Los Presupuestos Generales del Estado de 2026 no estarán aprobados por el Consejo de Ministros antes de que acabe el año, como se había comprometido el presidente del Gobierno. Será más tarde. La nueva fecha la puso sobre la mesa este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: será "a principios, mediados del primer trimestre del año que viene". Es decir, hacia febrero. Unas cuentas públicas expansivas, con un techo de gasto récord —212.026 millones de euros, un 8,5% al que se presentó para 2025—, pero que probablemente no verán la luz porque el Ejecutivo no dispone ahora mismo de mayoría parlamentaria, dada la cerrazón absoluta de Junts. Pero la Moncloa se guarda un as en la manga: la posibilidad de llevar los mismos Presupuestos una segunda vez a la Cámara baja en caso de que vea una ventana de oportunidad. Y esta podría abrirse, cree, si Carles Puigdemont cambia de opinión una vez se le aplique la amnistía, que previsiblemente podría llegar para el verano próximo.

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El Gobierno dio este martes el paso que, en una legislatura convencional, se habría dado en julio, hace cuatro meses: la aprobación de la senda de estabilidad y del límite de gasto no financiero, la primera piedra de los PGE. Pero la precariedad parlamentaria está en la raíz de buena parte de las dificultades que sufre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ahora, esos objetivos de déficit y deuda —que ayer pasaron el doble filtro de la Comisión Nacional de Administración Local y del Consejo de Política Fiscal y Financiera— caminan hacia Congreso y Senado para su discusión. Hacienda ofrece una meta de déficit del 0,1% del PIB para todo el periodo, para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, lo que daría a las comunidades autónomas un margen de gasto adicional de 5.485 millones de euros.

Pero esos objetivos diseñados por el Gobierno van abocados al fracaso. La Cámara baja rechazará la senda en el pleno de la próxima semana. Entonces, el Consejo de Ministros deberá validarla una segunda vez para que el Parlamento se pronuncie de nuevo. Esa segunda vuelta llegará en diciembre, en la sesión programada para el 9 y 10 en la carrera de San Jerónimo. Una vez que la senda sea tumbada en dos ocasiones, Montero podrá presentar su proyecto de ley de Presupuestos de 2026, pero con el marco anterior, más generoso para el Estado, de ahí que ella misma calificara de "absurdo" que, por "puro interés partidista", el PP y las autonomías que preside rechacen los objetivos de estabilidad planteados por el Ejecutivo.

Montero verbalizó lo que ya era un secreto a voces en la Moncloa y en el PSOE en los últimos días: que no se podrá cumplir el compromiso que Sánchez formuló en una entrevista en la SER el mes pasado, que el proyecto estaría listo a finales de año. No será así. La vicepresidenta estimó que el texto podrá pasar por el Consejo de Ministros para su aprobación y envío al Congreso "a principios, mediados del primer trimestre del año que viene". Febrero, según aclararon posteriormente desde su entorno. "No creo que antes podamos presentar esas cuentas, porque todavía se requiere de mucha intensidad de diálogo con el conjunto de los partidos políticos", alegó la titular de Hacienda.

Su previsión es que los PGE pudieran estar aprobados por Congreso y Senado "a lo largo de abril o mayo". Pero esa posibilidad hoy día es mínima. El Gobierno solo puede sacar adelante sus Presupuestos —los que serían los primeros de la legislatura, porque los vigentes son los prorrogados de 2023— si le apoya el bloque de investidura al completo, y Junts ya dejó claro, cuando proclamó su ruptura con los socialistas, que no podría contar con ellos. Es decir, que lo esperable (y casi seguro) es que el proyecto no supere ni el primer paso, el de las enmiendas de totalidad.

Montero añadió, sin embargo, otra idea importante: "Cuando uno tiene ya los Presupuestos elaborados, cualquier ventana de oportunidad hay que aprovecharla, y esto significa que si a lo largo del año hay una ventana de oportunidad, porque algún grupo político de los que a priori no están dispuestos a dar el apoyo decide dar el apoyo, se presentaría el proyecto de Presupuestos". La vicepresidenta insistió en que no tiene ninguna "fecha límite" para la aprobación de las cuentas de 2026, hay que intentar que salgan adelante "cuando se pueda" y, por tanto, "seguir trabajando permanentemente" para que sea así.

