Montero y Escrivá, las 'víctimas colaterales' del caso Plus Ultra

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el rescate público de Plus Ultra situó la semana pasada en el centro de la causa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de influencias que habría favorecido a esta aerolínea. A falta de conocerse el sumario, el magistrado José Luis Calama reconstruye en su auto la cadena de contactos y gestiones que la cúpula de la compañía habría activado para intentar acceder a las ayudas públicas, articulando distintos canales con el entorno del Ejecutivo y dibujando, además, una derivada política que salpica a dos exministros: a la que fuera titular de Hacienda María Jesús Montero y al actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que encabezaba en aquella época la cartera de Seguridad Social.

A lo largo de 85 páginas, el documento —al que ha tenido acceso El Independiente—, desgrana la secuencia de las vías que la aerolínea fue activando para conseguir el rescate. Y en ese recorrido aparece, en primer lugar, la vía del Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos. La 'vía Ábalos'. Todo empieza con una conversación del 23 de marzo de 2020 entre el abogado Miguel Palomero y el accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes. Este último le dice al primero que necesitan acceder a las ayudas y le pregunta "qué se le ocurre" a nivel político, "dónde tocar puertas". El abogado le responde: "Tocamos a Ábalos".

Pero no quedó ahí. De forma paralela, la cúpula de Plus Ultra activó la 'vía Zapatero'. Esta fue la que acabó por tener un papel "predominante" y permitió a la compañía alcanzar los objetivos que perseguía, según el juez Calama. "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?", pregunta el 30 de marzo del mismo año el accionista de Plus Ultra al diplomático venezolano Ramón Gordils, que le contesta: "Vayan recorriendo la ruta formal, yo busco como llegarle a ZP". Ese "puente con ZP" se consigue el 28 de abril, según los mensajes.

Escrivá y su reunión con Zapatero

Entre los indicios de los hilos que presuntamente Zapatero habría movido en favor de la aerolínea figura un mensaje sobre una reunión que el expresidente socialista habría mantenido el 7 de septiembre de 2020 con Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social. "Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo", escribió un cargo de Transportes al asesor de Ábalos, Koldo García. La diligencia se incorporó a la causa a partir de los dispositivos que se le intervinieron en el marco del 'caso Koldo'.

Pasado un mes de este encuentro, Plus Ultra habría obtenido una resolución que estimaba el aplazamiento de una deuda que mantenía con la Tesorería General de la Seguridad Social por 451.954,79 euros, correspondiente a obligaciones acumuladas entre 2017 y 2020. Ese aplazamiento, fechado el 5 de octubre de 2020, aparece recogido en la documentación posteriormente remitida a la SEPI por los asesores externos del expediente, entre ellos la consultora Deloitte, dentro del conjunto de condiciones que la aerolínea debía cumplir para acceder a las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

Aunque la resolución no atribuye a Escrivá participación en esa decisión administrativa, sí establece una coincidencia temporal entre su reunión con Zapatero y el proceso de regularización de la deuda. No obstante, el entorno del ahora gobernador del Banco de España puntualizó a El Independiente que la reunión se produjo "para hablar de las medidas por el covid-19".

"Escrivá nunca ha tratado sobre Plus Ultra ni su posible rescate con nadie. Es una materia además que no tenía relación con sus competencias como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", señalaron las citadas fuentes. "No tuvo nunca conocimiento ni participación alguna en la aprobación de aplazamientos de deudas con la Seguridad Social u otras medidas de liquidez, o en la expedición de certificados de estar al corriente de pago por parte de la Seguridad Social en relación con ninguna empresa o entidad".

Montero, Hacienda y la SEPI

En el caso de María Jesús Montero, el auto recuerda que el FASEE se pone en marcha en julio de 2020 mediante acuerdo del Consejo de Ministros "a propuesta de la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital [Nadia Calviño], y de la ministra de Hacienda", departamento del que dependía orgánicamente la SEPI.

Un día después de la aprobación del mecanismo se produjo la reunión entre responsables de Plus Ultra y el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, junto a su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Según las comunicaciones intervenidas por la UDEF, los directivos de la aerolínea interpretaron el encuentro como una muestra de que las gestiones políticas estaban dando resultado.

"Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por 'altas' recomendaciones", trasladó el accionista de Plus Ultra Raif El Arigie en un mensaje reenviado a Rodolfo Reyes. En ese mismo intercambio, los responsables de la compañía admitían que el Ministerio de Transportes no tenía capacidad para decidir qué empresas serían rescatadas, aunque sí podía influir favorablemente en el proceso: "El papel del ministerio será únicamente 'hablar' bien de las compañías, que en nuestro caso lo tenemos asegurado". La respuesta de Reyes fue inmediata: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

El encuentro con Saura fue el desenlace de varias semanas de contactos previos con el entorno de José Luis Ábalos. El auto recoge cómo Miguel Palomero trasladó a Reyes el 6 de junio de 2020 que ya había hablado con "el amigo del amigo", en referencia a Koldo García. Ante la falta de avances, el accionista de Plus Ultra insistió semanas después: "Necesitamos llegar a Ábalos". "Vamos a intentarlo", respondió Palomero. Según la investigación, esa línea de influencia terminó cristalizando en la reunión celebrada en Transportes pocos días después.

Finalmente, el rescate de 53 millones de euros fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 a través de la SEPI. A raíz de estos elementos, la asociación Hazte Oír —personada como acusación popular en la causa— ha solicitado al juez la declaración como testigos de María Jesús Montero, José Luis Escrivá y Pedro Saura, además del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, al considerar que podrían aportar información relevante sobre las gestiones realizadas alrededor del rescate de la aerolínea.