Durante 15 años, entre 2002 y 2017, la Generalitat de Cataluña aplazó sine die la convocatoria de oposiciones a la inspección educativa. Mientras tanto, el número de inspectores designados a dedo iba creciendo hasta convertirse en la tasa más alta de España. El 80% de los inspectores de Educación catalanes han sido designados a dedo, mientras que la tasa en España es del 33%.

Este año, la sentencia 234/2016 del juzgado número 11 de Barcelona anulaba el concurso de méritos (que avalaba la designación libre) y forzaba la convocatoria de elecciones en las que se convocaban 40 plazas. “Cataluña es la comunidad autónoma con más inspectores accidentales de toda España”, asegura Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), que afirma que detrás de estas cifras está el intento de control político de una Comunidad que entre 2002 y 2017 no realizó oposiciones al cuerpo de inspectores. “Con las oposiciones de este año, realizadas por mandato judicial, sólo se han convocado 40 plazas, por lo que incluso cuando éstas se cubran, la tasa de inspectores accidentales seguirá superando el 50%”, añade Marrodán. Actualmente el cuerpo de inspectores de Cataluña ronda los 280 trabajadores.

Aparte de Cataluña, la comunidad que arrastraba más años sin convocatorias es también la que sigue a Cataluña en más inspectores a dedo, Navarra, que convocó en 2007. Por lo demás, doce regiones han realizado convocatorias en los últimos dos años y solo cuatro de ellas se remontan a cuatro años atrás. Para evitar la “accidentalidad”, o exceso de inspectores designados a dedo, USIE plantea que las convocatorias deberían realizarse hasta que la tasa quede en un 10% o menos.

Aunque se denominan oficialmente inspectores “accidentales”, en la práctica son designados a dedo, ya que para su nombramiento cuentan criterios objetivos como la antigüedad pero también otros subjetivos como proyectos realizados o entrevistas personales, que se van renovando cada año. “Cataluña no ha implementado procedimientos selectivos, como han hecho otras regiones, que tienen en cuenta la nota obtenida en la oposición para la designación de las plazas”, indica Marrodán.

Los datos del gráfico corresponden al fin del curso 2016/2017, tras el cual los datos en Cataluña habrían aumentado al 80% con las últimas jubilaciones, afirma Marrodán, que destaca que “las tasas aceptables de accidentalidad deberían quedarse en torno al 10%”.

Los inspectores, una urgencia para la República de Cataluña

Aunque la regulación laboral del cuerpo de inspectores no ha sido hasta ahora prioridad para Cataluña, sí estaba en los planes de la planeada República Catalana aprobar “de urgencia” una “regulación de acceso al cuerpo de inspectores de educación”. Así figuraba en unos documentos descubiertos ahora en el ordenador de una secretaria de Josep Lluís Salvadó, entonces secretario de Hacienda de la Generalitat, y publicados por El Confidencial.

La planeada República Catalana iba a aprobar “de urgencia” una “regulación de acceso al cuerpo de inspectores de educación”

“Que fuesen a regular con urgencia el acceso a la inspección explica por qué durante tantos años no han tenido interés en convocar oposiciones”, critica Marrodán. El presidente de USIE cree que la inspección educativa formará también parte importante de la campaña electoral para las elecciones catalanas del 21-D, tras las fallidas propuestas que Ciudadanos y el Partido Popular han presentado esta semana en el Congreso relacionadas con el adoctrinamiento en las aulas.

El partido de Albert Rivera proponía que fuera una agencia independiente la que se encargue de la inspección educativa en el centro y garantice que no se produce adoctrinamiento en las aulas. Por su parte, los populares proponían reforzar la alta inspección educativa, que es el órgano de la inspección -nada conocido hasta hace apenas dos meses- que vela porque no se produzcan interferencias entre las leyes estatales y autonómicas y, por tanto, cuestiones relacionadas con el adoctrinamiento. Se trata de un cuerpo que no está orientado a visitar las aulas y apenas cuenta con un inspector. Tanto esta propuesta como la de Ciudadanos fueron este martes rechazadas en el Congreso.

Informes que terminan “en un cajón”

La acumulación de inspectores elegidos a dedo no es la única razón de que la profesión esté “muy mediatizada por las decisiones políticas”. Así lo cree Jesús Rul, inspector catalán de Educación recientemente jubilado: “Yo he escrito informes que han acabado en un cajón y otras veces he recibido presiones para modificarlos”. En el contenido de esos informes Rul se refiere, por ejemplo, al uso de la lengua castellana. “En octubre yo ya no estaba trabajando, pero sé de compañeros que sí han tenido problemas, como Cantallops”, afirma el inspector retirado.

El caso de Jordi Cantallops saltaba a la prensa hace algunas semanas, cuando tras una entrevista concedida a El Mundo en la que denunciaba adoctrinamiento en las aulas, fue expedientado por la Generalitat tan solo tres días después. “Es inaudito que en solo tres días se pueda expedientar a un profesional, es necesario más tiempo para evaluar el caso y hablar con las partes. Que sólo tardasen tres días habla más de un expediente político que de otra cosa”, afirma Marrodán, que celebra que el caso fuese sobreseído días más tarde tras asumir con el 155 el ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, las competencias de la Consellería de Educación.

Rul recibió presiones y vio cómo se archivaban informes suyos sobre el uso del castellano

Rul lleva años luchando, a través de la asociación Projecte Inspectio, por lo que considera la clave para dar más garantías a la profesión inspectora: que los informes  sean de carácter público. “Actualmente son privados, por tanto el trabajo del inspector queda a expensas de su superior jerárquico, el director territorial, que es un cargo político”. De hecho, según Rul, “muchas veces se piden informes cuando la decisión administrativa ya está tomada, simplemente para que figuren en el expediente”.

Para el inspector, sólo es posible conseguir una profesión eficaz “si se dota a la inspección educativa de un estatuto profesional que garantice su autonomía profesional, el carácter público de sus producciones (informes, actas, requerimientos) y un sistema específico de responsabilidades como órgano de control público de la educación”.