¿Qué querían decir las palabras de Montero? En su entorno lo explicaban: en efecto, es prácticamente seguro que los PGE sean devueltos en cuanto aterricen en el Congreso. Pero ahí no acabaría su vida. Porque en Hacienda entienden que puede llegar un punto de inflexión. Un giro. Algo que haga "cambiar la posición" de algún grupo. Algo como, reconocen, que se aplique la amnistía a Puigdemont, una vez el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su recurso de amparo y haya sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —esta, previsiblemente favorable, dado el informe positivo para el Gobierno del abogado general, conocido la semana pasada—. La decisión definitiva de la Justicia supondría la vuelta del expresident a España. En el Ejecutivo creen que el regreso del líder de Junts podría ayudar a la reconciliación con ellos y reconducir las relaciones. Es solo una presunción, pero relevante para la Moncloa.

"El que quiera apoyar los Presupuestos hará lo posible para que salgan, y para quien no los quiera apoyar tendrán que pasar cosas que hagan que cambie de opinión, como el regreso de Puigdemont", verbalizaban fuentes próximas a Montero. "Lo que ocurra si él vuelve es una incógnita, pero podría ser que entonces apoyara los Presupuestos. Por eso no descartamos nada. Y si hay un cambio de posición de algún grupo, pues se aprovecha", razonaron las mismas fuentes.

Lo que esta vez sí parece claro es que el Gobierno llevará su proyecto de PGE al Congreso, algo que no se había atrevido a hacer en lo que va de legislatura. En la Moncloa repiten que es una "decisión" de Sánchez, es él quien decide arriesgar, pero es él también, indican, quien ha reiterado que no está en juego la viabilidad de la legislatura porque no habrá un adelanto electoral. Ocurra lo que ocurra. ¿No quita eso incentivos a los grupos a la hora de negociar? "El presidente ha sido honesto. Puede quitar incentivos, sí, pero también para que los grupos no amenacen". Una estrategia que consigue también que el Ejecutivo pueda plantarse si llegaran exigencias inasumibles. Porque lo que defiende el Gobierno es que unos nuevos PGE serían "muy buenos", pero tampoco "imprescindibles", ya que los actuales, los de 2023, permiten que España siga creciendo y creando empleo y que se acomoden los fondos europeos. En Hacienda niegan que la intención sea que el proyecto sirva de palanca para Montero en su campaña andaluza, dado que ella será la candidata socialista.

La presentación de los Presupuestos se solapará en el tiempo con otros dos hitos muy relevantes para el Gobierno: el envío al Congreso de la condonación parcial de la deuda autonómica (83.252 millones de euros) y la reforma del modelo de financiación autonómica, del que todavía no se conocen los detalles, pero sí las líneas maestras, porque las adelantó ayer Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tres herramientas —cuatro, si se suma la senda y ese margen de 5.485 millones de gasto adicional que se ofrece a las CCAA— que el PSOE pretende usar de cara al ciclo electoral que arranca el 21 de diciembre en Extremadura y seguirá, como poco, en marzo en Castilla y León y en junio en Andalucía.

Hacienda cuenta con poder sacar adelante la quita de la deuda autonómica porque ya Junts hace meses dio su aval. Pero ve mucho más complicado que pueda aprobarse la nueva financiación. El Gobierno no ha hablado de ella con los posconvergentes. Por el momento, quiere "convencer" a ERC, que exigió ese cambio, de la bondad de su modelo, y es consciente de que lo que Puigdemont exige es un cupo para Cataluña, que los socialistas rechazan.

Montero no descartó ayer que el rediseño contemple el principio de ordinalidad, como exigen los republicanos, aunque para la vicepresidenta la clave será "achatar las diferencias" de financiación por habitante entre la comunidad más dotada y la que menos. Es decir, que no existan 1.005 euros de brecha entre la región mejor financiada (Cantabria) y la peor (Comunidad Valenciana o Murcia), porque "eso es lo que garantiza la igualdad", y lo que haría que no fuera tan importante el orden. La arquitectura que presentará la vicepresidenta en enero o febrero será global, con todos los elementos ya trenzados.

Montero llevará al Congreso la quita, la reforma de la financiación y los Presupuestos. Tres elementos que dejará encarrilados antes de su marcha a Andalucía. "Los aprobarán otros", sus sucesores en Hacienda, "y ella se alegrará". Ya todo es campaña (autonómica).

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