La imputación del presidente no ejecutivo de Prisa, Javier Monzón, ha provocado fricciones en la cúpula de la compañía. La semana pasada arrancó formalmente el procedimiento para estudiar los efectos que podría tener sobre su imagen y su día a día la situación judicial de Monzón. La intención es que en las próximas semanas el Consejo de Administración reciba un informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y tome una decisión sobre su continuidad en el grupo. Mientras tanto, Amber Capital ha iniciado maniobras para agilizar el proceso, algo con lo que no están de acuerdo todos los socios del grupo.

Fuentes de los accionistas del grupo han explicado que el propósito del fondo de inversión –primer accionista de Prisa, con el 29,76% del capital- es que el informe se realice por la vía rápida, de modo que pueda tratarse en el Consejo lo antes posible.

Sin embargo, el mensaje que se lanza desde otra parte del órgano de gobierno –más cercana a Monzón- es que no conviene precipitarse en este asunto. Entre otras cosas, porque aún no se ha producido la declaración ante el juez Manuel García Castellón, que está programada para el próximo 4 de octubre. Ese día –añaden- podría mantener a Monzón como investigado, pero también retirarle los cargos.

El auto del juez

Hay que recordar que Monzón ha sido relacionado con el caso en el que se investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. El auto del juez considera que presuntamente participó en “el desvío de fondos de las arcas de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, ICM, a través del presupuesto inflado de alguno de los contratos” que, desde 2007 y durante varios años, fueron adjudicados a Indra. Es decir, a la empresa que el presidente no ejecutivo de Prisa -y OpenBank- comandó entre 1993 y 2015.

Para el juez, Monzón tendría conocimiento de estos hechos, dado que cuando se produjeron presidía el máximo órgano de administración de Indra “con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y equipo de dirección”. A su juicio, el prolongado período de tiempo en el que se sucedieron los hechos investigados, de aproximadamente 7 años, apunta a que estos hechos no pudieron escapar a su control.

Este periódico ha contactado con fuentes oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para preguntar si el supervisor de los mercados ha pedido información a Prisa con respecto a estos hechos. Su respuesta ha sido negativa: “Hasta ahora, no”.

Sea como fuere, el reglamento del Consejo de Administración de Prisa contempla que “todo consejero deberá informar a la sociedad (…) en el caso de que fuera llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra el auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito y del acaecimiento de cualesquiera otros hitos procesales relevantes en dichas causas”.

A partir de ahí, el grupo deberá decidir si Monzón debe continuar en su puesto, en caso de que se niegue a dimitir.

Protocolo interno

El procedimiento se inició la pasada semana, como detalló El Independiente, es decir, dos semanas después de se confirmara que debe acudir a declarar como investigado, tal y como había solicitado el pasado agosto la Fiscalía Anticorrupción. Al afectado, la citación le llegó varios días después y sólo entonces pudo iniciarse la burocracia interna para convocar al Comité de Nombramientos y Retribuciones por este asunto, apuntan desde su entorno.

Este órgano está presidido por la consejera Sonia Dulá y cuenta como vocales con Béatrice de Clermont, Javier Gómez Navarro y Joseph Oughourlian.

El objetivo del dueño de Amber Capital es que Monzón –con el que ha mantenido roces en el pasado- salga de la compañía cuanto antes, dado el daño que puede producir en el grupo su imputación. Otros consejeros apelan a la presunción de inocencia e inciden en que Monzón, de momento, no tiene ninguna condena en firme. Por tanto, no creen que haya que precipitarse.