Montero prevé presentar su propuesta de financiación para todas las CCAA antes de la campaña andaluza

María Jesús Montero pretende cerrar varias carpetas antes de emprender su vuelta a Andalucía como candidata socialista a la Junta. La más obvia, y próxima en el tiempo, es la de la presentación de la senda de estabilidad y los Presupuestos Generales del Estado para 2026. También el envío al Congreso del proyecto de ley de quita de la deuda. Pero con la que menos se contaba hasta ahora es la de la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica. La vicepresidenta primera del Gobierno espera poder enseñar a las comunidades cuál es su planteamiento de reforma del sistema antes de abandonar el Ministerio de Hacienda. Antes, por tanto, de que Juanma Moreno convoque formalmente las elecciones andaluzas y eso sucederá, como tarde, a primeros de abril de 2026, si es que decide apurar al máximo su mandato. La aprobación de la nueva arquitectura financiera, si es que se culmina, ya correría a cargo del sucesor de Montero en Hacienda, pero el mensaje político más relevante es que esa propuesta puede funcionar como reclamo de cara a la disputada campaña andaluza, la más decisiva de este arranque de ciclo electoral.

El actual modelo de financiación se aprobó en 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero ocupaba la Moncloa, y caducó cinco años después, en 2014. Hace más de 11 años que tendría que haber sido renovado. El Ejecutivo de Mariano Rajoy nunca llegó a presentar una nueva propuesta, y el de Pedro Sánchez, en el poder desde junio de 2018, tampoco. El obstáculo siempre ha sido el mismo: la falta de consenso entre PSOE y PP, a su vez ambos atravesados por dificultades internas porque priman los intereses territoriales a los de partido. Y esta cuestión, la del reparto de los recursos a las comunidades autónomas, las prestadoras de los grandes servicios públicos, como sanidad o educación, es altamente sensible y divisiva.

Sánchez ya prometió en la pasada legislatura la renovación del modelo. También en esta. Pero ahora está más urgido a dar algún paso al frente. Por sus compromisos de investidura y por los de Salvador Illa, que logró los votos necesarios para su elección como president de la Generalitat pactando la financiación singular para Cataluña con ERC. Y los republicanos ya han advertido de que no apoyarán los Presupuestos ni de Sánchez ni de Illa si no hay avances en esa materia, si no se cumple con lo acordado en julio de 2024.

Sánchez ya dijo el mes pasado que "ya toca" renovar el modelo, y en Hacienda reconocen que a la ministra le "gustaría irse" del cargo con una oferta sobre la mesa, aunque la tramitación parlamentaria la dirigiera su sucesor

Hasta el momento, el Gobierno daba largas, con el argumento de que el PP no tenía ninguna posición común y no aterrizaba ninguna propuesta. Pero ha decidido pasar a la ofensiva. "Ya toca" renovar el modelo, aseguraba el jefe del Ejecutivo el pasado 21 de septiembre junto a Illa en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona). No era un comentario pasajero ni trivial. Hacienda está conversando con la Generalitat y la idea de Montero, según confirman fuentes muy próximas a la vicepresidenta primera, es presentar una propuesta de financiación a los gobiernos autonómicos antes de que ella deba dejar su cargo en el Gobierno central. A la ministra, por tanto, le "gustaría irse" de Hacienda con una oferta sobre la mesa, aunque de la tramitación parlamentaria se encargase su sucesor.

Lo que está ultimando el Gobierno no es una primera aproximación, no son las "bases" del nuevo sistema, que fue lo que pactó con la Generalitat el pasado julio en la cumbre bilateral en el Palau. Un documento muy vago que soliviantó a ERC porque se apartaba de lo pactado un año antes con el PSC, ya que no se hablaba de cantidades concretas ni de calendarios, ni se asumía el principio de ordinalidad, sagrado para los independentistas y defendido también por la Generalitat. "Ahora no estamos en declaraciones, estamos en los números, en los flujos del dinero", en cómo aterrizar el nuevo modelo, señalan en Hacienda. Fuentes próximas a Montero indican que se trataría de una modificación completa de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que afectaría no solo a Cataluña, sino a todas las comunidades del régimen común —todas, menos Euskadi y Navarra—.

El ministerio trabaja ya directamente sobre los números, la arquitectura del nuevo sistema. En ningún momento hemos dicho que vayamos a aceptar el cupo catalán. Lo que hemos firmado es la financiación singular de Cataluña, y eso es otra cosa", advierten desde el entorno de Montero

En Hacienda inciden en que en ningún caso se tratará de una oferta de "cupo catalán", como en 2024 vendió ERC tras firmar su acuerdo con el PSC y como ha criticado el PP. "En ningún momento hemos dicho que vayamos a aceptar eso. Lo que hemos firmado es la financiación singular de Cataluña, y eso es otra cosa", sostienen las mismas fuentes. Montero siempre ha subrayado que la propuesta del Gobierno sería extensible a todas las CCAA, no exclusiva de la Generalitat, y que no supondrá sacar a Cataluña del régimen común.

