El panorama dibujado por la  investigaciones judiciales sobre la financiación ilegal del Partido Popular -el nacional y el de Madrid- es un relato que pone los pelos de punta y que justificaría que los ciudadanos negaran en las próximas elecciones sus votos a un partido que durante años y años se permitió el lujo de reprochar a su principal adversario de entonces, el PSOE, sus casos de corrupción. La desvergüenza, el abuso, el latrocinio, el descaro, el cinismo, de tantos y tantos miembros de ese partido alcanza unos niveles de putrefacción que parece muy, pero que muy difícil, que los populares, por mucho que estén dirigidos en Madrid por una persona honrada y batalladora contra la corrupción como es Cristina Cifuentes y en España por Mariano Rajoy consigan algún día sacudirse de encima esta losa que la ciudadanía tardará en olvidar y mucho más en perdonar. De tal manera que los populares acabarán siendo por mucho tiempo víctimas de sí mismos. Ellos se lo han ganado a base de bien.

Dicho esto, hay que señalar a continuación el peligro, muy cierto hoy en España, de que la reputación y la honorabilidad de los ciudadanos, especialmente de los representantes políticos pero no sólo de ellos, esté en las manos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional y no en las del juez y tampoco de los fiscales. Basta que un informe de la UCO decida concluir que una persona ha cometido un delito para que el mundo entero dé por hecho que el tal delito se ha cometido y hunda inmediatamente el prestigio del aludido.

Esto es lo que le acaba de pasar a Cristina Cifuentes, sobre la cual los agentes de la Unidad Central Operativa concluyeron que había cometido dos delitos, uno de prevaricación continuada y otro de cohecho. Y eso porque la actual presidenta de la Comunidad de Madrid presidió la mesa de contratación en la que la Asamblea de Madrid adjudicó en el año 2011 al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería de Arturo Fernández, antiguo vicepresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña, en condiciones que a la Guardia Civil le parecen sospechosas.

Cifuentes ha sido inmediatamente metida en la charca de la financiación ilegal del PP y rebozada con toda la porquería

Lo que pasa es que a los fiscales Anticorrupción  no les ha parecido que la señora Cifuentes esté incursa en ningún indicio de delito y, por lo tanto, tampoco se lo ha parecido al juez. Pero eso no importa. La señora Cifuentes ha sido inmediatamente metida en la charca de la financiación ilegal del PP y rebozada con toda la porquería que conlleva ese asunto. Todo ello adobado con el recordatorio de su rotundo compromiso formulado cientos de veces en público de estar dispuesta a expulsar de su lado a todo aquel que esté involucrado en actividades fraudulentas. Y eso no para subrayar su honradez sino justamente para lo contrario: para insinuar la hipocresía de una mujer que por delante se muestra como un paradigma de la limpieza de actuación mientras por detrás manipulaba para conceder la adjudicación del servicio de comedor y cafetería de  la Asamblea de Madrid al empresario que bajo cuerda contribuía a la financiación ilegal del PP.

La señora Cifuentes tiene la desgracia pero también la suerte de ser una persona pública y de disponer de un poder nada desdeñable en estas circunstancias, que es el de estar en condiciones de convocar a los medios de  comunicación para desmentir las acusaciones de las que ha sido víctima y también para proporcionar a los periodistas documentación que ratifica sus afirmaciones. Y ni siquiera eso la ha librado de ser difamada por algunos portavoces de los grupos políticos que no han dudado en sumarla a la cuerda de delincuentes que, esto sí es verdad,  han poblado las filas de su partido y de cuyos desmanes tenemos ahora abundantes pruebas. Pero hay muchas otras víctimas de esta anomalía que no tienen la capacidad de la presidenta madrileña para defender su honorabilidad y cuyas vidas quedan definitivamente reventadas por esta especia de populismo punitivo que se está instalando en nuestro país y que hay que atajar enseguida.

En este estado policial, la presunción de inocencia ha sido sustituida por la presunción de culpabilidad

Pero lo que acaba de suceder con Cristina Cifuentes no es tolerable porque nos coloca en la frontera de un estado policial donde la presunción de inocencia ha sido sustituida por la presunción de culpabilidad y donde cualquiera se puede ver obligado a demostrar que no es un delincuente porque sobre él se haya cernido una sospecha. Por eso tiene todo el sentido que se reclame a las fuerzas y cuerpos de seguridad especializadas en las investigaciones judiciales se abstengan de calificar jurídicamente los comportamientos considerados sospechosos por sus agentes.

Esa es una responsabilidad de los fiscales y en última instancia del juez instructor del caso, no de la policía, cuyo trabajo de investigación es muy valioso pero que está obligado a tener en cuenta los límites dentro de los que se debe desarrollar. Y también compete a la fiscalía contener el trabajo investigador de la policía en sus justos términos. No es admisible echar por el suelo gratuitamente y a base de conjeturas y suposiciones no fundadas la reputación de un ciudadano, sea éste quien sea. No podemos consentir que nuestro Estado de Derecho se acabe convirtiendo en un estado policial. Los tribunales, y nadie más que los tribunales, son los que tienen la potestad y  la responsabilidad de establecer quién es culpable y quién inocente. Todo lo demás es embarrar irremisiblemente un campo en el que jugamos todos.