«Así está ahora Venezuela». El panorama que ha descrito la abogada y activista Tamara Suju, en la presentación en Madrid del Informe 2019 del Instituto Casla, es estremecedor. «A medida que el régimen chavista pierde el control se hace más sanguinario con la ayuda de Cuba». Lo prueba el documento, remitido a la Corte Penal Internacional (CPI), que estudia en fase preliminar la acusación contra los dirigentes chavistas por crímenes de lesa humanidad. La investigación pone caras a las víctimas y a los torturadores.

Recoge el informe los testimonios que confirman al menos 83 casos de víctimas directas de torturas. Apunta directamente a la División General de ContraInteligencia Militar (DGCIM) como principal perpetrador de la represión. En el 95% de los casos denunciados el DGCIM es el responsable.

En 2019 se han enseñado especialmente con los disidentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y han contado con la supervisión directa de uniformados cubanos, quienes han influido de forma determinante en «los patrones de tortura» aplicados.

El 53% de las víctimas son civiles y el 47% militares. La comunidad indígena pemona ha sido objeto de la persecución del régimen chavista en los últimos meses. Los persigue porque el busca el control de las minas en el territorio donde habitan, en el estado Bolívar, en la frontera con Brasil.

Son las comunidades indígenas que se encuentran en Kumarakapay, Manank-Krü, Maurak, y en la ciudad de Santa Elena de Uarién. Entre los días 22 y 23 de febrero fueron objeto de ataques de los organismos de seguridad que incluso llegaron a disparar a los heridos que llegaban al hospital Rosario Vera Zurita.

Los que reciben peor trato son los acusados de conspiración, rebelión o traición a la patria. Hay niños de 13 años víctimas de la represión y adultos mayores de 50 años, pero el promedio sería entre los 19 y los 40 años, mayoritariamente hombres. Hay dos casos de mujeres, torturadas también sexualmente. Una fue violada y otra sufrió intento de violación.

La llamada tortura blanca es la más común. Así se denomina el aislamiento prolongado cuyo fin es doblegar la voluntad del detenido. Al arrestado se le encierra en un cuarto sin luz solar, ni ventilación y se impide que concilie el sueño. Apenas les dan de comer y de beber y les someten a temperaturas extremas. Les privan de cualquier privacidad. En el 95% de los casos hay violencia sexual.

Un país gobernado por criminales no puede cambiarse dando al botón de reiniciar. Hay que perseguir y juzgar a los criminales», dice Beatriz Becerra

Junto a Tamara Suju en la presentación del informe Casla, la ex eurodiputada española Beatriz Becerra ha destacado «cómo es imprescindible que las víctimas sean las que tengan justicia. Un país gobernado por criminales no puede cambiarse dando al botón de reiniciar. Hay que perseguir y juzgar a los criminales». De ahí la importancia de la causa, en fase preliminar, en la Corte Penal Internacional, un proceso que será largo pero que es necesario.

«La represión sistemática y la comisión de crímenes de lesa humanidad ha continuado, y peor aún, el crimen de la tortura fue utilizado para paralizar a través del miedo, al sector que, de forma individual, puso el mayor número de víctimas denunciadas por el Instituto Casla: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)», señala el documento.

Ha sido fundamental desde hace décadas, pero de forma muy sobresaliente en 2019, el apoyo de las Fuerzas Armadas para que el régimen chavista que lidera Nicolás Maduro se mantenga en el poder. El próximo 23 de enero se cumple un año de la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de convocar elecciones libres y acabar con la usurpación del poder.

El asesinato del capitán Acosta

Sus llamamientos a que las Fuerzas Armadas se sumen a esa transición democrática han sido constantes. Quienes se han atrevido a dar el paso han sufrido una persecución atroz. El caso más espeluznante tiene nombre y apellidos: capitán Rafael Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio de 2019.

