«No hay una legislación que vista de derechos a las mujeres». Así define la periodista Mabel Lozano, autora de El proxeneta, la situación legal en la que se encuentra la explotación humana en nuestro país. En España actualmente, la trata de seres humanos con fines sexuales está tipificada como delito en el artículo 177 bis del Código Penal. Pero este apartado no se refiere únicamente a la explotación sexual, sino también al trabajo forzado, la extracción de órganos o la celebración de matrimonios forzados, a los que la sociedad asocia con mayor facilidad con la ilegalidad.

Sin embargo, la legislación en este ámbito es escasa. Por ello, el Gobierno lleva más de nueve meses preparando su Ley contra la Trata con fines de explotación sexual, una norma diseñada por dos partidos abolicionistas, como son el PSOE y Unidas Podemos, de la que aún no se sabe demasiado. La escasa información publicada no convence ni a las abolicionistas, que califican esta norma de un «parche», ni a los colectivos de prostitutas.

La abolición de la prostitución lo que implica es una persecución de las mujeres»

Lucía Fernández

«La abolición de la prostitución lo que implica es una persecución de las mujeres, porque, si se dedican a multar a los clientes, quienes vamos a estar vigiladas somos las mujeres que ejercemos la prostitución. Si la policía sabe dónde trabajo -y es sencillo de saber- es fácil que yo tenga un policía debajo de mi casa multando a clientes, por lo que la que va a estar perseguida y señalada voy a ser yo», explica para El Independiente la portavoz del Colectivo Prostitutas de Sevilla, Lucía Fernández.

«El trabajo sexual tiene que ser reconocido desde la laboralidad y desde el respeto de los derechos, tanto los fundamentales como los derechos derivados del trabajo», afirma Fernández, cuyo colectivo defiende una regularización de la prostitución. El reglamentarismo y el abolicionismo son las principales corrientes que confluyen en el debate del futuro de la prostitución en España, aunque Mabel Lozano no considera que la Ley de Trata tenga abordarse desde una u otra perspectiva: «Estamos hablando de explotación humana, de esclavitud, vayan por delante los derechos humanos, y esto es una vulneración brutal de los derechos humanos».

Tenemos que tener una ley abolicionista estatal que no diferencie trata de prostitución, porque son realidades indisociables»

Paula Fraga

La trata y la prostitución tienen conexiones estrechas: ocho de cada diez mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen en contra de su voluntad, según reflejaba en 2016 la ONGD Anesvad. «La prostitución en España ahora mismo no está ni legalizada ni prohibida: se encuentra en una situación de alegalidad», expone la jurista y divulgadora feminista Paula Fraga, que matiza que «tampoco se puede hablar de alegalidad en stricto sensu«, porque hay varias ordenanzas municipales y leyes autonómicas que regulan la prostitución, como ocurre en Navarra, donde se refieren a la prostitución como un acto de violencia machista

«Lo que se está proponiendo [el Ministerio de Igualdad] es una ley contra la trata con fines de explotación sexual y no es suficiente. Tenemos que tener una ley abolicionista estatal. Una ley que no diferencie trata de prostitución, porque trata y prostitución son realidades indisociables. La trata de seres humanos es el método de incorporación masiva a la prostitución», por lo que «no se pueden separar estos dos fenómenos», indica Fraga.

Esta norma debería centrarse, según Mabel Lozano, en tres aspectos: el respeto a los derechos de estas mujeres, la lucha contra el proxenetismo, tipificado en el Código Penal, pero no en todas sus formas, y la puesta en marcha de una ley de testigos protegidos con respecto a las víctimas de trata, ya que estas mujeres se enfrentan a mafias. «El proxenetismo consentido no es un delito en nuestro país. ¿Y entonces por qué no se lucran de la venta de riñones? ¡Si es lo mismo!», dice la periodista.

El proxenetismo consentido no es un delito en nuestro país. ¿Y entonces por qué no se lucran de la venta de riñones? ¡Si es lo mismo!»

Mabel Lozano

En este «entramado jurídico muy disperso», en el que «no hay nada claro», según afirma Fraga, las abolicionistas exigen una ley «que establezca la asistencia integral a las mujeres prostituidas -término con el que se refieren a las prostitutas- con permisos de residencia, asistencia psicológica y médica, solución habitacional y, sobre todo, una medida que olvidan desde el Gobierno», como es «la multa al putero», señala Lozano.

La creadora de Biografía del Cadáver de una Mujer critica el «postureo» feminista con el que el Gobierno está abordando esta Ley de Trata, de la que previsiblemente se hablará este miércoles con motivo del Día contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. «¡Basta ya del postureo! Estamos hablando de explotación humana, de vulneración de derechos; protejamos a las más vulnerables y contenemos a los que se lucran» con el segundo negocio que más dinero mueve a nivel mundial.

Cuando se cierran los clubs, las mujeres no van a dejar de trabajar»

Lucía Fernández

Por el contrario, Lucía Fernández defiende que la solución reside en regularizar la situación de las prostitutas. En periodo de pandemia, al no estar muchas de las mujeres dadas de alta en la Seguridad Social, no han podido acceder a las ayudas derivadas del Covid. «Si el trabajo sexual fuera reconocido de manera expresa en una norma se hubieran podido acoger a ERTE«, refleja la portavoz, que afirma que «somos el último escalafón de marginalidad social».

«Cuando se cierran los clubs, las mujeres no van a dejar de trabajar (…) sino que van a ir a otros sitios donde no sea tan legal trabajar», como pisos en los que se ejerce la prostitución a porcentaje, «donde los abusos de tipo laboral sobre las mujeres son muchas veces de violación de derechos, con turnos de 24 horas y en unas condiciones de lesa humanidad», asegura Fernández, que insiste en desvincular la profesión de la explotación. «Las personas que son víctimas de trata son víctimas de trata, no ejercen la prostitución: eso es delito».