El Gobierno vasco reconoce que pese al final de la violencia de ETA, que pronto cumplirá una década, aún restan demasiados ámbitos por avanzar para alcanzar una convivencia consolidada en Euskadi. En su diagnóstico de situación destaca como una de las grandes asignaturas pendientes el tratamiento a las víctimas del terrorismo etarra y de otras formas de violencia vividas en el País Vasco en las últimas décadas, “la deuda contraída con las víctimas está aún lejos de ser saldada”, reconoce.

Así lo detalla en el Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad 2021-2024 presentado hoy. El documento, que continua la senda marcada por los planes de actuación iniciados en 2013 por los distintos gobiernos, incluye además la necesidad de un cambio de la política penitenciaria como necesidad imprescindible para asentar una convivencia, así como dar nuevos pasos para la construcción de una memoria crítica socialmente compartida de lo ocurrido en el pasado.

El plan de actuación para esta legislatura establece como prioridades lograr un reconocimiento institucional y social “de todas las víctimas de vulneración de derechos humanos”. Señala que la mirada de las víctimas, tanto las de ETA como las producidas por excesos policiales o por la acción de organizaciones terroristas de extrema derecha o vinculadas a aparatos del Estado, deben estar en el centro de las acciones y planes de convivencia que se pongan en marcha en los próximos años. “Su mirada ha de ser la nuestra”, apunta el documento presentado hoy por la consejera de Justicia, Igualdad y Acción Social, Beatriz Artolazabal.

Tanto el reconocimiento justo de las víctimas como la ausencia aún de una memoria crítica y la “normalización” de la política penitenciaria para “deconstruir” su carácter de excepcionalidad, “son cuestiones aún sin cerrar”. A lo largo del plan se constata que aún es necesario en Euskadi “crear y potenciar elementos que minimicen o eliminen la dinámica de confrontación identitaria”. Sobre las víctimas, se apela a impulsar un reconocimiento mayor para todas ellas y a hacerlo “sin equiparaciones, sin compensaciones y sin exclusiones”. Se señala que de modo particular habrá que dar pasos hacia un “impulso” del reconocimiento de las víctimas provocadas por excesos policiales, “las víctimas por motivación política”. El Gobierno vasco cuenta con una ley específica para este colectivo y cuyos procesos de reconocimiento ya están en marcha.

Una "memoria de memorias"

Se establece como un “imperativo” para alcanzar una convivencia social suficiente la extensión de una “reflexión autocrítica”. En este sentido, se destaca que la violencia ejercida por ETA en ningún caso se puede justificar en una suerte de “causa natural del conflicto político” sino que fue fruto de una “sinrazón” y una decisión “voluntaria y consciente” de quienes la ejercieron.

En este contexto, sitúa como uno de los grandes retos seguir dando pasos hacia la construcción de “una memoria de memorias” que sea inclusiva, abierta y empática, “que incluya todas las miradas” sobre lo sucedido durante décadas de violencia en el País Vasco: “Y todas las experiencias, todos los hechos por muy duros que estos sean”. Se añade que esa memoria debe incluir “el sufrimiento de los míos y también de los otros”.  

Se llama a “mirar el pasado” para construir el futuro pero no con “voluntad de justificar, de legitimar nuestras propias posiciones”: “La memoria no ha de ser un arma arrojadiza y de división, sino un instrumento de cohesión”.

En el plan que se aplicará durante los próximos tres años la política penitenciaria se convierte en un elemento clave. El pasado 10 de mayo el Gobierno vasco firmó la transferencia de gestión de las tres cárceles vascas. No será hasta el 1 de octubre cuando la Administración vasca ejerza de facto esta materia. El Plan de Convivencia 2021-2024 arremete contra la política de dispersión que se aplicó a los presos de ETA desde 1989. Destaca que se concibió como “una pieza más de la lucha antiterrorista”.

Los 'Ongi etorri', exaltar la violencia

Recuerda que los presos deben mantener sus derechos y entre ellos figura el de cumplir su pena cerca de su lugar de origen o residencia. El plan que quiere aplicar el Ejecutivo de Iñigo Urkullu pasaría por “deconstruir” lo realizado hasta ahora por Instituciones Penitenciarias, “el corpus penal, procesal y penitenciario de excepción”, apunta. Cree que ha llegado el momento de reorientar las políticas penitenciarias hacia un modelo con principios de proporcionalidad, humanidad y resocialización. Entre las acciones que se proponen figura la aplicación de medidas penitenciarias “humanitarias” a los presos con más de 70 años, a reclusos con hijos a su cargo y a aquellos que se encuentren gravemente enfermos.

La propuesta de convivencia también recuerda al entorno afín a la izquierda abertzale que “normalizar” el modelo penitenciario debe ir acompañado de una erradicación de gestos y actitudes como los ‘Ongi etorri’ a los presos de ETA a su salida de la cárcel. Asegura que este tipo de recibimientos públicos suponen “una exaltación simbólica de la cultura política de la violencia y una revictimización de las víctimas”.

La necesidad de crear espacios comunes de encuentro es otra de las vías que se quiere explorar los próximos años. Se considera conveniente recuperar iniciativas promovidas en el pasado y actualmente en desuso, como los encuentros entre víctimas y victimarios. Con el fin de favorecer la convivencia en la sociedad vasca se cree que retomar este tipo de “encuentros restaurativos” llevados a caobo en el pasado puede ser una opción. También se apuesta por retomar diálogos entre víctimas de ETA y de otras violencias ejercidas en el pasado. Al mismo tiempo, se apuesta por continuar promoviendo los testimonios de las víctimas y reforzar “su resonancia”