La 'motosierra' de Vox: su programa de desregularización plantea quitar de las empresas los planes de igualdad, LGTBI o el registro horario

Vox presentó este sábado en el Auditorio Mutua Madrileña su nuevo programa de desregularización en materia económica, una de sus bases de cara al próximo curso electoral y para el ciclo de elecciones municipales, autonómicas y las generales que están por venir en 2027 si no hay adelantos. Los postulados económicos a los que se atan los de Santiago Abascal están inspirados directamente de la apuesta libertaria ejecutada por Javier Milei en Argentina, no sin polémica por los distintos recortes sociales y la subida de los índices de pobreza que han generado. Precisamente, la formación eligió el mismo fin de semana que el dirigente latinoamericano acudió a Madrid para recibir la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo.

Con el programa Vox quiere reducir el peso burocrático en España. Habla de "hiperregulación" y de que esta supone un impuesto oculto de más de 70.000 millones de euros para los españoles, unos 4.410 euros por hogar. Mediante varios indicadores, se denuncia un empobrecimiento generalizado y una pérdida de la soberanía por la ineficiencia del sistema, por lo que se reclama una profunda revisión del marco normativo. Para agilizar el acceso a la vivienda o la eficiencia de los servicios públicos. Se proponen un giro absoluto que pasa por rebajas fiscales, por la derogación de contenido social en el ámbito laboral o de "imposiciones climáticas".

En los pactos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León –a la espera de Andalucía–, algunos de los conceptos de este plan han sido cruciales, como el incremento de las bonificaciones fiscales. De hecho todos los vicepresidentes de Vox han asumido las carteras de Desregularización. En este documento se va más allá, sin el corset de esa necesidad de acuerdos, y lo ideológico tiene gran protagonismo en las 81 páginas que lo componen. Se hace una constante mención a la 'prioridad nacional' y al rechazo de la inmigración masiva.

Supresión de protocolos y planes de igualdad

Como uno de los elementos más polémicos están la supresión de la obligatoriedad de las empresas a contar con planes de igualdad o los protocolos LGTBI de los entornos laborales. Se argumenta que en las compañías la finalidad exclusiva es producir, crecer y prosperar y no generar corrección política. En un momento en el que se apuesta por la desconexión digital, se insta a que estas cuestiones no sean obligadas desde el Estado, sino pactadas por los empleadores y los trabajadores. Ocurre lo mismo con el control horario obligatorio, en plena exigencia de Sumar al PSOE de Pedro Sánchez como una de las medidas clave para relanzar el final del mandato. Creen que con estas medidas las pymes pueden crecer sin que les disparen las obligaciones administrativas.

Oposición a la legislación verde

Se replica contenidos ya conocidos tanto en los discursos como esas negociaciones con el PP, pero se lleva a máximos y frente a la UE. Se reclama la derogación del Pacto Verde y de la normativa derivada de él, suprimir la prohibición de venta de coches de combustión a partir de 2035 o la derogación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, todo dependiente de las instancias europeas. A nivel local, se comprometen a asegurar la continuidad de las nucleares como la central de Almaraz y a eliminar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes donde siguen vigentes. En materia de naturaleza, revertirán la protección del lobo ibérico para garantizar su caza.

En materia de soberanía energética, con ese fomento de la nuclear se quiere quitar la "asfixia fiscal" y abaratar los costes de suministro. Se suprimirá el "tope regulatorio a la inversión en redes eléctricas" y fomentará la tramitación exprés para infraestructuras industriales y de almacenamiento energético para guardar lo excedentes, con prioridad al bombeo hidráulico.

Hay una promesa explícita para paralizar el acuerdo UE-Mercosur, ahora suspendido temporalmente por la justicia europea tras el recurso Vox y otros homólogos además de otros grupos de izquierdas. Asimismo, quieren eliminar el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos por considerarlos ambos generadores de competencia desleal para los productores españoles. Se reclama priorizar una única norma para el etiquetado de productos de forma armonizada con Europa. Además del consumo prioritario de esos productos, se busca combatir la Agenda 2030.

Se da un protagonismo clave al sector primario, como uno de los nichos más relevante de Vox. Se presenta a un "campo arruinado y sin relevo" para quien "España tiene que estar a la altura". Hay compromiso a rebajar las "trabas nacionales y procedentes de Bruselas". Entre ello, se menciona a la Política Agraria Común (PAC). Se cuestiona que cada vez el porcentaje destinado de todos los presupuestos anuales es menor. "Acometeremos una revisión de toda la normativa en materia de PAC, registros, cuaderno digital, autorizaciones de riesgo, procedimientos en relación con la parcelación, fitosanitarios, plaguicidas, bienestar animal, cuotas y todas las trabas que arruinan nuestro campo". "En Vox lo tenemos claro: silencio positivo, declaraciones responsables, fondos de compensación y muchos menos trámites", se comprometen.

