La Iglesia, contra los abusos: ¿lavado de imagen o justicia real?

La crisis de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, tal y como reconoció el mismo Papa Francisco, es un problema de carácter global. La semilla que plantaron los casos de Alemania, Irlanda o Estados Unidos desencadenó un sinfín de casos más que han puesto en entredicho el papel de la Iglesia como institución por su actuación como encubridora de pederastas y agresores sexuales.

Incluso durante su pontificado, Francisco ha guardado silencio. Pero los casos de pederastia ya no cabían en el cajón, una situación agravada con los últimos escándalos llegados desde Chile, África, Francia o Perú de religiosas que denuncian haber sufrido agresiones sexuales de diversa índole y abusos de poder por parte de sacerdotes, obispos y cardenales también durante años, que ha provocado que la balanza se haya inclinado a favor de las víctimas.

Para poner el foco en "la dimensión estructural del encubrimiento de los abusos, así como en la prevención de los mismos" el pasado 21 de febrero dio comienzo en el Vaticano una cumbre sin precedentes: una reunión del pontífice con 190 representantes de la jerarquía eclesiástica, entre ellos 114 presidentes de las Conferencias Episcopales, además de otros 70 expertos para combatir (y admitir) por primera vez los casos de pederastia y abusos sexuales en el clero.

Tras cuatro días de deliberación y debate, Francisco culminó el encuentro con una tajante conclusión: "Ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar esta brutalidad" porque "el pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y efectivas". Pero las palabras, quizá, distan mucho de la realidad.

La cumbre se saldó con frases "compungidas" y líneas de acción "tibias" que en absoluto satisfacen a las víctimas, quienes denuncian que no se les dio voz en la reunión. "La Iglesia no ha depurado responsabilidades ni en el campo de los pederastas ni en el de los encubridores", declara a El Independiente el presidente y portavoz de la Asociación Infancias Robadas Juan Cuatrecasas, además de padre de un menor que sufrió agresiones sexuales en el colegio del Opus Dei Gaztelueta, en Leioa (Bilbao). "Acudimos a la cumbre con cautela por el modo en que la Iglesia ha tratado siempre estos temas, y nos volvimos con el mismo escepticismo", señala.

Pero no es el único que se ha pronunciado sobre la aparente mayor propensión de Roma a "lavar su imagen" que a mirar por las víctimas por la "evidente falta de medidas concretas".

"Una bofetada a las víctimas". Así calificó el encuentro Miguel Hurtado, miembro de la asociación global Ending Clergy Abuse (ECA) y víctima del monje de Montserrat. Hurtado aseguró que el Papa pasó "la mitad del discurso hablando de abusos fuera de la Iglesia, y nosotros hemos sido abusados dentro por lo que nos gustaría que nos diera una explicación". Los 21 puntos propuestos en Roma no son, en su opinión, "un plan de acción" sino "un plan de oración".

La víctima española echó también en cara al Papa que externalizase el problema al considerar la pederastia como una "acción del diablo". "Si esto es lo mejor que el Papa tiene que ofrecer, esta convención es un absoluto fracaso", subrayó Hurtado a las puertas de la cumbre.

Las medidas tomadas en Roma no son un plan de acción, sino un plan de oración"

También el portavoz americano de la ECA, Peter Isely, violado durante su infancia por un sacerdote de Wisconsin, se mostró escéptico con los resultados y, al término de la reunión, criticó uno de los puntos más polémicos: la negativa, de nuevo, a trasladar los delitos a autoridades no eclesiásticas.  "Exigimos que cualquier sacerdote, monje o hermano que abuse no solo sea expulsado, sino que sea puesto en manos de la justicia ordinaria para que se le juzgue y acabe en prisión", señalaba.

El Papa también ha recibido críticas por parte de ONG, como es el caso de Save The Children, que tacha de "insuficientes" las medidas adoptadas en la cumbre antipederastia, uniéndose al clamor de que se implementen protocolos de actuación "que impliquen necesariamente la denuncia a las autoridades" y "la apertura de una investigación pública en el marco de la legislación de cada país".

Las medidas de la discordia

Ante las cuantiosas críticas recibidas, uno de los organizadores de la cita vaticana, el padre Federico Lombardi, aseguró que la cumbre "no es el final" y que las medidas "son un simple punto de partida".

El Vaticano presentó un total de 21 medidas entre las que figuran centros de escucha compuestos por expertos para discernir los casos de las víctimas; implementar procedimientos compartidos para el examen de las denuncias; protección de víctimas, pero poniendo también el foco en el derecho de la defensa del acusado; protocolos específicos para tratar con las acusaciones contra los obispos; o realizar una evaluación psicológica a cargo de expertos cualificados y acreditados al sacerdocio.

Más contundentes son otros puntos, como lo son elevar a 16 años la edad mínima para el matrimonio -el Derecho Canónico establece la edad mínima en los 14 años-; ofrecer cursos de formación para obispos, superiores religiosos, clérigos y trabajadores pastorales; o garantizar la proporcionalidad del castigo con respecto al delito cometido.

Sin embargo, estas propuestas no muestran "contundencia" para atajar los abusos, ya que "no son concretas, son solo documentos y palabras, no acciones tangibles. Y las palabras, si quedan en papel mojado como parece de momento, de nada sirven", asegura Cuatrecasas.

Una de las medidas estrella es, precisamente, la creación de documentos como el de un motu propio papal sobre protección de menores para tratar la responsabilidad de los obispos en estos ámbitos, así como un manual de instrucciones para que los obispos afronten las denuncias y acompañen a las víctimas.

Avance en Roma, retroceso en España

Tan solo unos días después de la cumbre antipederastia, el presidente de la Conferencia Episcopal anunció que la Iglesia española no investigaría los casos de abusos sexuales cometidos con anterioridad en España, aludiendo que "la CEE no tiene autoridad sobre las diócesis para hacer este tipo de estudio", lo que ha decepcionado aún más a las víctimas nacionales.

"Hay casos que han prescrito, en los que incluso se ha reconocido abiertamente que hay un encubrimiento, como en el caso de Montserrat, los salesianos o La Bañeza" y esta decisión "nos traslada, de nuevo, al punto de partida", lamenta el portavoz de Infancias Robadas.

Cuatrecasas subraya que no sirven de nada "los puntos que se pusieron sobre la mesa en el Vaticano, como la creación de comisiones independientes" si en España Blázquez, que estuvo presente en la reunión con el Papa, no hace nada. "Los delincuentes siguen en sus filas, y en España se camina hacia atrás en vez de avanzar, la Iglesia no depura responsabilidades".

El presidente de la Conferencia Episcopal Española sí anunció que desde España se aplicarán las medidas que vengan de Roma y ofrecerá su colaboración a los tribunales para "pasar a la acción". Pero no con carácter retroactivo.

Por sus palabras, Infancias Robadas ya ha iniciado los trámites para tratar de reunirse con Blázquez y entregarle unos puntos que "no son un capricho, son fruto de nuestra experiencia personal". Y no pararan, avisa, hasta que en Roma y España deje se deje de "considerar pecado lo que es un delito".