Un nuevo nombre ha irrumpido en el escenario de corrupción que amenaza al Gobierno. Se trata de Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), detenido este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción sobre contratos públicos bajo sospecha.

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El Instituto Armado ha practicado numerosos registros, entre ellos el del bar La Bola, un establecimiento ubicado en la calle Marie Curie, en la Isla de la Cartuja (Sevilla), junto a la icónica Esfera Bioclimática de la Expo de 1992. El local está vinculado a Fernández, que figura como administrador único desde junio de 2023.

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Además del expresidente de la SEPI, en el marco de la misma operación fueron arrestados la exmilitante socialista Leire Díez —considerada la 'fontanera' de Ferraz— y el empresario Antxón Alonso, propietario de Servinabar y señalado por los investigadores como socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en dicha compañía. Fernández, de hecho, trabajó en Servinabar tras dejar la SEPI, una conexión que ahora examina la UCO.

El establecimiento hostelero registrado por los agentes está gestionado por la sociedad La Bola Innovación, creada en 2014 por la esposa de Fernández, quien ejerció como administradora hasta mediados de 2023, cuando él asumió la gestión. El negocio había tenido un rendimiento modesto hasta 2020, pero desde entonces experimentó una evolución positiva. En 2023, año en que el exalto cargo de la SEPI tomó el control de la sociedad, la facturación aumentó en torno a un 30% respecto al ejercicio anterior.

Tal y como ha publicado ABC, Fernández ha acumulado en apenas siete años un patrimonio inmobiliario superior a cuatro millones de euros junto a su mujer. Entre 2017 y 2024 adquirieron dos chalés en una urbanización exclusiva en Sevilla, tres pisos —uno en Puerta de Hierro (Madrid) y otros dos en Las Chapas (Marbella)— así como dos garajes y dos trasteros en esta última localidad. A ese patrimonio se suma, además, otro millón de euros en inversiones financieras, según el citado diario.

La UCO se ha incautado de la contabilidad, así como de dispositivos electrónicos, con el objetivo de determinar si La Bola pudo ser utilizado para blanquear fondos ilícitos de la trama investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

El 'caso Aznalcóllar'

Fernández fue nombrado presidente de la SEPI por el Gobierno en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 tras ser imputado en el 'caso Aznalcóllar', relativo al supuesto amaño del concurso que adjudicó la explotación de la mina a la agrupación empresarial México-Minorbis.

La Audiencia Provincial de Sevilla absolvió la semana pasada a los 16 acusados —incluido Fernández— al concluir que no existen indicios de los delitos atribuidos y que la causa respondía a una "acusación infundada". Durante el juicio, el exalto cargo negó haber dado cualquier "instrucción o recomendación" a los funcionarios responsables de la licitación, que tuvo lugar cuando ejercía como secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía.

El proceso sentó en el banquillo a técnicos y funcionarios de la Junta, así como al propio Fernández, que también fue interventor general de la administración autonómica andaluza, órgano superior de control interno de la gestión económica.

El exmandatario ha sido señalado por muchos como la mano derecha de la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que este jueves aseguró no tener "ni idea" de las actividades a las que se dedicaba Fernández desde que dejó su cargo, allá por 2019.

La SEPI es una entidad pública que gestiona las participaciones empresariales del Estado, y depende de Hacienda; su presidente —actualmente, María Belén Gualda— es uno de los cargos mejor remunerados del Estado. En 2024, su retribución anual fue de 251.000 euros brutos.