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España, a la cola europea en colaboración sanitaria público-privada: 60.000 profesionales y 2.400 centros en riesgo

"Por mucho que lo hemos solicitado, ni siquiera se ha querido regular un decreto de ayuda de las comunidades autónomas y ahora nos encontramos en 17 negociaciones", sostiene el presidente de ASPE

Personal sanitario en la puerta de un hospital. EFE

España se encuentra a la cola europea en cuanto a colaboración sanitaria público-privada, en plena batalla por la crisis generada por el coronavirus. Durante el estado de alarma, todas las clínicas privadas quedaron bajo un mando único sanitario, sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona y la delegación de los acuerdos entre la Administración y las empresas privadas, según denuncian desde la gestión privada. Añaden que este mecanismo legal implementado durante el confinamiento y la desescalada ha generado un perjuicio inasumible para las clínicas.

El mando único provocó que muchos centros privados tuviesen que rechazar a sus pacientes habituales para dar cabida a unos enfermos por el coronavirus que nunca llegaron, por estar en zonas de baja incidencia de la pandemia, indican en una nota de prensa. De esta forma, se cerró la vía de ingresos de estas empresas, no se utilizaron sus recursos ni se permitió acogerse a un ERTE, dado que se trata de un sector estratégico.

«Se nos pidió que desprogramáramos toda la actividad que no tuviera un carácter urgente para atender a pacientes con Covid-19 y se nos declaró esenciales», señala para El Independiente Carlos Rus, presidente de la Alianza de Sanidad Privada Española (ASPE). Este último aspecto hizo más daño a los centros que no contaban con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni con servicio de urgencias, porque «no les permitía adecuarse a las circunstancias». En zonas con alta incidencia, como Madrid o Barcelona, sí que tenía sentido declarar como esenciales a esos centros, pero, en las áreas de baja incidencia, como Canarias, los hospitales se han quedado «llenos de profesionales y vacíos de pacientes».

No obstante, antes de que se decretase el estado de alarma, el sector sanitario privado ya se había «puesto a disposición del Ministerio, con colaboración total y absoluta», afirma Rus. Esta coyuntura sanitaria, nunca antes vista, ha provocado que ahora mismo estén en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios, tal y como informa ASPE.

En España, cada comunidad hace lo que considera sin que el Gobierno establezca unas tarifas razonables y homogéneas, mientras que en otras naciones europeas, como Francia, Alemania o Reino Unido, se ha impuesto una fórmula de colaboración en la que prima la compensación a las empresas para garantizar un servicio adecuado y el mantenimiento de un sector estratégico y de alto valor añadido. «Aquí, por mucho que lo hemos solicitado, ni siquiera se ha querido regular un decreto de ayuda de las comunidades autónomas y ahora nos encontramos en 17 negociaciones», sostiene Rus, que añade que «un segundo confinamiento tendría un impacto brutal sobre el sector».

En el caso de Alemania, el Consejo General ha aprobado dos paquetes legislativos. Por un lado, la Ley de ayuda hospitalaria Covid-19, con la que pretenden compensar las consecuencias económicas de los hospitales y los médicos contratados. Por otro lado, la Ley para la protección de la población en una situación de epidemia de importancia nacional, para mejorar la capacidad de respuesta de cara a futuras epidemias y olas pandémicas. Ambas iniciativas han sido coordinadas por el Gobierno federal.

Por su parte, Francia ha apoyado económicamente a todos los establecimientos de salud del sector tanto público como privado. El día 10 de cada mes, el seguro social ingresa a las empresas privadas de salud un porcentaje de lo facturado en el mismo periodo del año anterior. Además, Francia abona una tarifa adicional por cada paciente hospitalizado con Covid-19. Este sistema de pagos sobre los ingresos del año anterior también se aplica a los salarios de los médicos privados, dado que, de cara a que se produzca una segunda ola de la pandemia, el objetivo es contar con toda la fuerza laboral con apoyo financiero público.

En Reino Unido, el Ejecutivo tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación en lo que respecta al sector de la salud y la asistencia social. Gracias a esta norma, se ha otorgado a la sanidad privada financiación adicional para cubrir los costos adicionales provocados por la respuesta al coronavirus y sentó, de esta forma, las bases de la colaboración público-privada y acordó que los recursos adicionales que requiera su sistema nacional de salud serían entregados y compensados de manera inmediata.

Mientras en España la legislación varía de comunidad en comunidad y no existe unanimidad a la hora de fijar criterios ni de salud ni económicos, la población reclama una mayor cooperación público-privada. Según la Encuesta de percepción sobre la aportación de la sanidad privada, elaborada por la Fundación Idis, un 56,6% de los españoles cree que el nivel de colaboración sanidad pública-privada debería aumentar y un 61% considera la sanidad privada, donde trabajan unos 260.000 profesionales, una importante fuente de creación de empleo.

Sin embargo, la realidad es bien distinta. Cerca de 60.000 profesionales y unos 2.400 centros de salud privados agonizan entre 17 burocracias distintas justo cuando el país más necesita una atención sanitaria asequible y de calidad. Tras el estado de alarma, el Gobierno volvió a transferir a las comunidades autónomas las competencias en materia de regulación de la colaboración entre la sanidad pública y privada, por lo que, de esta forma, el impacto en la facturación varía en función de cada comunidad autónoma.

Así, Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias son las que han sufrido un mayor descenso, mientras que Madrid, Castilla y León y Cataluña han sido las zonas que se han visto menos afectadas. Los centros sin internamiento han descendido su facturación más de un 85% de media y los centros hospitalarios más de un 60% respecto al periodo anterior a la pandemia.

Esta falta de homogeneidad hace prácticamente imposible la planificación y optimización de recursos para luchar contra la pandemia y para garantizar la rentabilidad de un sector que supone el 3,4% del PIB nacional y emplea a 266.000 profesionales de alto valor, tal y como explican desde el sector privado. Carlos Rus muestra su preocupación ante la posibilidad de que haya un rebrote sin que esté solucionada con el Gobierno la situación económica actual, puesto que «el impacto ha sido brutal».

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