300.000 millones de euros más que Rajoy

El pacto que firmaron los dos gobiernos en julio habla, de hecho, de un modelo singular pero "generalizable", sustentado en una serie de principios básicos: cada comunidad decidiría el nivel de autonomía en su recaudación —el Govern quiere recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar el 100% de los impuestos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC)—, luego Gobierno y comunidad determinan qué porcentaje de los tributos irá al Estado. La autonomía tendría que pagar una cantidad por los servicios del Estado que recibe y su aportación a la solidaridad interterritorial. Una vez hecha la nivelación, el reequilibrio territorial, habría una "financiación adicional" para cubrir el coste de las competencias específicas de la Generalitat —como prisiones o Mossos d'Esquadra— o de las CCAA que tengan funciones adicionales y singulares respecto al resto. Las comunidades ganarían en capacidad normativa, siempre dentro de los márgenes de la ley, y se eliminarían las entregas a cuenta. El Gobierno ha negado insistentemente que vaya a conceder "privilegios" a Cataluña. Línea de defensa no solo frente al PP, sino también frente a los gobiernos autonómicos en poder de los socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha, muy reacios al modelo pactado con la Generalitat.

El Gobierno busca ayudar a Illa, que necesita unos nuevos Presupuestos, más que Sánchez. Pero también la propuesta sirve a Montero como una potente arma de combate electoral frente a Moreno: no habrá "privilegios" para Cataluña

Sánchez, en su última ronda con los presidentes autonómicos, prometió que pondría más recursos de partida sobre la mesa. Es decir, que todas las CCAA saldrán beneficiadas. El líder socialista repite recurrentemente que, desde que llegó a la Moncloa, las comunidades han recibido 300.000 millones de euros más que cuando gobernaba Rajoy, un dinero extra que tendría que haber ido destinado a la financiación de los servicios públicos y que los gobiernos del PP, sin embargo, han destinado para "privatizarlos", para desviar recursos públicos "a cuatro grandes empresas afines y para hacer regalos fiscales a los ricos en su territorio".

Al presentar un nuevo diseño financiero, el Gobierno busca ayudar a Illa, que necesita imperiosamente unos nuevos Presupuestos (para disponer de 4.000 millones), más que Sánchez. Las intenciones de Hacienda, el dejar compuesto el cuadro del nuevo modelo antes de que Montero parta para Andalucía, traslucen una motivación adicional: que la propuesta de reforma del sistema de financiación sirvan también para impulsar la campaña socialista. Como una herramienta más de combate electoral. Como una potente arma que acompañe a la candidata Montero frente a su oponente, Juanma Moreno. El dirigente popular ha de llamar a las urnas, como tarde, a primeros de abril, para que las autonómicas se celebren en junio, si quiere agotar al máximo su mandato. La ley electoral andaluza prohíbe que los comicios se celebren en julio o en agosto. Moreno ha insistido en que no tiene ninguna intención de propiciar un adelanto para frenar el auge de Vox. Su pretensión es ubicar las urnas en junio. Asume, eso sí, que puede perder la mayoría absoluta que ahora le sostiene, sobre todo por el crecimiento de la ultraderecha, y no por el impacto del escándalo de los cribados del cáncer de mama, que cree menor. Los socialistas siguen muy debilitados en el que era su feudo histórico, aunque confían en salir del hoyo y, al menos, conseguir que Moreno pierda la absoluta y sufra el desgaste de depender de Vox.

La vicepresidenta, en los últimos meses, ha cargado duramente contra el presidente de la Junta por rechazar la quita de deuda ofrecida por el Estado, de 18.791 millones de euros —17.104 millones a Cataluña—, pese a que podría redirigir el ahorro en el pago de los intereses del pasivo al fortalecimiento de los servicios públicos, y pese a que Andalucía es la comunidad más beneficiada. Moreno advirtió de que su Ejecutivo no va a "asumir" una condonación de la deuda que es fruto de una "operación política" para que Sánchez "se mantenga en el poder".

Moreno ya dijo que no asumiría la quita de la deuda, una "operación política" para que Sánchez se mantenga en el poder. Una posición que ha denunciado Montero, por privar a los andaluces del beneficio no pagar intereses, dinero que podría destinarse a fortalecer los servicios públicos

La ministra le replicó a él y al resto de barones populares: la norma no supondrá "ningún agravio con ninguna parte del territorio" ni un "beneficio" para Cataluña. Montero siempre ha vaticinado que las CCAA del PP, aunque ahora renieguen de la quita, acabarán suscribiendo el convenio bilateral con el Estado para acogerse a ella. El texto, que llegará previsiblemente al Congreso a primeros de 2026, prevé la asunción, por parte del Estado, de un total de 83.252 millones de euros de deuda de las CCAA, lo que permitirá a estas reducir sus números rojos, liberará "unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del bienestar" y les permitirá ganar autonomía financiera para salir a los mercados.

