La guerra de las sombrillas se recrudece: multas de hasta 3.000 euros por reservar sitio en la playa

Cuando el verano llega, bañistas cargados de hamacas y neveras caminan para intentar lo que parece imposible, encontrar sitio. El objetivo lo tienen claro: encontrar un hueco lo más cerca del agua. Otros prefieren ahorrarse la búsqueda y dejar una silla o una sombrilla plantada en primera línea. Sin embargo, esta práctica extendida ha generado tensiones vecinales y ha obligado a los Ayuntamientos a tomar medidas.

La denominada guerra de sombrillas vuelve y con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros. Aunque la Ley de Costas unifica la protección de la franja marítimo-terrestre a nivel nacional, la gestión recae sobre los municipios. Cada ayuntamiento aprueba su propia ordenanza municipal de playas.

El fenómeno de las 'sombrillas fantasma' en la playa

El principal foco de conflicto son las sombrillas fantasma. Muchos veraneantes madrugan a las seis o siete de la mañana, clavan la sombrilla, extienden la toalla y regresan a sus apartamentos a desayunar. El resultado es un una playa completamente llena de sombrillas pero sin sus dueños, impidiendo que familias, mayores o niños disfruten del espacio público.

Municipios pioneros como Torrox, en la provincia de Málaga, llevan combatiendo esta situación desde el año 2014. El procedimiento de los agentes en esta localidad destaca por su sencillez y eficacia. La Policía fotografía los objetos sospechosos a primera hora del día y regresa unas horas después. Si las pertenencias siguen solas en el mismo lugar, la Policía Local registra la infracción por reservar espacio y confisca todo el material, que se traslada en un camión a las dependencias municipales.

Las pertenencias retiradas permanecen guardadas un máximo de 14 días. Para recuperarlas, los dueños deben abonar una tasa de recuperación que parte de los 30 euros, aunque la multa máxima en Torrox puede ascender hasta los 300 euros si se produce un conflicto o desobediencia directa hacia la autoridad. Si nadie reclama los objetos en el plazo fijado, estos pasan a considerarse residuos y se destruyen, aunque el consistorio estudia donarlos a una ONG.

Sanciones récord en las playas de la Comunidad Valenciana

La presión turística ha obligado a otras regiones a endurecer todavía más su marco legal. En la Comunidad Valenciana, localidades de gran afluencia como Cullera, Gandía o Benidorm han fijado un patrón común en sus normativas para impedir la ocupación fraudulenta del dominio público marítimo-terrestre.

El Ayuntamiento de Valencia aprobó en 2016 una ordenanza de playas que hoy sirve de referencia para el resto de la región. Esta normativa cataloga las infracciones en tres niveles bien diferenciados:

• Infracciones leves (hasta 750 euros): Incluyen la instalación de sombrillas fantasma, el uso de aparatos de música alta que generen molestias, realizar necesidades fisiológicas en el mar o en la arena, el uso indebido de las duchas y lavapiés, y practicar juegos de palas o fútbol fuera de las zonas habilitadas.
• Infracciones graves (hasta 1.500 euros): Sancionan de forma directa conductas de riesgo como acampar en la playa durante la temporada de baño, así como desobedecer las banderas rojas o las indicaciones de los servicios de salvamento y socorrismo.
• Infracciones muy graves (hasta 3.000 euros): Se reservan para acciones que supongan un riesgo evidente para el medio ambiente o la seguridad de las personas, como los vertidos contaminantes o la circulación indebida de embarcaciones a motor en las zonas exclusivas de baño.

De Castellón a Alicante

En Alicante, Benidorm, la Policía Local cuenta con la potestad de retirar los artículos y rastrea a los infractores para tramitar la denuncia económica. Los ayuntamientos defienden que estas medidas no persiguen un fin recaudatorio, sino garantizar el derecho de todos los ciudadanos a usar la costa en igualdad de condiciones.

Por su parte, la provincia de Castellón no se queda atrás. Destinos turísticos como Oropesa del Mar, Peñíscola o Benicàssim han intensificado las campañas de vigilancia. En Oropesa, los servicios municipales retiran de forma habitual las sillas y sombrillas que los turistas dejan sin vigilancia para asegurar la primera línea. Las administraciones locales insisten en que estas prácticas alteran la convivencia y saturan el espacio público.

En Salou implica la retirada de objetos o incluso su destrucción

La ordenanza municipal de 2025 en Salou tampoco permite reservar sitio o espacio mediante la colocación de objetos en la playa. En caso de incumplimiento, la Policía Local puede retirar cautelarmente los objetos utilizados para esa reserva e incluso destruirlos si no aparecen los propietarios.

Aunque la infracción se considera leve, las sanciones son iguales. Hasta los 750 euros, las leves. Hasta 1.500 las graves y hasta 3.000 euros las muy graves, en función de la reincidencia, intencionalidad, perjuicio ocasionado a los demás.

El debate social sigue completamente abierto en los paseos marítimos. Mientras la inmensa mayoría de los residentes y turistas están de acuerdo con la intervención policial, algunos veraneantes consideran que el control sobre sus hábitos vacacionales es desproporcionado.