La Comunidad de Madrid presentará mañana un recurso ante la Audiencia Nacional contra las restricciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso también solicitará medidas cautelares, con las que persigue paralizar -o al menos retrasar- las restricciones decididas por el Gobierno central.

La presidenta regional aseguró esta misma mañana que pensaba acatar la orden del Ministerio de Sanidad publicada en el Boletín Oficial del Estado con los términos de la propuesta que se aprobó ayer en el Consejo Interterritorial de Salud. Eso sí, aseguró que considera el plan del minisitro de Sanidad, Salvador Illa, una «imposición» sin validez legal por parte de Moncloa.

«Madrid no está en rebeldía. Cumpliré las medidas de manera estricta (…) Voy a acatar las normas y a cumplir las leyes», anunciaba Ayuso en la cámara madrileña, tras insistir en que no desistirá en su intención de revocar la norma recurriendo en los tribunales y, como ya hizo durante la desescalada, llevará al Gobierno ante la Justicia.

Sin embargo, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), ha expresado su disconformidad con esta decisión a través de un tuit: "Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas".

Recuerda además que Ciudadanos lleva meses "pidiendo unos criterios claros y únicos en toda España para hacer frente a la pandemia" y añade que "el Gobierno ha llegado tarde, pero al fin reconoce que es la única salida.

El Ministerio de Sanidad y una mayoría de comunidades autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles 9 medidas para controlar la expansión de la covid que son de obligado cumplimiento.

Estas medidas restringen las entradas y salidas en municipios de más de 100.000 habitantes con mayor incidencia de contagios, donde además habrá mayores reducciones de aforos y de horarios en establecimientos hosteleros y comerciales.

Los criterios para aplicar son: superar la tasa de 500 contagios de coronavirus por 100.000 habitantes en 14 días, tener un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 % y una ocupación de camas en UCI por pacientes COVID superior al 35 %

Escudo legal

En teoría, el Gobierno se ha armado legalmente para obligar a la Comunidad de Madrid y al resto de comunidades autónomas al cumplimiento de la orden ministerial de aislamiento contra el coronavirus aunque votaran en contra de ésta.

Inmediatamente después de su publicación se plantearon dudas, incluso entre los expertos en Derecho Público, sobre si el documento tenía efectos ejecutivos, es decir, si las medidas que restringen la entrada y salida de personas a las ciudades a las que afecta (entre ellas la capital de España) deben cumplirse a partir de la noche del viernes o no.

Tanto el Tribunal Supremo en una resolución de este jueves como expertos consultados por El Independiente concluyen que sí. No es necesaria la publicación de una orden posterior del Ministerio de Sanidad que obligue a las comunidades autónomas a aplicar las medidas restrictivas resultantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.