En caso de que se requiera la verificación de nuestro estado de salud, la necesidad de obtener el fármaco contra el Covid-19 será mayor. Estarán en entredicho situaciones como acceder a un puesto de trabajo, ser despedido, entrar a un gimnasio, pedir cita en un restaurante o comprar unos billetes de tren.
Iniciativas como la "cartilla COVID" del Gobierno de la Comunidad de Madrid hacen pensar que se realizará algún tipo de control serológico de la población. Esto podría conducir a una presión social para vacunarse. La sociedad tiene que percibir la evolución el proceso de vacunación, cosa que está a punto de suceder en las próximas semanas.
Ovidio Peñalver, psicólogo sanitario, señala que por un lado se mezclará una esperanza generalizada con todas las miradas puestas en la evolución de la vacuna con la ansiedad individual por obtenerla. Las expectativas tras los anuncios de Pfizer o Moderna, junto con las autorizaciones de las respectivas agencias del medicamento, hace que las expectativas sean "muy altas". "La expectativa general es vacunarse cuanto antes, para que en verano de 2021 todo haya terminado", expone Peñalver a El Independiente.
"El cambio social respecto al miedo que se ha metido en las personas es lo que más va a costar, aún después de estar vacunados", afirma el psicólogo. A esto se le suma el escepticismo que causa la vacuna. Según reflejan los datos del último CIS en el mes de noviembre, hasta un 47% de los españoles no se pondrían la vacuna inmediatamente cuando se disponga del fármaco frente a un 36'8% que sí lo harían. "Hasta que no se palpe de una forma práctica los efectos de la vacuna esto no cambiará, y muchos cambiarán de opinión al ejercerse mayor presión", subraya Ovidio Peñalver.
La mediatización de la campaña será clave
Hay que convencer a los ciudadanos de que es algo bueno, sin efectos secundarios graves
Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología en CEU-San Pablo
En este sentido, el convencimiento sobre la gravedad de la enfermedad que provoca el Covid-19, a día de hoy, es bastante "modesta". Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología en CEU, manifiesta que la efectividad o no de la vacunación pasa por una "campaña pedagógica e institucional fuerte". "Hay que convencer a los ciudadanos de que es algo bueno, sin efectos secundarios graves", detalla Jiménez. "Estos mensajes han de ser claros, sin contradicciones, aún estamos lejos de que la gente acepte vacunarse de forma masiva".
Ildefonso Hernández Aguado, epidemiólogo de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), asegura que "ve lógico" que el Gobierno y las Comunidades diseñen acciones de comunicación. Lo que ocurre con la vacuna contra el SARS-CoV-2 es que "no llegará de golpe" a todo el mundo ni su respuesta será "inmediata". "Hay muchos elementos que desconocemos a día de hoy", afirma. "Por ejemplo, si la vacuna disminuirá la transmisión del virus, o cómo actuará en la población joven".
Hernández señala la importancia de la información sobre el grado de implantación en la sociedad. "Serán clave los sistemas de vigilancia después de la autorización sanitaria, que se obtengan buenos datos", espeta el experto en pandemias. "En la medida que haya más información disponible, habrá menos problemas. Lo normal es que faciliten con la implantación de la vacuna y hagan que aumente la cobertura".
Pendientes de los primeros que se vacunen
Sólo hace falta ver el éxito de la campaña de vacunación de la gripe común de este año. Según recoge EFE, la Consellería de la Sanidad de la Comunitat Valenciana administró un 24% más de vacunas contra la gripe que el pasado año. Asimismo, Los datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social exponen que en la temporada 2019-2020 la vacunación evitó el 26% de las hospitalizaciones, el 40% de los ingresos en UCI y el 37% de las defunciones atribuibles a la gripe.
Personajes públicos, famosos o políticos serán nuestra primera referencia, una vez ellos se vacunen será más fácil que tú lo hagas
Ovidio Peñalver, psicólogo sanitario
Otros facto a tener en cuenta es el "efecto de emulación", es decir, imitar comportamientos sociales a través de la mediatización. "Cuando la gente empiece a ver por la televisión las vacunaciones, o hasta que no tengamos un conocido que la ha recibido, va a continuar el rechazo por los posibles efectos secundarios", sostiene Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología en CEU-San Pablo. También coincide en este aspecto Ovidio Peñalver, psicólogo sanitario, quien afirma que "nos dejaremos llevar" por lo que haga la gente en la que tú confías".
"Personajes públicos, famosos o políticos serán nuestra primera referencia. Una vez ellos se vacunen, será más fácil que tú lo hagas", subraya Peñalver. "Estaremos mediatizados por los primeros que se vacunen o no, va actuar como una variable que todavía no se ha despejado. Buscaremos modelos a seguir". Por ejemplo, los expresidentes estadounidenses Obama, Bush y Clinton se han ofrecido voluntarios para vacunarse públicamente contra el Covid-19.
¿Y si el Estado obliga a la vacunación?
Cruzar determinadas fronteras requiere presentar los resultados de una PCR o un test de antígenos. Esto hace pensar a muchos que, junto con las "cartillas COVID", se establezcan más medidas de control serológico en nuestra sociedad en línea con la vacunación. Por ejemplo, para entrar en un gimnasio, pedir cita en un restaurante o comprar unos billetes de tren.
Según explica a El Independiente Carlota Zapata, abogado administrativo en Legálitas, el marco legal que contemplaría el Gobierno en caso de obligar a la población, o un determinado sector, a inyectarse el fármaco se ampararía en dos preceptos. Según la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de manera excepcional, se podría vacunar obligatoriamente en caso de epidemias o crisis sanitarias cuando hay riesgo efectivo y colectivo para la salud pública.
Además, esta medida está amparada por el Artículo 43 de la Constitución Española donde se recoge el derecho a la protección de la salud por parte del Estado. Cabe destacar que las competencias sanitarias están en manos de las comunidades autónomas. Tras una serie de directrices aprobadas desde el Gobierno central, como se ha actuado en esta pandemia, cualquier medida ha de ser ratificada por una autoridad judicial.
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