El auditor de Plus Ultra reconoce que la aerolínea pudo entrar en concurso antes del salvavidas del Gobierno

Un día después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, el auditor de cuentas de la aerolínea ha puesto de manifiesto que "la empresa tenía dificultades económicas indudables" antes de la pandemia. Jesús Ángel Carbajo, de la firma Audicar S.L., estaba citado a declarar este miércoles ante la comisión de investigación sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Y ha reconocido que la empresa "pudo haber entrado en concurso de acreedores" antes del Covid-19 "si los accionistas lo hubieran considerado adecuado". En cambio, ha dicho que un crédito participativo de la entidad panameña Panacorp de 6,3 millones fue clave para que no llegara a entrar en causa disolución. "El crédito participativo se contabiliza como pasivo a largo plazo pero se cuenta como si fueran fondos propios", ha subrayado.

A preguntas del senador del Partido Popular (PP) Salvador de Foronda, el auditor también ha reconocido que durante sus trabajos tuvo constancia de la existencia de "alguna factura" a nombre de la empresa 'Análisis Relevante', propiedad del amigo de Zapatero, Julio Martínez.

La investigación judicial indaga el posible tráfico de influencias para conseguir el rescate de 53 millones de euros en préstamos que concedió el Gobierno de Pedro Sánchez a la firma, pese a que los informes de los asesores técnicos de la SEPI lo desaconsejaban.

En todo caso, ha recordado que él no sabía que la empresa iba a pedir un rescate al Gobierno cuando emitió el último análisis de cuentas previo al mismo. Una auditoría sin ninguna salvedad al no haber detectado "irregularidades". Lo único que sí se incorporó a la misma lo que se denomina como un párrafo de énfasis, que advierte a terceros sobre la situación financiera de la empresa si no se toman medidas para arreglarla.

El auditor ha dicho desconocer también si la situación financiera que arrastraba la compañía antes del impacto de la crisis del coronavirus hacía que incumpliese la normativa europea para poder optar a la ayuda estatal que se le brindó para hacer frente al golpe de la pandemia. De haber entrado dentro de la definición de "empresa en crisis", según la norma comunitaria, no hubiera podido acceder al rescate porque así lo estipulaba el reglamento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

La empresa aún solo ha devuelto al Estado 12 millones en intereses. Asimismo, busca de la mano de la SEPI un nuevo calendario de amortización ante las dificultades que está suponiendo para su negocio el escenario geopolítico actual, dominado por la subida del precio del combustible.

"No estaba nada maquillado. El informe es correcto de acuerdo a la documentación que hemos examinado", ha respondido a la portavoz de Vox, cuando esta le ha sacado a colación las conclusiones del informe pericial encargado por una jueza de Madrid que investigó el rescate.

El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama conocido este martes subraya que "aunque la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar".

"Los informes presentados por los asesores de SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, pese a que Deloitte señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertían de problemas graves de caja", concluye el magistrado que instruye la causa en la que está imputado Zapatero.