El indulto para los condenados por impulsar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y el proceso independentista de dicha región que el Gobierno ha anunciado comenzará a tramitar la próxima semana abarcará a todos los condenados en la sentencia del procés por los delitos de sedición, malversación y desobediencia, según trasladan fuentes del Ministerio de Justicia.

Puesto que la primera solicitud de indulto presentada ante el Servicio de Indultos de Justicia, a cargo del abogado catalán Francesc de Jufresa, se refirió a los 12 condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el Gobierno tramitará las solicitudes de todos ellos, individualmente.

Es decir, la tramitación de indulto anunciada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este miércoles en el Congreso de los Diputados abarca al ex vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras; a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Santi Vila, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó y a los líderes de Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los pasos a partir de ahora

Según informan fuentes del Ministerio de Justicia, "la tramitación en su conjunto suele superar los seis meses" y "la solicitud de indulto es individual. Cada expediente individual de indulto arrastra las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre ese mismo caso. De modo que el Ministerio de Justicia envía una única solicitud por caso al tribunal sentenciador que es quien reclama informe a la Fiscalía".

Según anunció el ministro de Justicia, "vez superado el atasco provocado por la pandemia, a lo largo de la semana que viene se dará trámite a estas solicitudes de indulto". Lo primero que hará el Gobierno será reclamar los respectivos informes del tribunal sentenciador y a la Fiscalía.

A partir de ese momento, comenzará la tramitación de las solicitudes de indulto total para todos los políticos independentistas condenados en el procés. Aunque haya informes de solicitud repetidos hacia ciertas personas, como por ejemplo hacia Bassa, para quien el sindicato UGT también lo solicitó o para Forcadell, para quien lo solicitaron un grupo de expresidentes de la Generalitat, "cada expediente individual de indulto arrastra las distintas solicitudes que se hayan hecho sobre el mismo caso, de modo que el Ministerio de Justicia envía una única solicitud por caso al tribunal sentenciador", es decir, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En aproximadamente medio año, habrá un resultado.

Los dos partidos enfrentados

Los políticos condenados a entre un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia y 13 años de prisión por sedición y malversación (en el caso de Junqueras), provienen de los dos partidos independentistas mayoritarios enfrentados ante unas próximas elecciones catalanas: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya, cuyo líder es Carles Puigdemont o su anterior denominación, PdeCat, que es la coalición. El Gobierno de Sánchez espera recabar el apoyo (o la abstención) del primero para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Oriol Junqueras (ERC) fue condenado a 13 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación; Jordi Turull (PdeCat), a 12 años de prisión por sedición y malversación; Raül Romeva (ERC), a 12 años de prisión por sedición y malversación; Josep Rull (Junts per Catalunya), a 10 años y cinco meses de prisión por sedición; Dolors Bassa (ERC), a 12 años de prisión por sedición y malversación; Joaquim Forn (PdeCat), a 10 años y cinco meses de prisión por sedición; Jordi Sànchez (Junts per Catalunya) a 9 años de prisión por sedición, igual que Jordi Cuixart, el único condenado no perteneciente a una lista política; Carme Forcadell (ERC), a 11 años y cinco meses por sedición; Meritxell Borràs (PdeCat), Carles Mundó (ERC) y Santi Vila (PdeCat) a un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia.

El pasado julio, la Generalitat aprobó el paso a tercer grado penitenciario o semilibertad de los presos del procés, medida que ratificó la jueza de vigilancia penitenciaria, aunque dejó en suspenso su aplicación hasta la resolución por parte del Tribunal Supremo del recurso contra la progresión presentada por la Fiscalía.