durante el estado de alarma y una vez que se reanudan cuentan los días y hay que cumplir con nuestras obligaciones», en alusión a Juan Carlos Campo.

Prosigue la ronda de Calvo con los grupos para recabar apoyos presupuestarios

De este modo rechaza que el anuncio del titular de Justicia tenga nada que ver con la negociación abierta para conseguir el apoyo de la mayoría de la investidura y de Ciudadanos con la que sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y aguantar el resto de la legislatura. Precisamente, Calvo prosigue su ronda de contactos, y este miércoles le tocó a PNV y a EH Bildu, formación esta última que mantuvo un encuentro la semana pasada con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Formalmente, Calvo se reúne con los portavoces de los distintos Grupos de la Cámara, -salvo Vox, que ha declinado la invitación- en calidad de ministra de Relaciones con las Cortes y no tanto como negociadora presupuestaria «puesto que esa tarea la tiene encomendada María Jesús Montero» titular de Hacienda. Pero no cabe duda que el Ejecutivo sondea la disponibilidad de una serie de Grupos a servir de soporte a la cuentas del estado para 2021, que debe presentar en Bruselas antes del 15 de octubre. Montero calcula que podría haber Presupuestos entre enero y febrero del año que viene, todo un hándicap para ERC dado su coincidencia con el calendario electoral catalán.

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