La Organización Médica Colegial (OMC) considera que España se está "autoimponiendo trabas" al no vacunar frente al Covid con Astrazeneca a personas entre 55 y 65 años. El fármaco se pone en España solo entre los 18 y los 55 años pese al posicionamiento de la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud.

La falta de estudios amplios en población a partir de esa edad hizo inicialmente que varios países europeos limitaran la vacunación a los 55 años. Sin embargo y con el aumento de evidencias científicas, en los últimos días Francia y Alemania han rectificado y aumentado el rango de población a inmunizar con la vacuna de Astrazeneca hasta los 65 años.

Por eso la OMC pide a España a través de un comunicado que no siga limitando su potencial de vacunación y revise la estrategia. "El ritmo de vacunación en España y otros países es muy lento, fundamentalmente por la limitación en la llegada de las vacunas, pero posiblemente también por las trabas autoimpuestas, como en este caso, movidas por un exceso de prudencia".

Para la OMC esta limitación está generando una "paradoja" que se vacunen antes docentes y policías de menos de 55 años que sus compañeros de más edad. Los médicos inciden en que el principal riesgo de administración de vacunas debe ser la edad en orden descendente, pero que por ello y para llegar cuanto antes a edades medias debe "incrementarse sustancialmente" la velocidad de vacunación.

La OMC afirma todas las vacunas deben considerarse igualmente efectivas y que si la evidencia llega a concluir que alguna es netamente superior, habría que plantearse "reorientar la compra futura hacia alguna de las alternativas, o considerar individualmente su uso diferenciado según criterio médico, pero en este momento, en plena pandemia, con una adquisición centralizada a nivel
europeo y una cobertura vacunal menor del 5%, esa consideración es completamente estéril".

Los médicos también exigen en su comunicado que se vacune por igual a sus compañeros del ámbito público y privado. Afirman que esta discriminación supone "un evidente riesgo para la ciudadanía atendida por estos profesionales".