Como si nada, o casi nada, hubiera pasado. El Gobierno entiende que las reglas de juego con Junts apenas han mudado, pese a que Carles Puigdemont proclamase el lunes desde Perpiñán (Francia), tras la reunión de su ejecutiva, el acuerdo unánime para "romper" con los socialistas, decisión que aún deberán validar sus bases este miércoles y jueves en consulta telemática. A lo largo de esta legislatura ha tenido que sudar sangre prácticamente con cada iniciativa que ha llevado al Congreso, y prevé que así seguirá siendo, porque la disposición al "diálogo", la "mano tendida", es la misma. Exactamente la misma. "La misma tónica", y así hasta 2027, hasta que el mandato de Pedro Sánchez concluya y España se dirija a unas nuevas generales.

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Ferraz y el Gobierno ya lo habían advertido el lunes, tras la comparecencia sin preguntas del expresident, pero este martes lo solemnizaron al alimón la ministra portavoz, Pilar Alegría, y el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el hombre más poderoso del equipo de Sánchez y el que singularmente lleva la interlocución con los posconvergentes para los asuntos parlamentarios. Ambos fueron preguntados una y otra vez por los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, y ambos se aferraron a la doctrina oficial. Nada cambia realmente, insistieron, pese a que Junts ha reiterado que no negociará nada más con los socialistas, aunque sí apoyará aquellas iniciativas que sean positivas para Cataluña.

El Ejecutivo seguirá "trabajando, dialogando y negociando", como ha hecho hasta ahora, "con la misma tónica", insiste Alegría. "Esa mano tendida y ese diálogo han sentado bien a nuestro país y a Cataluña, y vamos a seguir en esa dirección"

Alegría manifestó el "respeto" del Ejecutivo a los procesos internos de Junts —su consulta, en la que previsiblemente los militantes respaldarán la decisión de su jefe, Puigdemont—, y a continuación reiteró que la posición del Gobierno es de "mano tendida". Como lo ha sido siempre, subrayó. Los pactos que dependen de los socialistas se han "cumplido" y los que no dependen de ellos se trabaja para que "salgan adelante".

Y aunque la relación con Junts, como todas, tiene sus "altibajos" —el término lo había usado la víspera la vicepresidenta primera, María Jesús Montero—, la voluntad del Ejecutivo es la de seguir "trabajando, dialogando y negociando", como ha estado haciendo desde el inicio de legislatura. "Con la misma tónica", subrayó. Porque "esa mano tendida y ese diálogo han sentado bien a nuestro país y a Cataluña, y vamos a seguir trabajando en esa dirección", sostuvo la portavoz. Y ante las dificultades obvias que se presentan ahora para interlocutar con un partido que rechaza sentarse a la mesa, Alegría pidió a los informadores que no "infravaloren" la capacidad de "diálogo" de la coalición. "¿Va a ser fácil a partir de ahora? No. Pero es que ya ha habido que picar piedra en cada votación", añadían fuentes de la Moncloa.

¿Va a ser fácil a partir de ahora? No. Pero es que ya ha habido que picar piedra en cada votación", añaden fuentes de la Moncloa

El gran proyecto pendiente es el de Presupuestos Generales del Estado para 2026. La ministra no aportó fechas aún. La senda de estabilidad se llevará "en los próximos días", a primeros de noviembre, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para de ahí ser aprobada por el Consejo de Ministros y trasladada a Congreso y Senado para su debate y votación. Para los PGE no hay calendario, aunque fuentes de la Moncloa reconocen que la campaña de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre se cruza y puede hacer que la hoja de ruta se tenga que recalcular.

Sin fechas aún para los PGE

La intención del Gobierno, como ya aseguró Sánchez, sigue siendo la de llevar el proyecto de PGE a las Cámaras, algo que no había ocurrido en toda esta legislatura. Puigdemont ya dijo a los socialistas que se olviden de su apoyo para las cuentas, pero en el Ejecutivo insisten en que no hay que dar nada por perdido. Alegría se remitió a la expresión ya manida del presidente: el Gobierno "sudará la camiseta" para sacarlos adelante. Si Junts finalmente se suma al bloque de PP y Vox, los PGE decaerán y en ese momento Sánchez deberá decidir si continúa hasta el final, como ha prometido, o adelanta las generales, una posibilidad que una y otra vez niegan la Moncloa y él mismo.

Bolaños recuerda que el Congreso "nació complejo y fraccionado" en las generales de 2023, y pese a todo se han ganado el 88% de las votaciones y se han aprobado 45 iniciativas legislativas

Bolaños, a su derecha, apuntalaba la argumentación de su compañera: "Este Congreso nació complejo y fraccionado [en las elecciones generales de 2023], y responde a la pluralidad de nuestro país". Pero con él, como ha hecho el Gobierno de Sánchez desde su aterrizaje en la Moncloa en 2018, se han multiplicado los "esfuerzos" para encontrar acuerdos, armar mayorías y sacar adelante la agenda legislativa del Ejecutivo. Ahí están los números: en esta legislatura, el 88% de las votaciones se han ganado y se han aprobado 45 iniciativas legislativas, por las más de 200 del pasado mandato, cuando sí que había una mayoría progresista en la Cámara baja y el Gabinete podía disfrutar de una cierta geometría variable. La hoja de servicios, subrayó, es "más que positiva para nuestro país", visto además el desempeño de la economía española.