«Fue trasladado a los tribunales militares moribundo con terribles huellas físicas, sucio, luego de su aprehensión y desaparición forzada temporal, manteniéndolo durante seis días en uno de los centros clandestinos de tortura de los organismos de Inteligencia, en este caso la sede del DGCIM, en la finca Sorocaima, a las afueras de Caracas. Allí lo colgaron con los brazos atados a la espalda, le destruyeron el cuerpo a golpes, le echaron agua con ácido, le aplicaron descargas eléctricas y asfixias, le fracturaron 16 costillas y una pierna», señala el informe.

Cuando fue trasladado ante el tribunal, el 28 de junio, iba en silla de ruedas, con huellas de golpes en la cabeza, los ojos inflamados y apenas pudo articular palabra. Su abogado pidió ayuda. Tuvieron que trasladarle de urgencia y murió horas más tarde. El número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, dijo mientras estuvo detenido, que estaba siendo «bien cuidado».

La muerte por torturas del capitán Acosta Arévalo dio lugar a una reacción de repulsa internacional. El entonces ministro español de Exteriores, Josep Borrell, instó a la UE a «imponer sanciones selectivas contra los responsables de la muerte del capitán Acosta».

En octubre de 2018 había muerto el concejal opositor Fernando Albán, al caer su cuerpo desde el décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas. El régimen dijo que era un suicidio.

La oposición y la familia aseguran que fue víctima de las torturas. Estaba acusado de participar en un plan para atentar contra Maduro con drones en un desfile el 4 de agosto de 2018. También murió torturado el ex militar Modesto Día.

Luis de la Sota, capitán de navío, fue detenido el 18 de mayo de 2018 sin orden de aprensión. Lo metieron en El Tigrito, un sótano de 2×2 donde se practica la tortura en la sede del DGCIM en Caracas. Allí permaneció en el suelo con una capucha y las manos esposadas cuatro días con cuatro torturadores.

Le aplicaron asfixia con una bolsa de plástico, polvo lacrimógeno y no le alimentaron. Lo acusaron de conspiración y querían que confesase. No aceptó. Denunció las torturas pero la juez le dijo que no era de su competencia. Lleva desde entonces arrestado.

Lo metieron en una celda sin luz, el cuarto de los locos, durante 32 días. Le torturaron física y psicológicamente. Estuvo como un animal. Sigue sin juicio y desde hace ocho meses la juez no se presenta ante el tribunal. Relata su caso su hermana, Morelia Sota.

Patrones de tortura

El patrón que se aplica es el de la «tortura desmedida», en términos del informe, presente en la mayoría de los casos desde 2017. «La describimos así porque proviene de la rabia inicial que transmiten los victimarios contra las víctimas para castigarlos y que se transforman, luego en torturas más incisivas», señala el documento.

Empiezan con golpes, puntapiés, o puñetazos, propinados por varios victimarios, y luego pasan a ataques con objetos contundentes y reiterados hasta provocar sordera o pérdidas de visión, por ejemplo.

En el 60% de los casos se ha denunciado la práctica de asfixia, practicada hasta la extenuación. A veces con bolsas plásticas con sustancias tóxicas. En el 48% se aplicaron descargas eléctricas, en algunos casos (15) en genitales. También es común (52%) colgar al preso de vigas o tubos de metal, o incluso grúas. Recurrieron a sustancias psicotrópicas, tóxicas o ácidos en un 46% de los casos.

Todas las víctimas han sufrido torturas psicológicas, como la amenaza de muerte, el aislamiento, la incomunicación con las familias. Muchos pierden la noción del tiempo. Es habitual que no se les alimente bien y que se les prive de la higiene o de la posibilidad de utilizar un aseo.

En el 49% de los casos hay denuncias de violencia sexual, desde amenazas de violación, intentos de violación, actos lascivos violentos y un caso de violación.

Cubanos, planificadores y ejecutores

Los cálculos oficiosos estiman que unos 25.000 cubanos operan en Venezuela en amparo del régimen chavista. Cada tres meses rotan por los distintos centros de la contrinteligencia chavista esparcidos por todo el país. A los cubanos los llaman «los isleños» y tendrían su base de operaciones en Fuerte Tiuna, en Caracas.

