La Agencia Tributaria busca candidato para achatarrar siete de sus patrulleros adscritos al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). El organismo dependiente del ministerio de Hacienda ha licitado un contrato con un presupuesto base de 654.000 euros para desguazar los patrulleros Alcaraván I, II, III y IV, VA II, Alcaudón II y Fénix.

PUBLICIDAD

Usados para perseguir el contrabando, se encuentran distribuidos en distintas bases marítimas del norte y sur peninsular. Según la memoria del contrato, el coste de las reparaciones necesarias para mantener la navegabilidad y seguridad de estas unidades "supera el beneficio y el rendimiento operativo que se pudiera obtener de las mismas", por lo que se opta por su achatarramiento. Su antigüedad y la obsolescencia de algunos equipos hacen prever que el coste del mantenimiento irá "incrementándose, sin mejorar el rendimiento operativo ni las condiciones de navegación".

PUBLICIDAD

"En la actualidad estos patrulleros y especialmente sus equipos de propulsión,
han quedado anticuados y no cumplen con las expectativas para llevar a cabo
con eficacia las tareas asignadas en cuanto a represión del contrabando por
vía marítima", reconoce la Agencia Tributaria.

En las cinco primeras embarcaciones se ha detectado presencia de amianto en los materiales aislantes, lo que encarece el proceso de desmantelamiento. De ahí que los primeros lotes concentren la mayoría del presupuesto.

Los lotes 1 y 2 —que agrupan cuatro patrulleros con amianto y bases en Santander, Santurce, Ribadeo y Gijón— cuentan con un presupuesto base de 314.600 euros cada uno (IVA incluido). El lote 3 (VA II, en Muros) asciende a 121.000 euros. Por su parte, los lotes 4 y 5, correspondientes a Alcaudón II (Algeciras) y Fénix (Almería), se sitúan en 20.570 euros cada uno.

La Agencia Tributaria dice carecer de medios humanos y materiales para acometer el proceso de desguace con las garantías técnicas y medioambientales exigidas. Entre otras cosas, además del desguace de las embarcaciones los contratos también contemplan la extracción de combustibles y aceites, la separación y tratamiento de materiales contaminantes —incluida la gestión del amianto—, así como el transporte a plantas autorizadas de residuos peligrosos.

Ninguno de los barcos conserva propulsión propia, por lo que el adjudicatario deberá asumir también los costes de izado, remolque, permisos y seguros hasta su traslado al punto de desguace. El único criterio de adjudicación será el precio.

Vigilancia Aduanera dispone de una flota naval de 46 embarcaciones, dos de las cuales son Buques de Operaciones Especiales (todas dotadas con armamento fijo), así como de una flota aérea de 4 helicópteros y 68 drones.