Luis S, es padre de cuatro hijos, vive en Arroyo de la Encomienda, una localidad anexa a Valladolid y su hija mayor empieza el curso en el instituto de la localidad. En una circular el centro reconoce que no puede mantener las distancias de seguridad por la imposibilidad de cumplir las ratios en todos los grupos. “Si no se cumple las mínimas condiciones de la Junta, cómo quieren que enviemos a nuestros hijos. Nuestra hija no va a ir, ni de coña”, asegura.
Una de las razones que argumenta, además del reconocimiento de la inseguridad del centro, es que uno de sus hijos pequeños tiene asma y que viven con ellos los abuelos que son grupo de riesgo. Su demanda es que se facilite la educación online. “En tanto que no se clarifique la situación sanitaria del país, queremos poder tener la posibilidad de educar online”, explica. "Los estamos mandando a un 'infectadero'", concluye.
La obligatoriedad legal de escolarizar a los hijos entre 6 y 16 años choca con los temores de padres que han manifestado su negativa a llevar a los hijos a los centros educativos durante la pandemia de la Covid-19. “No tengo miedo a sanciones, tengo argumentos y razones. Lo que pedimos es alternativas, para hacer las cosas más razonables”, asegura este padre insumiso.
Inmaculada Marín, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familias (AEAFA) considera que los argumentos de los padres insumisos tiene base para poder mantener su negativa a la escolarización bajo las circunstancias actuales. “Penalmente es improbable que se pueda castigar, porque sí hay una justificación, hay una excusa de la defensa de la salud y seguridad de tu hijo y es una obligación de los padres por su deber de patria potestad sobre ellos”, asegura Marín que reconoce haber recibido varias consultas de padres insumisos.
“Si es por capricho, el hijo no tiene patologías previas o no hay en la familia alguien con patologías o miembros mayores a los que se pueda poner en riesgo la salud, parece que no hay proporcionalidad sobre dejar al niño sin escolarizar”, matiza esta experta.
La recomendación de esta abogada es que aquellos padres que no quieran mandar a sus hijos a la escuela, que se dirijan a las autoridades y les indiquen que “quieren tenerlos escolarizados en casa, que no dejen de hacerlo, porque sino su hijo no va a recibir educación por ningún medio”. Si no hacen esto desatenderían sus obligaciones como padres.
Acogerse al miedo o la incertidumbre de la situación por la alta incidencia del virus alta del virus no es un argumento sólido para no escolarizar a los menores. “Entiendo que no, no se puede acoger a una causa tan generalizada, hay que centrarse en el caso concreto de tu hijo o las razones concretas del centro, porque no está cumpliendo los protocolos, no tienen salas acondicionadas, o no se ha garantizado la seguridad ”.
En este línea la Asociación Española de Abogados de Familia recuerda que en supuestos de judicialización, “se deberá ponderar por el Tribunal para cada niño concreto qué derecho debe prevalecer, el de su escolarización o el de su salud y la de su entorno familiar. En caso de que los progenitores prioricen ante todo la salud de su hijo, que no admite discusión en contra, en supuestos de situación de riesgo aumentado por sus patologías previas, o por patologías previas de convivientes en la unidad familiar, lo racional es que no se penalice a los progenitores”.
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