Huyeron de los bombardeos, de la muerte y del miedo, buscando refugio en España. Pero para estas 55 mujeres ucranianas, la seguridad no llegó con la frontera. Fueron captadas por una red criminal en España que las convirtió en herramientas de un fraude millonario en apuestas online. La operación, liderada por la Policía Nacional con el apoyo de Europol e INTERPOL, ha permitido desmantelar una organización que movió casi 5 millones de euros y utilizó más de 5.000 identidades robadas de personas “vulnerables”. 

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La red criminal estaba formada por ciudadanos ucranianos que inicialmente habían utilizado datos de españoles para abrir cuentas bancarias y así poder estafar a páginas online. Con el tiempo, cambiaron de estrategia y comenzaron a reclutar directamente a mujeres refugiadas principalmente de Ucrania a las que se les había concedido protección temporal en España. Según la Policía Nacional, las víctimas “se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad en zonas gravemente afectadas por la guerra en Ucrania y estaban completamente bajo el control de los sospechosos”.

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Las mujeres eran trasladadas a España bajo la promesa de alojamiento y asistencia. Una vez aquí se les acompañaba a abrir cuentas bancarias y obtener tarjetas de crédito. Algunas cuentas se registraban a nombre de las víctimas, aunque había otras que se registraban con identidades robadas de ciudadanos españoles y de otras 16 nacionalidades. Los sospechosos controlaban cada movimiento, asegurándose de que los fondos y las cuentas fueran utilizados únicamente para sus fines. “La red criminal explotaba sistemáticamente a mujeres ucranianas vulnerables para abrir cuentas bancarias, que utilizaban en plataformas de juego, y luego se transferían los beneficios ilícitos”, explican desde Europol.

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Subsidios por condición de refugiadas 

El mecanismo que utilizaron para estafar era tecnológico y sofisticado. La organización vinculaba las cuentas y tarjetas de las víctimas a plataformas de apuestas online, utilizando bots para automatizar miles de apuestas simultáneas. Esto les permitía depositar más de 2,7 millones de euros y retirar más de 4,7 millones con riesgo mínimo. Parte de los fondos obtenidos ilegalmente provenían de subsidios gubernamentales que las mujeres recibían por su condición de refugiadas, y otra parte se destinó a bienes raíces de lujo, consolidando así el blanqueo de capitales.

El operativo se llevó a cabo de manera coordinada entre España y Ucrania. En España se realizaron nueve registros domiciliarios, seis en Alicante y tres en Valencia. En Ucrania ocho registros. Se incautaron 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores, 500 tarjetas SIM, cuatro vehículos y 22 robots informáticos, además de 73.000 euros y 4.200 dólares en efectivo y 200.000 euros en criptomonedas. También se identificaron, bloquearon o congelaron 153 cuentas bancarias en 11 países.

La investigación culminó con la detención de 12 sospechosos, ocho en Alicante y cuatro en Valencia. Además, permitió esclarecer más de 240 denuncias por usurpación de identidad y estafa. Las víctimas, que ya habían sufrido el trauma de la guerra, se encontraron atrapadas en un sistema criminal que las utilizó como instrumentos para generar ganancias millonarias. Según la Policía Nacional, “las redes criminales pueden aprovechar cualquier situación de vulnerabilidad, incluso la derivada de conflictos bélicos, para su beneficio económico”.

Trata de personas y fraude

Desde la captación de las mujeres en Ucrania hasta los registros en España, la operación refleja la complejidad de una red que combinaba trata de personas, fraude, blanqueo de capitales y robo de identidades. Según las autoridades, “los sospechosos trasladaban a mujeres vulnerables desde zonas de guerra, las acompañaban a abrir cuentas bancarias y utilizaban sus identidades para mover dinero de manera ilícita a través de plataformas de juego online”.

Las víctimas habían sido utilizadas de manera sistemática, y los investigadores subrayan que la red aprovechaba la protección temporal otorgada en España para facilitar el fraude. Los fondos obtenidos ilegalmente fueron tanto mediante apuestas automatizadas como por subsidios gubernamentales desviados de las beneficiarias. Parte de este dinero se blanqueó en inmuebles de lujo destinados al arrendamiento turístico, mientras que las mujeres permanecían bajo control y supervisión de los criminales.

Europol prestó apoyo operativo y analítico, facilitando el intercambio de información entre países y desplegando un especialista sobre el terreno para asistir “en tiempo real” durante la jornada de intervención. Las autoridades destacan que la colaboración internacional fue esencial para identificar a las víctimas y desmantelar la red.