La tensión entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía española por quedarse con el control de la investigación del contrato de provisión de mascarillas firmado entre la Comunidad de Madrid y una empresa vinculada al hermano de la presidenta de dicha comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aumenta. La fiscal general europea, Laura Codruta Kovesi, ha emitido un comunicado este miércoles en el que afirma que "ha tomado nota de la decisión de 28 de marzo de 2022 de la Fiscalía General del Estado de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea considera que esta decisión no se ajusta a la legislación de la UE y continuará su investigación".
De esta manera, reprocha a Dolores Delgado que convocara este lunes a la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano asesor del Ministerio Público, para decidir sobre la cuestión de competencias que planteó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien considera que la Fiscalía Europea no puede llevarse la parte de la investigación que afecta a supuestos delitos de corrupción que hubieran sido cometidos en España alegando que ha abierto una investigación por supuesta malversación de fondos comunitarios. Una malversación de la que él, por cierto, no ve indicios. La treintena de fiscales de Sala que abordaron el asunto con la fiscal general respaldaron la tesis de Luzón.
Para la Fiscalía Europea, "la decisión sobre un conflicto de competencias entre un organismo nacional y un organismo europeo ha sido tomada por el Fiscal General del Estado, que es el superior jerárquico del organismo nacional y, por tanto, parcial en el procedimiento en curso. Además, la decisión se ha tomado sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencia durante la reunión de los Fiscales de Sala".
El organismo independiente de la Union Europea considera que "la ley española que regula este procedimiento, que se refiere a la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, no prevé recurso alguno".
Por ello, indica que "esto impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación del derecho de la UE y, por lo tanto, constituye un desafío a la supremacía del derecho de la UE".
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