Limitar despidos, los ERTE, trabajo a distancia... La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo expuso este jueves a patronal y sindicatos una batería de medidas que activará si la escalada bélica en Oriente Próximo acaba impactando en el tejido productivo español. Yolanda Díaz citó a los agentes sociales y prometió rescatar medidas ya empleadas en pasadas crisis como la pandemia del Covid-19, la guerra de Ucrania o la Dana de Valencia.

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La titular de Trabajo presumió ante los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme de contar con suficientes medidas bajo el brazo testadas ya durante el último lustro para hacer frente a los posibles efectos del conflicto abierto por Estados Unidos e Israel en Irán. Por un lado, Díaz plantea medidas como la limitación del despido objetivo. También los ERTE o el Mecanismo RED, que incentiva el uso de mecanismos de flexibilidad interna como alternativa al despido. Estos son, recoge el documento, "activables de forma inmediata ante caídas de actividad derivadas del shock energético". También señala la posibilidad de establecer bonificaciones y aplazamientos para empresas.

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Además, plantea el trabajo a distancia prioritario. Es, según Trabajo, el establecimiento del uso prioritario del trabajo a distancia como "medida de continuidad de la actividad y contención de costes energéticos". También cita el plan MeCuida – Flexibilidad horaria, con posibilidad de adaptar horarios o suspender actividad hasta el 100% cuando concurran las circunstancias previstas para su activación. Su plan también recoge los "Permisos climáticos y por catástrofe" o los "Planes de Empleo extraordinarios dirigidos a sectores o territorios concretos para crear y financiar puestos de trabajo".

Por otro, el documento presentado a los agentes sociales plantea otras medidas puestas en marcha por el Gobierno en su conjunto durante los últimos años, pero que escapan de sus competencias. Eso sí, da a entender que la titular de Trabajo y su formación política Sumar pelearán por que se recuperen en caso de que la coyuntura así lo requiera.

Por ejemplo, cita la denominada "excepción Ibérica" que logró España tras la guerra de Ucrania y que implicaría la recuperación del tope del precio del gas en el mercado mayorista a 50 €/MWh, para contener el impacto en la factura eléctrica. El texto también aboga por el "control de precios energéticos" a través de "medidas para evitar que el oligopolio aproveche la crisis mediante operaciones especulativas o crecimientos injustificados de márgenes".

Asimismo, el documento también dedica un apartado específico a las medidas del denominado "Escudo social". En este sentido, Trabajo abogaría por la "ampliación del bono social eléctrico, prohibición de desahucios, prórroga de alquileres y otras medidas de protección de rentas familiares". Pero, de nuevo, todo depende de otros departamentos ministeriales en manos del PSOE.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que no acudió a la cita en el ministerio, criticó que Díaz convocase a los agentes sociales para abordar medidas que, en su opinión, son "política de Estado". En una entrevista en Cuatro dijo que el gas o la industria "no tienen nada que ver" con el departamento de Trabajo. "La reunión de hoy a la mañana, (...) no tiene absolutamente nada que ver con el problema real que tenemos", criticó.

En lo que más concierne al tejido productivo, el documento de Trabajo presentado a patronal y sindicatos aboga por establecer, si la situación lo precisa, bonificaciones al gasóleo. Esto supondría, según el texto, una medida de "apoyo directo a agricultores, ganaderos y pescadores mediante bonificaciones al gasóleo profesional". Los principales colectivos del transporte profesional por carretera, como las asociaciones CETM y Astic, piden ya al Ministerio de Transportes de Óscar Puente que prepare un escudo por si se dispara el precio del combustible.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó en una entrevista con TVE, que el Gobierno estará "encima de los precios". "Desafortunadamente, ya tuvimos que pasar por un episodio similar en el año 2022 como consecuencia de la invasión de Ucrania, con lo cual estamos perfectamente preparados para saber qué es lo que tenemos que hacer si fuera necesario, protegiendo a través de ese escudo a nuestros ciudadanos y empresas", expresó Cuerpo.

Por aquel entonces, obligó por decreto a toda la red de más de 12.000 gasolineras en España a introducir "bonificaciones" de 20 céntimos por litro de carburante. Ahora, las estaciones de servicio piden no tener que adelantar el coste de la medida que luego sufragaban en parte las grandes petroleras y el Estado.