La decisión de la Fiscalía Europea de investigar la adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid de un contrato de provisión de mascarillas a la empresa de un amigo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que el hermano de ésta habría intervenido, cobrando 186.000 euros, ha sido calificada en la Fiscalía Anticorrupción de "decisión sorprendente".

Fuentes del departamento contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada consultadas por El Independiente explican que la representante de la Fiscalía Europea y exfiscal Anticorrupción conocida por el caso Gürtel, Concepción Sabadell, reclamó este mes las diligencias abiertas por el fiscal Alejandro Luzón alrededor de la adjudicación de dicho contrato de urgencia a Priviet Sportive SL, empresa de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de Ayuso y su hermano, para investigar un supuesto delito de malversación de fondos comunitarios, concretamente fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Ayuso tuvo que dar explicaciones públicas por dicho contrato en el que el propio presidente de su partido, Pablo Casado, vio posibles irregularidades, según afirmó públicamente después de que la presidenta madrileña denunciara que tanto él como el secretario general de su partido, Teodoro García Egea, habían buscado a un detective para averiguar los pormenores de la adjudicación después de recibir un anónimo de denuncia. Los hechos provocaron una guerra interna en el Partido Popular que ha acabado con Casado y García Egea defenestrados.

La presidenta madrileña defendió que la participación de su hermano en la operación para adjudicar el contrato por 1,5 millones de euros a Priviet Sportive no fue de intermediación. Es decir, que no cobró una comisión, sino que realizó gestiones como en tantos otros contratos del ámbito sanitario en los que ha participado desde hace dos décadas porque esa es su dedicación.

Los partidos políticos PSOE, Más Madrid y Podemos presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de corrupción alrededor de dicho contrato y el fiscal jefe Alejandro Luzón abrió unas diligencias de investigación con un decreto en el que descartó "indicios razonablemente verosímiles" contra Ayuso.

Decisión sin precedentes

Ahora, la Fiscalía Europea -institución en funcionamiento desde junio del año pasado- ha abierto su propia investigación al ver posible malversación de fondos europeos en la operación. Para ello, ha reclamado al fiscal Alejandro Luzón toda la documentación de sus diligencias.

El fiscal jefe Anticorrupción considera que no debe entregarle la investigación relativa a presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios o cohecho cometidos en la Comunidad de Madrid, pero la representante de la Fiscalía Europea Sabadell alega que los hechos son "indisociables" y quiere quedarse con toda la investigación. Luzón ha planteado un conflicto de competencias que dirimirá este lunes la fiscal general Dolores Delgado después de reunir a la Junta de fiscales de Sala, el órgano asesor de máxima relevancia de la carrera fiscal.

En manos de Delgado sólo está la decisión de entregar a Sabadell toda la investigación o la parte de la posible malversación que ve la Fiscalía Europea

Sin embargo, en manos de Delgado sólo está la decisión de entregar a Sabadell toda la investigación o sólo la parte de la posible malversación -como ocurrirá- pues la Fiscalía General no tiene capacidad de "revisar la capacidad de la Fiscalía Europea para abrir procedimientos sobre fondos de la Unión Europea".

Fuentes fiscales explican a este diario que la decisión, sin precedentes, es equivalente a la apertura de una "instrucción judicial", aún sin saber hacia quién estaría dirigida. Ahora, la acusación tiene que pasar el filtro de un juez de garantías, que será uno de los jueces de la Audiencia Nacional aún pendiente de designación. En caso de que dicho juez considere que debe dejar continuar la investigación de la Fiscalía Europea, la decisión podría ser recurrible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Reacción de la CAM

La presidenta madrileña ha reaccionado a la noticia de la apertura de la investigación de la Fiscalía Europea afirmando que "sólo falta la ONU" para fiscalizar su contrato.

Fuentes de la Comunidad de Madrid consideran que la reclamación de la información de Sabadell a Luzón "es una acción con nula repercusión judicial, que desde luego no cuestiona la legalidad del contrato". Tras ella ven un "un intento de alargar el asunto en los medios de comunicación".