El problema para el Gobierno no es el CPFF, es el Congreso

Las comunidades del PP han reclamado una reforma del modelo, y Montero respondía que la condonación de la deuda no era ningún sustitutivo, sino un elemento más que no pretendía suplir un cambio profundo del sistema. El Gobierno quiere ahora dar un empujón en un momento clave, en la antesala del arranque del nuevo ciclo electoral, que protagonizarán Castilla y León y, sobre todo, Andalucía.

El Ejecutivo espera que Asturias y Castilla-La Mancha, las otras dos CCAA del régimen común, respalden la propuesta. Pero la dificultad reside en conseguir los 176 votos de la Cámara baja. Está dispuesto a sacarlo con el bloque de investidura

Pero que la vicepresidenta presente su propuesta no quiere decir que se apruebe. El primer filtro es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne a Hacienda y a los consejeros del ramo autonómicos. Montero tiene asegurado en ese foro el ok, porque el Estado dispone del 50% de los votos, así que le basta el apoyo de Cataluña para sacarlo adelante. La previsión del Ejecutivo es que también se acaben sumando Asturias y Castilla-La Mancha, las otras dos CCAA socialistas del régimen común.

Superar el muro del Congreso es más complicado, porque el Gobierno necesita a todo el bloque de investidura, y a todo él en el sí. No valen las abstenciones, porque al tratarse de una ley orgánica se requiere mayoría absoluta (176 votos). Aun suponiendo que convenciera a ERC, Hacienda necesitaría a Junts, que hasta ahora se ha opuesto tajantemente a un sistema que no sea exclusivo para Cataluña y que no consagre una fórmula semejante a la del concierto vasco o el convenio navarro. Tampoco cabrían desmarques de algunos de los socios integrados en la mayoría, como Chunta Aragonesista o Compromís, que en el pasado ya avisaron de que no aceptarían un modelo que no resolviese la infrafinanciación de sus territorios. El Gobierno está dispuesto a aprobar la reforma del sistema solo con el respaldo del bloque de investidura, sin el PP. "Si nos lo apoyan los demás partidos, ¿por qué no vamos a sacarlo adelante?", se preguntan en Hacienda.

La vicepresidenta sacará del horno "muy pronto" la senda de estabilidad, y la llevará al Consejo de Política Fiscal, al Consejo de Ministros y luego a Congreso y Senado. Los Presupuestos llegarán a la Cámara baja antes de fin de año, según Sánchez

En cualquier caso, la presentación de la nueva arquitectura financiera tardará algo más en salir de los muros del ministerio. Lo que saldrá "muy pronto" es la senda de estabilidad. Montero prevé convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera en las próximas semanas para que le dé el visto bueno, y luego el documento pasará al Consejo de Ministros y de ahí a Congreso y Senado. Por el momento, reconoce Hacienda, los objetivos de déficit y deuda no tienen el respaldo de los grupos. Si son rechazados dos veces por las Cámaras, el Gobierno tendrá que confeccionar el proyecto de Presupuestos del Estado para 2026 con la senda anterior, que es más beneficiosa para el Ejecutivo y más restrictiva para CCAA y ayuntamientos.

#Catalunya no viu en condicions de normalitat: té un Estatut d’Autonomia escapçat, un finançament caducat, un model de recaptació fiscal obsolet i una repressió política que encara no ha acabat.

🔗 Entrevista sencera a @elperiodico_cat: https://t.co/tza64XKGP8 pic.twitter.com/2xhK3B0OFf

— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 13, 2025

Sánchez adelantó este martes en la SER que la coalición llevará al Congreso los PGE antes de que acabe el año para que arranquen una incierta y difícil tramitación parlamentaria. El Gobierno "va a sudar la camiseta" y va a intentar convencer a los grupos, pero el presidente ya ha advertido de que si fracasan las cuentas públicas, no pasará nada, no se acabará de forma abrupta la legislatura. Continuará su camino hasta 2027, en buena medida porque los actuales PGE, los prorrogados de 2023, están confeccionados por el Ejecutivo de coalición —eso sí, en la pasada legislatura, y con una composición del Gabinete distinta, ya que el socio minoritario era Unidas Podemos, y ahora es Sumar— y están permitiendo el crecimiento económico y la acomodación de los fondos europeos.

El presidente promete que sudará "la camiseta" para sacar adelante las cuentas públicas de 2026, pero también avisa de que la legislatura continuará hasta 2027, pase lo que pase

Senda, Presupuestos, quita de la deuda, financiación autonómica. Cuatro importantes hitos para Hacienda que Montero quiere dejar encarrilados antes de regresar a Andalucía. Antes de la que es, por ahora, la batalla electoral determinante de 2026.