Tres días antes de que se levantara el estado de alarma, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) lanzó una alerta tras detectarse en el mercado europeo que una remesa de mascarillas de protección y de batas y gorros quirúrgicos estaba avalada por un certificado de marcado CE falso. No era la única irregularidad que presentaban esos lotes. Los productos tampoco aportaban información alguna sobre el fabricante.

Como éste, la AEMPS ha lanzado en los últimos cuatro meses otros 90 avisos (75 de productos sanitarios y 16 sobre test de diagnóstico), de los que 57 eran por falsear los títulos que amparan el cumplimiento de la regulación y que su uso es seguro. Se trata mayoritariamente de mascarillas, batas y guantes, aunque también se han registrado alertas sobre paños quirúrgicos, gorros, tiritas, termómetros, pulsioxímetros, artículos para anestesia y cuidados intensivos.

El 26 de marzo, cuando la pandemia estaba a punto de alcanzar sus cotas más altas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconocía en el Congreso de los Diputados: "El mercado está loco". Tuvo que hacerlo tras una compra fallida de test rápidos que, sin embargo, no sería la última polémica. Poco después saldría a la luz que una gran partida de mascarillas defectuosas había estado siendo utilizada por personal sanitario.

Seis meses después, los productos que no cumplen la legislación siguen creciendo, según pone de relieve el listado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios actualizó por última vez el pasado 24 de septiembre. La entidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, reconoce que la emergencia sanitaria ha hecho aumentar "de manera importante el riesgo de que se introduzcan en el mercado” productos sanitarios relacionados con la prevención y el tratamiento de la covid-19 y que "pueden suponer un riesgo de salud pública".

China, a la cabeza

No sólo se han detectado anomalías administrativas. También se ha constatado un caso en el que se apreció un defecto de degradación que podía entrañar un riesgo potencial de infección o exposición cruzada a fluidos corporales. Se trataba, en concreto, de varios lotes de guantes de latex quirúrgicos del fabricante estadounidense Cardinal Health que se habían distribuido entre junio de 2019 y julio de 2020. A principios de agosto pasado fueron retirados voluntariamente los que quedaban aún en el mercado.

China es, con diferencia, el país de procedencia de más productos ilegales. En él se fabricaron 10 de los 16 test de diagnósticos detectados y 34 de los 75 lotes de productos sanitarios. Por cantidad, figuran 13 productos sanitarios de los que no se conoce el origen y también hay cuatro fabricantes alemanes y tres de Turquía, Polonia o Tailandia.

El 62 % de los avisos era porque los productos presentaban un certificado CE falso

Las causas de que no hayan pasado el control sanitario es, en su mayoría, que tienen un marcado CE es falso. Ese distintivo es el que declara que el producto cumple los requisitos de seguridad, eficacia y calidad establecidos. En otros casos, el problema es que no aparecen en el etiquetado informaciones obligatorias como el nombre del fabricante o su dirección. En el caso de los test, la mayoría se denuncia por no cumplir con los criterios de sensibilidad anunciados.

Que se haya lanzado la alerta no implica que los productos hayan llegado a comercializarse en España. La AEMPS ha confirmado a El Independiente que estas alertas son fruto de la colaboración internacional y entre comunidades autónomas y que "en muchos casos se desconoce si realmente todos esos productos se han comercializado en nuestro país pero al ser éste un mercado comunitario podrían estar". Añade que algunos "son detectados en la aduanas durante la Inspección farmacéutica y son devueltos a origen". Desde Sanidad tampoco tienen datos procedentes de las incautaciones de estos productos.

Facua pide más inspectores

Para Facua-Consumidores en Acción, es fundamental "aumentar el cuerpo de inspectores" en toda España a fin de garantizar la retirada del mercado de los productos que no cumplen con la regulación y que las administraciones sean "proactivas" en la difusión de la información para que llegue al potencial cliente y no lleguen a utilizarse.

"Retirar un fármaco que se vende en canales oficiales es fácil y las farmacias lo hacen de inmediato, pero cuando se trata de productos que se pueden vender en cualquier tipo de establecimiento es complicadísimo que los minoristas se lleguen a enterar. Los inspectores no dan abasto", razona Rubén Sánchez, portavoz de Facua.