El ministro de la Presidencia presentaba este martes precisamente una norma de mucho peso, el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), llamada a relevar a la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de 1882. Será el texto que, de salir aprobado (y es muy improbable) revolucionará el proceso penal por completo, pues, en línea con lo que ocurre en muchos países europeos, la instrucción pasará de manos de los jueces a los fiscales. "Han tenido que pasar 12 papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que hoy [por este martes] el Consejo de Ministros apruebe la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la democracia que mejora, que agiliza, que moderniza y que europeiza nuestro proceso penal", celebró Bolaños, que insistió en que la reforma aumenta las garantías y la eficacia del proceso.

El ministro llama a los populares a avalar la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, porque emana del Pacto por la Justicia de 2001 que firmaron Zapatero y Aznar, que ya planteaba otorgar la instrucción penal a los fiscales: "Vamos a llamar a todas las puertas"

El problema es que esta norma, que ahora llega al Congreso, puede quedar paralizada, como ha ocurrido con la ley Bolaños, la ley que reforma el acceso a la carrera judicial y fiscal, bloqueada porque Junts exigía la supresión de la Audiencia Nacional y la creación del Consell de Justícia de Catalunya, peticiones a las que se negaba el ministerio. Por eso este martes el titular de Justicia llamó directamente al PP a avalar el texto. Pero los conservadores entrevén que Sánchez "quiere controlar la justicia". Lo importante, en todo caso, era la señal que lanzaba la coalición: continuar aprobando iniciativas como si nada hubiera pasado. Con la normalidad y el oficio de cualquier Ejecutivo.

Otorgar la investigación de los procesos penales a los fiscales, con el control de un juez de garantías, "no es una idea novedosa", mantuvo. Ya aparecía en el Pacto por la Justicia que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero propuso al Ejecutivo de José María Aznar en 2001, y que ambas formaciones rubricaron. Además, la redacción que ahora la Moncloa remite a las Cortes "bebe" de los borradores que elaboraron anteriores ministros, de PSOE (Fran Caamaño, en 2011) y PP (Alberto Ruiz-Gallardón, en 2013). Pero esta es la primera vez, destacó Bolaños, que un Gobierno aprueba en segunda vuelta y envía al Congreso una reforma de la LECrim que concede la instrucción al Ministerio Fiscal.

"Vamos a trabajar para conseguir las mayorías, y vamos a llamar a todas las puertas. Esta es una ley de país, que debe regular el proceso penal del próximo siglo", señaló el ministro. Y recordó que como este texto emana del Pacto por la Justicia de 2001, entre esas puertas que tocará también está la del PP, porque hace 24 años acordó que "la instrucción sea llevada a cabo por los fiscales". Ahora mismo, si Junts no recula, el Gobierno solo podría sacar adelante esta reforma con los conservadores. Una ley que, en todo caso, no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2028, y solo afectaría a las causas que se incoen a partir de esa fecha, no a las que ahora mismo estén en los tribunales, caso de las investigaciones que atañen al PSOE o al entorno más directo de Sánchez —su mujer y su hermano—.

El Ejecutivo se tuvo que enfrentar este martes a un nuevo choque con Sumar. En este caso, por una de las partes de la Loecrim: la limitación de la acusación popular. El proyecto de ley, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, remarcó Bolaños, deja fuera de la acusación popular a las instituciones públicas, a los partidos y a los sindicatos. "Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas", justificó el ministro.

Bolaños defiende frente a Sumar sacar de la acusación popular a partidos, sindicatos y oposiciones porque las organizaciones ultras "persiguen a personas progresistas por serlo"

Sumar rechaza esa limitación porque la acusación popular se ha demostrado como un instrumento "imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político". También cree el socio minoritario que es necesario que la reforma "contenga más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso, y facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado". Sumar mostró así su "disconformidad" y prometió no apoyar en el Congreso la limitación de la acusación popular. Trabajará, dijo, para "su fortalecimiento, así como para introducir más previsiones garantistas en la ley".

Bolaños minimizó la discrepancia con la formación de Yolanda Díaz e insistió en que este instrumento es utilizado por las organizaciones ultras para perseguir a personas progresistas "por el hecho de serlo" y por eso le "sorprende un acercamiento un tanto ingenuo, un tanto inocente, a esta realidad incontestable". Además, la reforma planteada en el proyecto es "menos ambiciosa" que la que contenía la proposición de ley que registró el Grupo Socialista en el Congreso a principioos de año, pero la "prioridad" es lograr conseguir "una mayoría" y aquella redacción no la tenía.

En 1882, cuando entró en vigor la actual LECrim, comenzó a construirse la Sagrada Familia en Barcelona, evocó Bolaños. "Las grandes obras, tanto en arquitectura como en Derecho, necesitan su tiempo, pero llegan". El texto salido del Consejo de Ministros, como otros tanto, pueden no disponer de la argamasa del acuerdo para avanzar en su construcción.

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