Con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el Comando Estratégico Operacional, a cargo de Remigio Ceballos, y el director de la DGCIM, general Iván Hernández Dala, el G2 cubano (Inteligencia) y el Grupo Cruce organizan las acciones en todo el territorio.

Hay cubanos llamados «los acreditados» que actúan con el permiso del DGCIM. Dan órdenes a generales y entrenan a funcionarios de Inteligencia. Suju calcula que pueden ser unos 800. El mayor Alexander Granko Arteaga está a cargo de lo que es en realidad un DGCIM paralelo.

El testimonio del teniente Ronal Dugarte Silva, que desertó en marzo de 2019, ha confirmado cómo los cubanos están «involucrados directamente en el entrenamiento y la formación, en la represión y torturas a los venezonalos».

«Durante mi servicio como analista, hasta agosto de 2018, observé con mis propios ojos cómo la milicia de Inteligencia cubana realizaba comisiones mixtas entre militares venezolanos y cubanos para así poder ir a cada región de la contrainteligencia militar… De igual forma tengo conocimiento de diferentes centros de torturas dentro de unidades militares en Fuerte Tiuna y en lugares clandestinos, los cuales solo tienen conocimiento de su ubicación el personal de la milicia cubana y colectivos…», afirma el teniente Ronal Dugarte Silva.

Otro ex funcionario de la extinta policía metropolitana, Gilberto Rafael Martínez Daza, denuncia cómo fue torturado durante ocho días. «Me sacaron las uñas de los pies, me quemaron los pies… parte de estas torturas las hacían funcionarios del DGCIM y militares cubanos. Me quité la capucha y vi a los cubanos con uniformes militares cubanos», explica.

Dónde se tortura

Un lugar donde se practica la tortura es la sede de la Unidad de Comandos de la DGCIM, en la finca Sorocaima, sector La Mariposa, en las afueras de Caracas. Ahí fue donde sufrió su calvario el capitán Acosta Arévalo. Hay otro en una casa de Caracas en la urbanización San Bernardino.

Hay detectados nuevos sitios donde se aplica la tortura, según los testimonios recogidos. Por ejemplo, una cámara frigorífica en los sótanos de la DGCIM. Encierran a las víctimas durante días y muchas sufren congelamiento.

También hay quienes se refieren a un camión de transporte de mercancías, donde torturan pero también utilizado para llevar a los detenidos. Otro lugar peculiar es un ascensor que no se utiliza, donde dejan a los reos durante largo tiempo sin atención.

A su vez hay denuncias de la existencia de centros de torturas clandestinos, en general viviendas incautadas a delincuentes de todo calado. A veces el objetivo es una remuneración económica.

«Lo cubanos están en estos centros de torturas que son sedes de organismos de inteligencia y no centros de reclusión, donde las víctimas llegan fuertemente esposados y encapuchados», destaca el informe.

No hay nadie en el mundo que no sepa lo que está pasando en Venezuela. Los que miran a otro lado son cómplices», dice la abogada Tamara Suju

Tamara Suju ha destacado al presentar este informe cómo el régimen utiliza la tortura «para castigar a los opositores y para mostrar a la sociedad que actúa con impunidad». De ahí que se dejen señales de las heridas, como las llagas en las muñecas tras ser esposados durante días.

El abuso es planificado y hay agentes externos cubanos que actúan como instructores, inductores y perpetradores. «No hay nadie en el mundo que no sepa lo que está pasando en Venezuela. Los que miran a otro lado son cómplices», afirma la abogada Tamara Suju.

Beatriz Becerra, eurodiputada en el grupo ALDE en la pasada legislatura, ha destacado que todos estos crímenes de lesa humanidad «no prescriben». De ahí que inste a los países de la Unión Europea a que se sumen a la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional.

Seis países lo han hecho hasta ahora: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá. Ninguno europeo.