El mercado del gas envasado en España se ve abocado a afrontar un cambio importante tras la sentencia del Tribunal Supremo. Se trata de un fallo que afecta de lleno al sistema de reparto a domicilio de las bombonas de butano, que prestó dicho servicio obligatorio y sin una contraprestación económica proporcionada a sus costes reales. El fallo obliga al Gobierno a llevar a cabo una modificación y deja abierta la posibilidad a la producción indirecta del precio final que correspondería al pago del reparto.

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El Tribunal Supremo y el reparto de butano

El Tribunal Supremo considera que el sistema regulatorio es manifiestamente ilegal al no ajustarse a los plazos que establece la ley. De acuerdo con la normativa, para el suministro del butano, la revisión de las condiciones económicas es preceptiva, y esta revisión queda expresa en la normativa cada cinco años. Ahora bien, dicha revisión se suspendió en marzo de 2020, por lo que está pendiente. La no actualización de esas condiciones económicas provoca un desequilibrio entre los costes del servicio y los ingresos que obtienen las empresas distribuidoras.

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Plazo máximo de seis meses

La resolución impone un límite claro para remediar esta situación. El Ministerio para la Transición Ecológica se ve obligado a aprobar en un plazo máximo de seis meses una nueva normativa. Esa norma debe definir incluso cómo se calculan los costes reales del reparto a domicilio y cómo se articula todo lo que hace referencia a la compensación económica correspondiente.

El impacto del precio del butano

El Tribunal Supremo hace saber a todos que un servicio de reparto a casa no va a poder subsistir sin que exista una compensación determinada. La bombona de butano sigue estando sometida a un precio que regulado para evitar cambios bruscos para los ciudadanos que dependen de esta energía, y los costes del transporte y la entrega an a tener que estar reflejados en el sistema, lo que implica un duro golpe al modelo actual de la empresa distribuidora, quien asumía el reparto como parte del servicio.

Subida indirecta para el consumidor final

La resolución no determina cantidades específicas ni estipula un incremento inmediato del coste de la bombona, si bien la futura metodología considerará los costes reales de la distribución, a lo que previsiblemente se dará traslado al consumidor de forma indirecta. De ese modo, se logrará un encarecimiento progresivo del servicio, sobre todo en las zonas donde la distribución es más complicada.

Canarias y el origen del conflicto

El caso que ha originado esta sentencia tiene lugar en la región de Canarias, bien conocida por sus peculiaridades logísticas. La distribución de butano en islas implica mayores gastos de transporte, almacenamiento, distribución, etc. La situación del sistema de precios regulados no ha tenido en cuenta esa realidad, lo cual ha concluido en un desfase económico prolongado para las empresas obligadas a prestar el servicio.

Un precedente para todo el sistema nacional

Si bien el litigio se inicia en las Canarias, el impulso del fallo impacta en el conjunto nacional. El Tribunal Supremo establece un criterio general que hay que revisar sobre el modelo en su conjunto. La nueva normativa por lo tanto, no afecta solo a las islas, sino que prepara un nuevo sistema más adaptado a los costes reales en el resto de España.

La sentencia de este caso introduce una nueva realidad en el mercado del butano. La entrega a domicilio, que no era un factor a considerar a la hora de determinar el precio regulado, pasa a ser un aspecto esencial en la relación económica. En los siguientes meses, el despliegue reglamentario explicará la forma en la que se producirá esta variación y cómo afecta a millones de hogares que se basan en las bombonas de butano para su devenir cotidiano.