El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha derribado de forma cautelar el conocido como decreto Colau, que pretendía poner coto a las licencias VTC con las que trabajan Uber y Cabify en las calles de Barcelona.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó esta misma semana un escrito de impugnación que ha recibido la luz verde del tribunal catalán, poniendo así en serio peligro la decisión del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobando una normativa que exige a los vehículos con licencia VTC un permiso adicional que debe conceder ese organismo.
Según publica El Confidencial, el TSJC ha argumentado que el AMB no tiene las competencias suficientes para pedir a los vehículos VTC otra licencia extra, alegando que dicha responsabilidad pertenece únicamente al Estado, el Ministerio de Fomento y, de forma última, a las Comunidades Autónomas.
"El Reglamento ha establecido, para poder operar en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), una autorización municipal adicional a la de ámbito nacional prevista por la normativa estatal. Dicha autorización se establece sin cobertura legal alguna y priva de eficacia las autorizaciones de ámbito nacional", recoge la sentencia publicada por dicho diario. "No puede dejar de insistirse, por lo grueso del problema, en que la AMB no tiene competencia para regular la actividad de las VTC", termina el escrito.
EL TSJC hace referencia a la ausencia de competencia que se produciría en las calles de Barcelona de implantarse el decreto Colau, que provocaría que la flota de Cabify y Uber se redujera en un 66% y provocaría el despido de unos 1.300 conductores que ahora trabajan para alguna de las dos plataformas.
Ambas partes, Competencia y el AMB, han sido citados el próximo 26 de julio para acercar posturas ante la Justicia, un encuentro en el que el TSJC tendrá que decidir la hoja de ruta a seguir.
El texto se aprobó el pasado 26 de junio, con los apoyos vitales de los grupos de gobierno metropolitano de PSC, ERC, PDeCat, CUP y, por supuesto, el del que encabeza la alcaldesa Ada Colau. PP y Ciudadanos tampoco se opusieron y se limitaron a ponerse del lado de la abstención.
Huelga de taxis
Los grandes perjudicados de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son los taxistas, que habían recibido la aprobación del decreto Colau con satisfacción.
Élite Taxi, una de las mayores agrupaciones del sector y una de las más movilizadas, ya ha llamado a los taxistas a salir a la calle el próximo 25 de julio para parar el centro de Barcelona en protesta por la congelación, si bien provisional, de esta normativa.
Precisamente los representantes de Élite Taxi han mantenido este jueves una reunión con el portavoz de Fomento en el Congreso de los Diputados, César Ramos Esteban, un encuentro que han calificado como "con clima tenso" por la "falta de rigor y compromiso con lo prometido en conversaciones anteriores".
Los taxistas han criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, y sobre todo al departamento que comanda José Luis Ábalos, y le piden que acaten la decisión del Tribunal Supremo de respetar la cuota de una licencia VTC por cada 30 de taxis y no "pongan palos en la rueda a su consecución real".
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