La Comisión Europea (CE) criticó este martes que España no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción originalmente prevista para 2024, aunque reconoció que el país ha hecho algunos avances en la lucha contra la corrupción de alto nivel al reducir la duración de estas investigaciones.

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Aumentar los esfuerzos para "abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y la fase de instrucción" para "aumentar la eficiencia en la gestión de los casos de corrupción de alto nivel" es una de las principales recomendaciones de la Comisión Europea a España en el informe del Estado de derecho de 2025, publicado este martes.

En plena crisis en el PSOE por la implicación y el envío a prisión del ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, por su supuesta implicación en el caso Koldo, la Comisión Europea señala que "aún no ha empezado el trabajo" en una estrategia nacional anticorrupción que la ley para proteger a denunciantes de corrupción requería para septiembre de 2024.

Reforzar la figura del fiscal general

La Comisión Europea recomendó a España seguir trabajando para reforzar la figura del fiscal general y se hizo eco de la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos, así como de las protestas de jueces y fiscales.

Las recomendaciones del informe anual sobre el Estado de Derecho que Bruselas publicado hoy piden "continuar los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía".

Por otra parte, el documento recuerda que el fiscal general del Estado "se encuentra en proceso judicial" dado que un juez de instrucción del Tribunal Supremo "solicitó su procesamiento" después de ser acusado de "presunta filtración de información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal" y que García Ortiz ha presentado un recurso de apelación.

El informe cita también las protestas de jueces y fiscales que "reflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial", según el Ejecutivo comunitario.

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