Hacienda reclama 1,6 millones a Aldama por el fraude fiscal vinculado a la compra de mascarillas

La Agencia Tributaria ha concluido que el empresario Víctor de Aldama habría defraudado 2.410.748 euros en el IRPF de 2020 mediante un entramado de sociedades diseñado para canalizar los ingresos obtenidos en el negocio de las mascarillas durante la pandemia y reducir su carga fiscal. En un informe remitido a la Audiencia Nacional, el organismo fija la cuota exigible en 1.624.308 euros, tras descontar lo ya abonado previamente por sus sociedades en el Impuesto sobre Sociedades.

El documento, elaborado por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y al que ha tenido acceso El Independiente, ha sido remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, el juez Ismael Moreno, que instruye la rama del 'caso Koldo' en la que se investiga la intermediación en la compra de material sanitario por parte del Ministerio de Transportes y otras administraciones durante la pandemia.

Según Hacienda, Aldama fue una pieza "esencial" en la intermediación de contratos públicos para el suministro de material sanitario, y concluye que utilizó las mercantiles Deluxe Fortune y MTM 180 Capital como "instrumentos interpuestos" para facturar unos servicios que, en realidad, prestó personalmente.

Así, estas dos sociedades habrían actuado como "pantallas" para facturar servicios de intermediación. La Agencia Tributaria considera que la relación de estas sociedades con Soluciones de Gestión es "un negocio simulado", y subraya que los servicios de mediación fueron ejecutados directamente por el propio comisionista.

Hacienda explica que la ley permite la prestación de servicios profesionales a través de sociedades mercantiles, pero matiza que ese marco no ampara su uso para facturar los servicios que realiza una persona física sin la intervención de dicha entidad. En el caso de Aldama, sostiene que estas estructuras se habrían utilizado como un "mero artificio" para facturar y cobrar los servicios con la finalidad de reducir la "imposición directa" del profesional

El informe añade que estas sociedades carecían de "medios materiales y personales" suficientes para desarrollar la actividad declarada, por lo que los ingresos obtenidos deberían haberse imputado directamente al empresario en su IRPF. En concreto, ambas sociedades facturaron 2,75 millones de euros cada una a Soluciones de Gestión, además de otros 120.000 euros al grupo Globalia por servicios de asesoramiento. Cabe recordar que Aldama actuó como asesor y representante institucional de esta última compañía en 2020.

El informe subraya que la actividad atribuida a Aldama fue "personalísima" y clave en la articulación del negocio de las mascarillas, al implicar labores de intermediación, contacto con proveedores y coordinación logística. En ese contexto, la Agencia Tributaria concluye que la estructura societaria habría servido para "desvincular artificialmente" los ingresos de su titular real y reducir la carga fiscal.

Además, el documento apunta a una "confusión patrimonial" entre el empresario y sus sociedades, al detectarse el uso de fondos empresariales para gastos personales y familiares, desde inversiones privadas hasta el pago de su vivienda habitual. Según Hacienda, los ingresos declarados en el ejercicio son "incongruentes" con el nivel de actividad económica atribuido, y Aldama habría dispuesto de ellos "para su enriquecimiento personal y familiar".

"Ejemplo de ello son las donaciones que hizo a su cónyuge, la compra de las acciones, la compra de las acciones del
Zamora Fútbol Club a su nombre, los gastos personales y el pago de los intereses del préstamo hipotecario de su vivienda habitual, entre otros", reza el documento.

En conjunto, la Agencia Tributaria aprecia indicios de un posible delito contra la Hacienda Pública, al superar la cuantía los 600.000 euros y haberse utilizado estructuras societarias para dificultar la identificación del verdadero obligado tributario.

Responsabilidad de Juan Carlos Cueto

Del informe también se desprende la posible responsabilidad de Juan Carlos Cueto, a quien la Agencia Tributaria sitúa como pieza clave en la financiación y dirección del negocio a través del denominado grupo Cueto. Aunque no figura formalmente como administrador de Soluciones de Gestión, el organismo considera acreditado que ejercía el control efectivo de la mercantil adjudicataria de los contratos públicos.

Justamente, Cueto ha acudido este miércoles al Tribunal Supremo para prestar declaración como testigo en el juicio del 'caso mascarillas'. No obstante, al figurar investigado la citada causa en la Audiencia Nacional, se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de las partes.

La Agencia Tributaria aprecia además indicios de fraude fiscal en la propia Soluciones de Gestión por el Impuesto sobre Sociedades de 2020. En concreto, sostiene que la mercantil habría reducido indebidamente su carga fiscal mediante la compensación de una base imponible negativa de 800.000 euros generada el año anterior a través de una operación que considera "no ajustada a la realidad".

Según el informe, esa maniobra —relacionada con la compraventa de participaciones y el deterioro de un crédito entre sociedades vinculadas— habría sido una "actuación preparatoria" para rebajar los impuestos derivados de los beneficios obtenidos con la venta de mascarillas. La cuota presuntamente defraudada en este caso asciende a 200.000 euros.