La jueza de la Audiencia Nacional ordenó a la Policía no compartir el informe que responsabiliza a Marruecos de la entrada masiva en Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga las diligencias abiertas por la entrada masiva de migrantes en Ceuta ordenó a la Policía Nacional que no compartiera con otros organismos la información contenida en un informe policial que apunta a la responsabilidad de Marruecos en la crisis fronteriza. Según ha podido saber El Independiente, la instrucción era que la información se trasladara únicamente a la magistrada que dirige las diligencias.

El procedimiento no se encontraba bajo secreto de sumario. Sin embargo, la Policía recibió la indicación de que el contenido del informe debía quedar circunscrito al ámbito judicial y que "sólo se podía informar a su señoría". Una circunstancia que adquiere especial relevancia ahora que el documento ha trascendido y que el Ministerio del Interior ha reclamado explicaciones sobre su existencia y contenido.

La existencia y las conclusiones del informe, adelantadas por El Español y confirmadas por El Independiente, constan de un documento que analiza lo ocurrido durante la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio y recoge elementos que apuntan a una posible actuación coordinada desde el otro lado de la frontera.

Según la información conocida agentes marroquíes habrían desempeñado un papel activo en el desplazamiento de los migrantes hacia la frontera española. La hipótesis que maneja el informe policial se aleja así de la consideración de la crisis como un episodio exclusivamente espontáneo provocado por las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Una actuación organizada por parte de Marruecos

La investigación judicial trata de determinar precisamente qué ocurrió durante aquellas jornadas y si detrás de la llegada masiva de personas a Ceuta pudo existir algún tipo de actuación organizada. La Audiencia Nacional abrió diligencias para esclarecer los hechos y determinar si podían tener relevancia penal. El documento apunta a que pudo ser una estrategia por parte de Marruecos y que estaba organizada con otros fines distintos a una crisis migratoria.

El contenido del informe coloca ahora el foco sobre una cuestión distinta: quién tuvo conocimiento de sus conclusiones y por qué esa información no llegó al Ministerio del Interior. Fuentes conocedoras de las actuaciones sostienen que la Policía entendió que la información debía trasladarse exclusivamente a la jueza en el marco de las diligencias abiertas. Esto explica, al menos en parte, la aparente contradicción que se ha generado en los últimos días. Mientras la Policía Nacional elaboraba un informe con elementos que apuntaban a una posible responsabilidad de Marruecos, Interior sostiene ahora que no tenía conocimiento de esas conclusiones. Además, cabe destacar que tanto Marlaska como el propio Pedro Sámchez han destacado la buena colaboración de Marruecos y han negado tajantemente que el país esté detrás de esto.

El director de la Policía no tiene por qué decir nada

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que aclare el contenido del documento y las circunstancias que rodearon su elaboración y traslado. La petición pretende determinar qué información manejaba la Policía sobre la actuación marroquí y cuándo tuvieron conocimiento de ella los responsables políticos del Ministerio.

No obstante, que Marlaska haya reclamado estas explicaciones no significa que el director general de la Policía esté obligado a facilitarle cualquier información de una investigación judicial en los términos que reclame el ministro. Francisco Pardo, como máximo responsable de la Policía Nacional, debe preservar la autonomía de las actuaciones policiales que se desarrollan bajo la dirección de la autoridad judicial y, en este caso, cumplir las instrucciones recibidas de la magistrada que dirige las diligencias. Por tanto, si la orden judicial era que el contenido del informe sólo se comunicara al órgano judicial, el director de la Policía no podía simplemente trasladarlo a Interior por petición del ministro sin valorar antes las obligaciones derivadas de esa instrucción judicial.

El Gobierno defiende a Marruecos

La polémica se produce además después de que el Gobierno haya defendido públicamente que Marruecos no tuvo responsabilidad en la entrada masiva. El propio Pedro Sánchez ha desvinculado a Rabat de lo ocurrido y ha situado el origen de la crisis en la actuación de las mafias y en la difusión de mensajes en redes sociales que pudieron favorecer el desplazamiento de miles de personas hacia Ceuta.

El informe policial introduce una hipótesis diferente y atribuye un papel relevante a lo sucedido al otro lado de la frontera. No significa, por sí mismo, que las conclusiones policiales hayan sido asumidas judicialmente ni que exista una resolución que establezca una responsabilidad de Marruecos. Se trata de un documento elaborado en el marco de las diligencias y dirigido a la autoridad judicial.

Una cadena de avisos antes de la avalancha

La existencia de este informe se suma a la cadena de alertas que se produjeron en los días previos a la entrada masiva. El 27 de julio el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ya alertó al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, de la creciente cantidad de entradas a nado por Ceuta. Este intentó calmarle y le explicó que era algo que pasaba "todos los veranos".

Vivas fue quien mostró mayor preocupación ante la posibilidad de que la situación desembocara en una crisis fronteriza. Frente a esa posición, se habría transmitido un mensaje de menor preocupación, al considerar que las entradas a nado se producían habitualmente durante el verano y que las buenas relaciones existentes en aquel momento entre España y Marruecos reducían la posibilidad de que se produjera un episodio de esas características.

El informe del CENIF del 29 de julio

Dos días después, tal y como adelantó El Independiente, el 29 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) elaboró un informe interno en el que alertaba de la presencia masiva de personas en la zona fronteriza con Ceuta y Melilla y advertía del riesgo de un salto de la valla o de una entrada por vía marítima. El documento policial no anticipaba una cifra concreta de decenas de miles de personas entrando en Ceuta, pero sí advertía de un riesgo elevado de entrada masiva. La alerta se produjo apenas un día antes de que comenzara la crisis.

Entre el 30 y el 31 de julio se produjo finalmente la entrada masiva, que obligó a movilizar a efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. La dimensión del episodio superó las previsiones habituales y provocó el despliegue extraordinario de unidades policiales y militares durante los días posteriores. Ahora, el informe remitido a la Audiencia Nacional añade un nuevo elemento a esa cronología: la existencia de indicios policiales sobre una posible intervención marroquí en la organización o dirección de los movimientos hacia la frontera.