Irán nombra al frente de la seguridad nacional a Mohamad Bager Zolgadr, un halcón de la Guardia Revolucionaria

El régimen iraní acelera su mutación interna en plena guerra. Irán anunció este martes el nombramiento del excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohamad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en sustitución de Ali Larijani, asesinado la semana pasada en un ataque atribuido a Israel en Teherán.

La designación, confirmada por la oficina presidencial, se produce con el visto bueno del líder supremo —en un contexto institucional profundamente alterado tras su propia muerte— y por decreto del presidente Masud Pezeshkian. “Mohamad Baqer Zolgadr […] fue designado como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”, señaló en X el director adjunto de comunicaciones de la presidencia, Mehdi Tabatabaei.

El relevo no es menor. Supone el ascenso de un perfil inequívocamente duro en uno de los órganos clave del sistema iraní, encargado de definir la estrategia de seguridad y defensa en coordinación directa con el líder supremo y las fuerzas armadas.

Zolghadr, de 72 años, es un veterano del aparato de seguridad. Fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el mandato de Mahmud Ahmadineyad, jefe del Estado Mayor conjunto de la Guardia Revolucionaria durante años posteriores a la guerra con Irak y uno de los responsables de la milicia basij, el brazo paramilitar que actúa como columna vertebral del control interno del régimen. Hasta ahora ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento, órgano que arbitra entre instituciones del Estado.

Su nombramiento refuerza la percepción de que Teherán está consolidando un núcleo de poder más ideologizado y militarizado en plena escalada regional. La sustitución de Larijani —considerado una figura pragmática dentro del establishment— por un halcón con décadas de trayectoria en los aparatos de seguridad apunta a un endurecimiento de la toma de decisiones.

Una cúpula descabezada por la guerra

El contexto es excepcional. Larijani murió la semana pasada en un ataque israelí en Teherán, en una operación que formó parte de una campaña más amplia para descabezar a la élite política y militar iraní. No ha sido un caso aislado.

Desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero —con bombardeos estadounidenses e israelíes contra instalaciones militares y complejos gubernamentales— han muerto varios de los principales rostros del régimen: el líder supremo Alí Jameneí, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, Abdorrahim Musaví.

Esa cadena de eliminaciones selectivas ha obligado a Teherán a recomponer de forma acelerada su estructura de poder. El sistema iraní, diseñado para resistir crisis, está recurriendo a cuadros veteranos con credenciales ideológicas sólidas para garantizar continuidad y control en un momento de máxima vulnerabilidad.

Negociaciones en la sombra, sin diálogo formal

El nombramiento llega además en un momento diplomático ambiguo. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que Washington está tratando de abrir negociaciones con Irán para poner fin a una guerra que cumple 25 días y que ha sacudido los mercados energéticos y la seguridad regional.

Teherán ha confirmado la recepción de mensajes a través de intermediarios —un patrón habitual en la relación indirecta entre ambos países—, pero niega que exista un proceso de diálogo en curso. “No hay conversaciones”, insisten las autoridades iraníes, que acusan a Washington de intentar “gestionar la percepción” mientras continúan las operaciones militares.

La desconfianza mutua sigue siendo el principal obstáculo: Irán exige garantías previas y el cese de ataques, mientras Estados Unidos busca una fórmula que contenga la escalada sin renunciar a la presión militar.

El coste humano, en disputa

El impacto del conflicto sigue siendo opaco. Irán no ha actualizado sus cifras oficiales de víctimas desde el 5 de marzo, cuando situó el balance en 1.230 muertos. Sin embargo, la ONG opositora HRANA eleva la cifra hasta 3.268 fallecidos, una divergencia que refleja las dificultades para verificar el coste real de la guerra en el terreno.

En este escenario, el ascenso de Zolghadr no es solo un relevo burocrático. Es una señal política. Irán responde al golpe en su cúpula cerrando filas en torno a figuras de línea dura, en una guerra que, lejos de encaminarse hacia una resolución inmediata, sigue redefiniendo el equilibrio de poder dentro del propio régimen.