Sociedad

Una anciana de 95 años deja su herencia de 1,5 millones de euros a un camarero

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Varios camareros preparan la terraza de un bar en Granada. EFE/Pepe Torres

El Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid citó este jueves en calidad de investigado a Julio C.V, el camarero que supuestamente habría manipulado a una clienta casi centenaria del bar donde trabajaba para conseguir que firmase un testamento nombrándolo heredero universal de una fortuna de 1,5 millones de euros.

A las puertas del juzgado, Julio declaró a Antena 3 que tenía una relación estrecha con la clienta. «La que no tenía la sobrina, que la tenía abandonada», ha afirmado ante las cámaras

Por su parte, Juan Gonzalo Ospina. abogado de la sobrina, señala que el cambio en el testamento se hizo solo dos semanas antes de ser declarada incapaz. «Pasaron exactamente 12 días antes del ingreso en la residencia en donde al día siguiente sufre un brote psicótico», según la cadena.

Aunque el juez instructor había sobreseído provisionalmente la causa, finalmente ha estimado el recurso de reforma de la acusación y la Fiscalía y ha acordado su reapertura, así como la citación del denunciado para que declare como investigado a la vista de que de lo actuado se desprende su participación en los hechos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

También están citados a declarar la sobrina de la anciana y tutora hasta su muerte, en calidad de perjudicada, y la notaria en cuyo despacho se habría firmado el testamento en favor del denunciado, esta última como testigo.

Igualmente, el instructor ha encargado al forense de los juzgados que emita un informe, basado en la documentación médica que obra en la causa, sobre si la nonagenaria tenía mermadas o no sus capacidades para otorgar testamento el 28 de julio de 2017.

En este sentido, consta una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valladolid en virtud de la cual se acordó incapacitar a la anciana debido a la enfermedad psíquica de carácter persistente que padecía-tenía una demencia degenerativa primaria avanzada-que anulaba sus capacidades de gobierno y administración de sus bienes.

Entre esas capacidades que ya no tenía estaba la de testar, y por ello se nombró como tutora a su sobrina, quien había cuidado de la entonces pareja de ancianos desde hacía varios años y quien los acompañó hasta su lecho de muerte, en el caso del varón en enero de 2020 y en el de ella unos cinco meses después, el 28 junio de ese mismo año, a los 95.

Nuevo testamento

Tras la muerte de la nonagenaria y empresaria vallisoletana A.Z.Z, su sobrina, única familia y quien creía ser heredera universal, acudió al notario de cabecera para informarle sobre el fallecimiento de su tía.

En ese momento, el notario le manifestó que no le podría entregar el testamento pues, aunque años antes su tía le habría nombrado heredera universal de su fortuna de 1.500.000 euros, un par de semanas antes de que fuese declarada judicialmente incapaz habría creado un nuevo testamento en el que nombró como heredero universal de todos sus bienes a otra persona y, en caso de morir antes éste, al hermano de esta persona.

Tras presentar la correspondiente denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil por la posible estafa cometida al haberse manipulado a una persona con Alzheimer y demencia senil que pocos días después sería declarada incapaz, los hechos delictivos comenzaron a investigarse en el Juzgado de Instrucción 3 de la capital.

La herencia para el camarero

Semanas después la investigación tomó un giró por sorpresa, ya que el notario tuvo que aportar a la causa el nuevo testamento en el cual se desprende que J.C.V, un camarero del restaurante donde todos los días solía tomar el desayuno la difunta, habría sido nombrado heredero universal de su fortuna.

La responsabilidad penal de este hecho podría ser por un delito agravado de delito de estafa, debido a la gravedad de la cantidad defraudada, así como del abuso en las relaciones personales de la incapaz con el investigado.

De demostrarse estos hechos en el desarrollo de las correspondientes pesquisas, el investigado podría enfrentarse a penas de hasta ocho años de prisión y multa de 24 meses.

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