El príncipe Andrés podría ser juzgado en Nueva York por abusar sexualmente repetidas veces de una menor

Las cosas se le complican, y mucho, al príncipe Andrés de Inglaterra, duque de York, tercer hijo (y dicen que el favorito) de la Reina de Inglaterra, noveno en la lista de sucesión a la corona. Hace pocos días, sus abogados pidieron formalmente a un juzgado de Nueva York que desestimara la demanda que Virginia Roberts Giuffre había interpuesto el 9 de agosto contra el duque por supuestos abusos sexuales ocurridos, presuntamente, en el 2001, cuando ella tenía 17 años y, por tanto, era menor de edad. Pero ayer por la mañana, hora local de Nueva York (por la tarde hora española), el juez Lewis A. Kaplan resolvió no aceptar la petición, lo que significa que la demanda sigue adelante y que el príncipe tendrá seguramente que participar en el juicio. Eso, o llegar un acuerdo económico con Virginia Roberts Giuffre. 

La historia es increíblemente compleja desde el punto de vista jurídico pero también de reputación. No hay duda de que el caso puede destrozar completamente la imagen —ya seriamente dañada— del tercer hijo de la Reina y, de rebote, afectar al resto de la familia real.

Ayer, el palacio de Buckingham se negó a comentar la noticia, alegando que es “un asunto legal en marcha”. 

El origen de semejante pesadilla se remonta, presuntamente, a años atrás, cuando Giuffre, menor de edad por entonces, formaba parte de la red de tráfico humano del financiero y pederasta Jeffrey Epstein y de su madame Ghislaine Maxwell. Según siempre ha defendido Giuffre, fueron ellos quienes la obligaron a tener relaciones sexuales con el duque de York. En concreto, ella ha asegurado que fue en tres ocasiones en el 2001: una vez habría sido en la casa de Londres de Ghislaine Maxwell, otra en la casa de Epstein en Manhattan y la tercera, en la casa (también de Epstein) en Little St. James, en las Islas Vírgenes. Por aquel entonces, él tenía 41 años; ella, 17. Virginia Roberts Giuffre siempre ha aseverado que el príncipe Andrés sabía perfectamente que ella era menor de edad y víctima de tráfico sexual. 

El príncipe Andrés, sin embargo, siempre ha negado tajantemente estas acusaciones. En una entrevista al programa Newsnight, de la BBC, en el 2019, dijo explícitamente: “No sucedió. Puedo absoluta y categóricamente decir que nunca pasó. No me acuerdo siquiera de haber conocido a esta señora. No me acuerdo para nada”. Incluso llegó a entrar en detalles ciertamente sorprendentes. Mientras que Giuffre ha asegurado en alguna ocasión que recordaba como él “sudaba profusamente” sobre ella en Tramp, un club nocturno de Londres, el duque de York se defendió  alegando que semejante escena no pudo tener lugar porque “él no puede sudar”. “Tengo una condición médica peculiar”, dijo el príncipe Andrés en la citada entrevista a la BBC, “a causa de una sobredosis de adrenalina en la guerra de las Malvinas, cuando me dispararon” (el príncipe Andrés sirvió como piloto de helicóptero en la guerra de 1982 entre el Reino Unido y Argentina). Andrés, además, siempre ha dicho que aquella noche en que supuestamente él abusó sexualmente de Giuffre en Londres, él en realidad estaba con su hija mayor, la princesa Beatriz de York, en un Pizza Express en la localidad de Woking. 

Pero el tema no se queda ahí. Giuffre, que siempre ha alegado que Epstein y Maxwell abusaron sexualmente de ella, llegó a un acuerdo en el 2009 con Jeffrey Epstein por el cual se blindaba judicialmente no sólo a Epstein, sino a “segundas partes” y a “cualquier otra persona que podría ser incluido como potencial acusado” en futuras acciones legales. El contenido íntegro de dicho acuerdo, de doce páginas en total, se hizo público el 3 de enero de este año y por ello sabemos que Giuffre recibió al parecer 500.000 dólares (unos 420.000 euros aproximadamente) de Epstein por su silencio. 

Es este documento, precisamente, en el que se escudó Andrew Brettler, el abogado del príncipe Andrés, para pedir la desestimación de la demanda de Giuffre contra él. Pero el juez de Nueva York que instruye el caso ha rechazado que el acuerdo proteja al príncipe. En un escrito ha dicho que “en el acuerdo del 2009 no puede decirse que se demuestre, claramente y sin ambigüedades, que las partes para las cuales el instrumento pretendía “directamente”, “primariamente” o “substancialmente” proteger beneficien al príncipe Andrés”. En otras palabras, que en ningún lugar del acuerdo salía expresamente el nombre del príncipe Andrés. 

Según la prensa británica, si no se llega a un acuerdo, el príncipe Andrés se enfrenta a un juicio civil, seguramente en unos nueve meses, sobre el mes de septiembre, a lo más tardar en diciembre. Lo más probable es que el hijo de la reina Isabel II tenga que ser interrogado por los abogados de Giuffre en Londres, un interrogatorio que podría ser grabado y emitido en la sede del tribunal de Nueva York. Sin embargo, dado que la demanda es civil y no penal, y que estamos hablando de jurisdicciones distintas, algunos expertos aseguran que el príncipe no tendría que aportar evidencias para defender su inocencia. Tampoco podrá ser obligado a ser aparecer físicamente en la Corte de Nueva York, dado que la ley británica no contempla que ciudadanos del Reino Unido sean extraditados a Estados Unidos por temas civiles. 

Sin embargo, se espera una dura batalla judicial. Y, también, una carísima. Se sabe que el palacio de Buckingham se ha negado a pagar las costas de abogados del príncipe y, por ello, el príncipe Andrés está en estos momentos intentando vender un chalet que tiene con su ex-mujer, Sarah Ferguson, en Verbier, en Suiza, para costear las elevadas facturas. El Daily Mail ya ha avanzado que por la compra de dicho inmueble el duque podría pedir unos 17 millones de libras esterlinas. 

Tampoco hay que pasar por alto la factura en términos de reputación para la familia real. Justamente en un año en que la reina, actualmente de 95 años, va a celebrar su Jubileo de Platino o, dicho de otro modo, sus setenta años en el trono, un hito que ningún otro monarca de Inglaterra había logrado. Buckingham teme un juicio increíblemente mediático donde figuras destacadas de la familia real sean obligadas a declarar como testigos. David Boies, el abogado de Giuffre, ya ha insinuado que podría hacer sentarse en el banquillo al príncipe Carlos, Meghan Markle, Sarah Ferguson o la princesa Beatriz de York.