La Comisión Interterritorial de Asuntos Sociales se iba a reunir hoy con un único punto en el orden del día, esto es, el reparto del 0,7 por ciento del IRPF a las ONGs, pero finalmente las comunidades autónomas han obligado al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a abrir un debate que éste prefería abordar en el mes de septiembre con un plan específico sobre la mesa referido a la situación de las residencias de ancianos y la necesidad de repensar el modelo futuro.

Lo consejeros autonómicos de Políticas Sociales y de Sanidad quieren adelantarse al escenario de nuevos brotes de la pandemia en estos centros, donde el contagio se ha cebado de una manera cruel. Y al margen de que la competencia, efectivamente, es autonómica, quieren un protocolo de actuación y una acción coordinada con el departamento de Iglesias para evitar, en la medida de lo posible, que se reproduzca la situación de estos meses atrás. Para ello se plantea la creación de un grupo de trabajo donde estarán representados los territorios y el sector.

Iglesias se ha avenido a hablar del asunto aunque, todavía, sin un plan específico que pretendía tener cerrado para la vuelta de vacaciones. Antes de que estallara la pandemia había propuesto, entre los objetivos de su departamento, promover un programa de acreditación de calidad de las residencias de mayores, incrementando la inspección, pero poco más.

Tras el estallido del Covid-19, la idea de Iglesias era esperar a las conclusiones de la comisión de reconstrucción y aprovechar las aportaciones que han venido haciendo distintas instituciones, como el Defensor del Pueblo, el Sindic de Greuges de Cataluña y organizaciones de atención geriátrica para hacer "un borrador con un planteamiento de fondo a debatir con las comunidades", explican fuentes de la vicepresidencia, pero todo ello con el "horizonte de septiembre".

De hecho, el vicepresidente tenía el "nihil obstat" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Esto hay que presentarlo", le trasladó Sánchez, aunque "el Ingreso Mínimo Vital y la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia nos ha dejado tiempo material para abordarlo ahora". Además, entienden que las Comunidades autónomas "también deben hacer su propia reflexión" sobre lo ocurrido en una materia de su competencia, porque ya no se trata tanto, que también, de cómo actuar de cara a posibles rebrotes del contagio sino si es necesario repensar el actual modelo residencial.

Reyero, enfrentado con sus socios del PP, acudirá en representación de Madrid

Podemos ha sido hipercrítrica con la privatización de este servicio, que en territorios como Madrid alcanza casi al 90 por ciento de las residencias de ancianos, y no le haría ascos a revertir esa situación. Asimismo, Iglesias ha protagonizado enconados enfrentamientos con la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso cuya gestión de las residencias ha calificado de "escandalosa" al conocerse el contenido de un protocolo que recomendaba no derivar ancianos a los centros hospitalarios.

La pandemia ha abierto el debate sobre la medicalización de estos centros, la profesionalización de sus trabajadores, la precariedad laboral y la falta de inspección. Entre medias, qué duda cabe, habrá muchos reproches de a quién corresponde la responsabilidad de que muchos ancianos no se derivaran a hospitales, si es cierto que se desoyeron las llamadas de auxilio de los responsables de las residencias y si Iglesias debería haber hecho más teniendo en cuenta que el estado de alarma le podría haber dado cobertura legal para asumir la gestión, al menos, temporalmente.

La pelea de Madrid

La cita de este jueves es telemática y por la Comunidad de Madrid estará presente el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, el "naranja" Alberto Reyero, a quien se le arrebató la competencia de las residencias de ancianos para dársela al de Sanidad, el popular Enrique Ruiz Escudero. Desde entonces han tenido una guerra encarnizada y Reyero, convertido en una especie de verso libre, ha revelado el contenido de mensajes con Ruiz Escudero y hasta escrito una carta a Aministía Internacional denunciando que la Comunidad no se estaba implicando en este dramático asunto.

Por su parte, en el entorno de Díaz Ayuso le acusan de una "nefasta gestión". "Nunca fue a una residencia en su mandato. No sabía lo que ocurría. Se le quitaron las competencias porque eso era un horror", afirman.