La justicia europea dictará sentencia sobre la amnistía el 16 de julio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará el 16 de julio la sentencia sobre la ley de amnistía para determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias.

El servicio de prensa del tribunal informó este viernes de que la corte con sede en Luxemburgo resolverá las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la responsabilidad contable de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, entre otros; y la acusación de terrorismo a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), respectivamente.

Pero la sentencia también marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser fundamental para su regreso a España, según EFE.

El pronunciamiento del TJUE viene precedido de la opinión que el abogado general Dean Spielmann publicó el pasado 13 de noviembre avalando los principales puntos de la ley de amnistía, al considerar que no perjudica a las finanzas europeas y que responde al interés general.

Spielmann refutó la interpretación del Tribunal de Cuentas -que comparte el Tribunal Supremo al no amnistiar la malversación- de que la secesión de Cataluña hubiese reducido la Renta Nacional Bruta de España y, en consecuencia, su aportación al presupuesto comunitario.

Siguiendo este criterio, señaló el abogado general, se tendría que haber considerado que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en 2020 fue ilegal porque también afectó al presupuesto comunitario.

Y añadió además que no se puede establecer "un vínculo de conexión directa" entre los gastos del procés y las cuentas de la UE, en parte porque el Tribunal de Cuentas no aportó "ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión" para promover la independencia de Cataluña.

En contra de lo que cree la Comisión Europea, el abogado general negó también que la ley del olvido sea una "autoamnistía" porque no busca "proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales", sino "dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación".

El abogado general tampoco vio ninguna incompatibilidad entre la directiva europea de lucha contra el terrorismo y la ley de amnistía porque "conlleva meramente una desactivación parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza".

Según el letrado, la amnistía "cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y no incluye entre los delitos perdonados aquellos que supongan violaciones graves de derechos humanos, principalmente las infracciones de los derechos a la vida y a la integridad física, que excluye explícitamente.

No obstante, pese a avalar los principales aspectos de la amnistía, el abogado general cuestionó algunos de sus aspectos procedimentales, principalmente los dos meses de plazo que la ley da a los jueces para que decidan si deben aplicarla, porque "podrían ser incompatibles" con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sus conclusiones no son vinculantes, aunque estadísticamente suelen coincidir con las sentencias que acaba dictando el TJUE.