El decreto 20/2012 que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para corregir el déficit público en julio de 2012, a los seis meses de llegar al poder, conocido por incluir la supresión de la paga ‘extra’ de los funcionarios, se ha vuelto a convertir en un boomerang para el Ejecutivo.

Con su publicación se produjo también una limpia de liberados sindicales que, entre miles de casos, provocó la vuelta a su puesto de trabajo de una empleada del Ministerio de Defensa. Su sustituta, Ana de Diego Porras, se quedó en la calle sin indemnización al tener un contrato como interina. Tras un periplo judicial que ha pasado por instancias europeas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ha reconocido el derecho a recibir una compensación económica equiparable a la de un trabajador indefinido, lo que abre la puerta a que el casi medio millón de interinos que hay en España sigan el mismo camino. Además, casi un tercio de ellos lleva más de seis años en el puesto.

Empleo quiere protección para los interinos y seguridad para las empresas

Para el sector privado, en el que están empleados 210.000 trabajadores interinos, el Ministerio de Empleo apuesta por buscar una solución que aúne, en palabras de su responsable, Fátima Báñez, “seguridad para las empresas y protección para los trabajadores”. Pero para el sector público, en el que el Estado es el patrón de otros 276.800 de estos trabajadores, el gasto que puede acarrear es otra piedra en el camino para reducir el déficit, el mismo que aquel decreto buscaba corregir. Una auténtica paradoja.

La decisión del Gobierno que puede lamentar

Tomando distancia, el 14 de julio de 2012, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el decreto con el que se perseguía equiparar los niveles de representación de los liberados sindicales en el sector público con los del privado.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ahora en funciones, afirmó en sede parlamentaria cuatro días después que, en consecuencia y para la mejor racionalización de las administraciones públicas, se reducirían en más de 6.000 los liberados sindicales en el ámbito público, con lo que tendrían que volver a su puesto de trabajo. Montoro dijo entonces que estas personas podrían seguir defendiendo los intereses de sus compañeros, “pero desde su puesto de trabajo”.  Y ese fue exactamente el caso que aborda la sentencia del TSJM que ahora da la razón a la trabajadora interina.

El TSJM dice que la reducción de liberados es una causa de despido objetivo

El fallo justifica que la causa objetiva por la que terminó el contrato y que sirve para equiparar el caso de esta trabajadora con el despido de otros indefinidos es la naturaleza “imprevisible”, en el sentido de ajena a la voluntad del empleado y del empleador, de “la entrada en vigor de una urgente reforma legislativa que cercenó drásticamente el número de liberados sindicales en el sector público”.

Alcance de la reducción de liberados

Fuentes sindicales indican asimismo que está limpia afectó especialmente a liberados sindicales del sector público. Los datos que manejan apuntan a un tercio en empresas públicas como Adif, Renfe o Aena. Las mismas fuentes admiten que es difícil cuantificar cuántos trabajadores interinos se tuvieron que volver a casa sin indemnización por la reincorporación de estos liberados a su puesto, como fue el caso de Ana Porras.

En todo caso, los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en el tercer trimestre de 2012 había en España 438.600 trabajadores interinos y que tras el decreto de julio de ese año, esta cifra bajó hasta los 377.100 en el cuarto trimestre y a 333.900 en los primeros tres meses de 2013, el nivel más bajo hasta la fecha.

En el caso del sector privado, los interinos pasaron de 208.500 personas en el tercer trimestre de 2012 a los 135.700 en los tres primeros meses de 2013, mientras que en el público la reducción fue de 230.000 a 198.300 personas, pero la caída incluso se prolongó un trimestre más, hasta los 195.400 trabajadores.

Los grupos parlamentarios se movilizan

El Ministerio de Empleo se encuentra estudiando la sentencia para valorar su alcance, pero su propia situación de interinidad le tiene atado de pies y manos. En su lugar, todos los grupos parlamentarios del Congreso han aprobado este miércoles la puesta en marcha de una mesa de diálogo y de negociación en el que participen los partidos y agentes sociales y económicos, con el fin de actualizar la legislación laboral sobre las condiciones de los trabajadores con contrato interino, ha informado Europa Press.

Los grupos parlamentarios pondrán en marcha una mesa de diálogo con los agentes sociales

El debate parlamentario ha tenido lugar después de que el grupo Unidos Podemos-En Comú-En Marea llevara a la comisión una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a modificar el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para poder igualar la indemnización para los contratos temporales a los 20 días por año trabajado que cuentan los trabajadores fijos.

Y los sindicatos toman posiciones

Fuentes del sindicato de funcionarios CSI-F han informado que desde que  se ha conocido la sentencia del TSJM han recibido multitud de consultas sobre esta cuestión y que ya hay concertada una reunión con el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados para abordar esta cuestión.

Las mismas fuentes han avanzado que el sindicato prevé plantear un cambio legal que afecte al Estatuto de los Trabajadores o al Estatuto del Empleado Público para “no saturar los juzgados de reclamaciones”.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya ha mostrado su intención de tratar las posibles modificaciones legales para acomodar la sentencia al mercado laboral español, pero ha adelantado que, en el caso del sector privado, toda decisión debe conjugar la protección de los trabajadores y la seguridad de las empresas.

Por su parte, el responsables de Relaciones Laboral es de CEOE, Jordi García Viña, ha cree que la propuesta formulada por PP y Ciudadanos en realidad “lo que está planteando es un contrato indefinido con indemnización creciente” y defiende la existencia de contratos temporales e interinos con causa justificada.