La autopista del agua

Para amplificar el acceso al agua en España y para "el rescate del agricultor", se exige que "no se tire ni una gota al mar". Para conseguirlo, se propone interconectar las cuencas del país, generar una 'autopista del agua' y que haya una tramitación exprés de la gestión de plazos y con silencio administrativo positivo para construir embalses, balsas y desaladoras. No se quiere el cuaderno digital, porque denuncian que convierte al agricultor en un siervo de la Administración al obligarle a atender a un constante papeleo.

El 3x1 y otras apuestas en desregularización

Los de Abascal apuestan por la simplificación administrativa y la supresión de tres normas vigentes por cada una que se apruebe como aglutinador general. Es una de las propuestas estrella que se quieren promover. Como en el caso del sector primario, se extiende esa apuesta por el silencio administrativo positivo como norma general. Es decir, si no responde en el plazo ante cualquier trámite, el ciudadano gana. Vox busca, además, suprimir las citas previas para cualquier gestión en oficina y instaurar una única base de datos para toda la Administración, quitando papeleo para demostrar información que el Estado ya posee. Entre las primeras que se quieren eliminar son la Ley de Vivienda, la del Cambio Climático, la reforma laboral de 2022 impulsada por la actual ministra de Trabajo y la ley de planes de igualdad.

En el ámbito de la desregularización, se aboga por reformar la ley del IRPF, sobre el patrimonio, sobre las sociedades o de los no residentes; el impuesto de sociedades, el de transacciones patrimoniales y actos jurídicos; el estatuto de los trabajadores y el registro diario de jornada; la ley del Suelo, del sector eléctrico o de protección de datos, entre otras más. Igualmente, se exige la reforma de legislaciones europeas como la ley de eficiencia energética.

Vox apuesta por una revisión permanente del sistema burocrático, por que exista un "buzón del ciudadano" para propuestas a de desregularización o simplificación por parte de personas, empresas u organismos. Esa revisión conllevaría reuniones sectoriales constantes con empresas, entidades de la sociedad civil, patronales u de otro tipo. Se clama por un uso responsable de la IA, masivo pero "desde el respeto al hombre", y se quiere suprimir el reglamento de la UE. Y, por otro lado, se quiere atajar el 'mercado paralelo' a la administración, como las ventas de citas previas para el DNI, extranjería, etc.

Hay una propuesta de Ley de Mercado Abierto para la "libertad comercial total" y sortear las 17 legislaciones autonómicas. Cualquiera que opere legalmente en el país, podrá operar sin inconvenientes por todo el territorio sin necesidad de permisos extra. Afirman que el comercio minorista se beneficiará por una garantía de libertad absoluta para organizar campañas, promociones o rebajas sin depender de los calendarios oficiales o las dobles licencias municipal y autonómica. Y para las empresas, se declara la guerra al 'Gold-Plating'. No se exigirá ni un solo requisito más allá de lo que marque la UE, transponiendo directivas en lo mínimo posible, especialmente en materia medioambiental. En el caso de grandes proyectos industriales, se realizará una sola evaluación ambiental con plazos cerrados y consecuencias legales si la administración se retrasa.

Para armonizar las legislaciones, se quiere recuperar el uso del artículo 150.3 de la Constitución para imponer reglas comunes allí donde las Comunidades Autónomas han convertido España en diecisiete países distintos. "Justicia, carreteras, comercio, sanidad, fiscalidad, educación o urbanismo no pueden seguir siendo un laberinto donde cada español tiene unos derechos, unas obligaciones y unos trámites distintos según el lugar en el que viva o trabaje. Un solo país, mismas reglas. El interés general de la nación está por encima del capricho de cualquier gobierno autonómico".

Protagonismo de la vivienda

Vox quiere combatir la escasez de vivienda y su encarecimiento con el desbloqueo del suelo para una mayor construcción que resuelva la crisis de acceso. Aseguran que se tarda entre 15 y 20 años en transformar y gestionar un suelo hasta que se pone el primer ladrillo. Hay voluntad de desmantelar restricciones en calificación de suelo a nivel local y regional, que dicen, impiden construir en el 95,7% del territorio español. Trasladan que la vivienda solo ha encarecido un 25-30% exclusivamente a consecuencia de la burocracia, por las trabas que se encuentran los promotores y constructores. Además de derogar esa ley de vivienda, se bloquearán regulaciones en el precio de los alquileres.