Los estragos por las consecuencias judiciales de la ley conocida como sólo sí es sí comenzaron ya el pasado año, pero fue a principios de 2023 cuando el Gobierno decidió reformar la norma para evitar que las rebajas se siguieran produciendo. El recuento es desolador: más de 1.200 rebajas de penas y más de 120 excarcelaciones de violadores y pederastas. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que solicitar a todos los tribunales a mitad de año que les remitieran los datos de todas las revisiones de sentencias para poder llevar un conteo adecuado ante el goteo incesante de rebajas que se iba produciendo. El porcentaje se sitúa alrededor del 31% de las sentencias analizadas que terminan en rebaja de penas, teniendo en cuenta que en España hay unos 3.900 presos por delitos contra la libertad sexual.

El pronunciamiento del Tribunal Supremo fue clave en junio para entender cómo tenían que actuar el resto de órganos. Las reducciones de penas estaban siendo irregulares y esto había provocado las críticas de la exministra de Igualdad Irene Montero, que aseguraba que se trataba de una interpretación errónea. El alto tribunal explicitó que había que acometer las rebajas porque la ley era más beneficiosa para los reos y no había incluido un punto en el que se solicitara la contención de las sentencias hacia atrás. 

Del 'violador del portal' a 'La Manada'

Entre los violadores que fueron excarcelados, por ejemplo, destaca el conocido como el violador del portal, que fue puesto en libertad en febrero dos años antes de lo que le tocaba. La Policía llamó a la víctima de 25 años (tenía 18 cuando sucedieron los hechos en 2018) a quien el hombre, que conocía la distribución del edificio porque había realizado la instalación de fibra óptica, metió en un cuarto, le quitó las llaves y le apretó tan fuerte el cuello que casi pierde el conocimiento. 

Pero, sin duda, si ha habido un caso sonado este año ha sido la rebaja de pena de Ángel Boza, uno de los cinco integrantes de La Manada. Se trata de toda una paradoja porque, precisamente, la ley había sido cocinada al calor de las protestas feministas porque el tribunal que condenó esta violación había visto abuso sexual en lugar de agresión. La norma de Igualdad eliminó la distinción entre un término y el otro y conglomeró todo en agresión. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) se había negado en un inicio a descontar años de prisión a Boza, pero tras la jurisprudencia que había sentado el Supremo tuvo que rectificar. El violador que se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Albolote (Granada) tendrá que cumplir 14 y no 15 años de prisión.

El tortuoso camino de la norma no solo deterioró las relaciones de la coalición de Gobierno, sino que marcó de algún modo el destino político de su promotora, la ministra de Igualdad Irene Montero, que en noviembre dejó el cargo lanzando una pulla al presidente del Gobierno en nombre propio y de Podemos.