El Consejo de Seguridad Nuclear aprueba que Almaraz siga hasta 2030 y pasa la pelota al Gobierno

La central nuclear de Almaraz ha superado el examen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para poder seguir operando hasta 2030, como pidieron sus propietarias Iberdrola, Endesa y Naturgy. El pleno del organismo ha aprobado este jueves el informe favorable a la renovación de la autorización de explotación de la planta ubicada en la provincia de Cáceres hasta junio de 2030. Ahora, toda la presión recae sobre el Gobierno, que tendrá la última palabra sobre la continuidad de los dos reactores.

Las compañías energéticas pidieron formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga de tres años respecto al calendario actualmente vigente. El reactor I tiene previsto dejar de operar el 1 de noviembre de 2027 y el II, el 31 de octubre de 2028. Pero las las tres dueñas de la instalación consideran que puede seguir operando con seguridad hasta 2030.

No sería necesario siquiera que realicen grandes inversiones adicionales para extender la vida útil de la planta, pues el informe mantiene prácticamente intactos los límites y condiciones de la autorización vigente e incorpora únicamente ajustes de carácter técnico.

El departamento que dirige Sara Aagesen tendrá que decidir en poco más de dos meses si modifica el calendario de cierre acordado en 2019 entre las compañías eléctricas y Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos nucleares. El tiempo apremia. Si antes de finales de octubre el Gobierno no ha autorizado la prórroga, las propietarias de Almaraz estarán obligadas a iniciar el procedimiento legal para el cierre del reactor I.

La normativa exige que la documentación para el cese definitivo de explotación se presente con al menos un año de antelación respecto al vencimiento de la autorización. Así que, mientras el Ejecutivo siguiese analizando la ampliación de la licencia, las empresas tendrían que comenzar simultáneamente los trámites para clausurar la central conforme al calendario previsto.

No en vano, la central cubre en torno al 7% de la demanda eléctrica de España. Y su cierre obligaría a usar otras fuentes alternativas en un momento clave para la electrificación de la economía. Hasta ahora, el Gobierno ha mantenido su compromiso con el calendario de cierre y el propio presidente Pedro Sánchez así lo ha expuesto en repetidas ocasiones.

Pero queda la puerta abierta a la posibilidad de estudiar las solicitudes de renovación siempre que se cumplan tres condiciones. La certificación del CSN de este jueves; que la continuidad de la planta contribuya a garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y que la prórroga no implique un incremento del coste para los consumidores ni una rebaja de la carga fiscal que soportan las empresas propietarias. Y ahí es donde se cuece la pelea entre el Ejecutivo y las eléctricas. Después habrá que ver qué pasa con Ascó, Cofrentes, Vandellós II y Trillo.