Ione Belarra se rinde frente a García-Castellón y renuncia a que declare en el juicio por difamación

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha renunciado a que el juez jubilado Manuel García-Castellón declare en el juicio por la demanda de vulneración del derecho al honor que este interpuso contra ella. Al tratarse de la única diligencia que quedaba pendiente de practicar, la defensa argumenta que la celebración del juicio carece ya de sentido y resulta innecesaria.

Así consta en un escrito remitido a la Plaza 45 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, al que ha tenido acceso El Independiente. Belarra ha desistido expresamente de la prueba de interrogatorio de García-Castellón, a pesar de que había sido previamente propuesta por su propia defensa y admitida por el juzgado. Por ello, ha solicitado al tribunal que cancele el señalamiento de la vista oral y permita a las partes pasar directamente a la presentación de sus respectivos escritos de conclusiones.

El conflicto se originó a raíz de varios mensajes publicados por la dirigente de Podemos en redes sociales, en los que calificó al magistrado de "corrupto" y le acusó de "prevaricar" y de participar en una supuesta "guerra sucia" judicial tras su jubilación. Ante esto, García-Castellón reclama una indemnización que elevó de 120.000 a 240.000 euros, al considerar que las manifestaciones fueron reiteradas y perjudicaron gravemente su reputación.

La causa se encuentra en la jurisdicción ordinaria después de que el Tribunal Supremo rechazara asumir el caso tras la demanda del exjuez, al entender que las declaraciones no se produjeron en el ejercicio estricto de la función parlamentaria de Belarra, que está aforada dada su condición de miembro del Congreso.

Para el antiguo instructor de la Audiencia Nacional, no cabía duda de que "las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas". Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, "aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada".

La Fiscalía se posicionó junto a García Castellón al entender que los calificativos vertidos por Belarra contra el juez jubilado son "claramente ofensivos e innecesarios", si bien abogaba por rebajar sustancialmente la indemnización que reclamaba el demandante, de 240.000 a 20.000 euros.

La política de Podemos defendió que lo pertinente sería que el Supremo desestimase la demanda porque considera que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, recogidos dentro de su libertad parlamentaria, mientras que García Castellón consideraba que a su juicio el Supremo era el tribunal competente porque las manifestaciones realizadas Belarra en su contra fueron "emitidas desde su posición institucional como representante de la soberanía nacional y con el propósito de influir en el debate público".