El CENIF se defiende: "Nuestra misión es hacer informes pausado, las conclusiones son de los jueces"

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ha decidido defenderse frente a las dudas planteadas por el Ministerio del Interior sobre el informe que sus agentes elaboraron de la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio. El titular de Interior comenzó a desacreditar a los agentes del CENIF cuando se hizo público un informe en el que describían la situación de Ceuta durante la entrada masiva.

En dicho informe, al que ha tenido acceso El Independiente, los policías señalan que Marruecos podría haber participado en la invasión. Esta información contradice al completo la ofrecida por el Gobierno, que asegura que Marruecos no participó de ninguna forma, y niega que el informe "atribuya" responsabilidades a Rabat.

Fuentes policiales aseguran a El Independiente que el cometido de ese informe es precisamente realizar un análisis "pausado y calmado" de la información disponible, y rechazan que ellos deban atribuir la responsabilidad de los hechos a Marruecos. "Yo hago el informe, es la jueza quien debe sacar las conclusiones", insisten, "nosotros trabajamos con los datos y metodología, y entregamos lo que nos piden", aseguran.

Las mismas fuentes niegan además uno de los extremos sostenidos por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska para marcar distancias con el documento. Frente a la afirmación de Interior de que el CENIF no dispone de personal desplegado en Marruecos, sostienen que la unidad cuenta con "muchos agentes" desplegados por distintos puntos de África y que esa presencia forma parte precisamente de su labor de seguimiento y análisis de los fenómenos migratorios.

El cuestionamiento al CENIF y a la jueza por elegirlo

La defensa del CENIF llega después de que Interior cuestionara públicamente tanto las conclusiones del informe como la propia naturaleza de la unidad que lo elaboró. En una nota difundida esta semana, el Ministerio aseguró que el CENIF "no tiene la consideración de unidad investigadora con el carácter orgánico de Policía Judicial", que tampoco es una unidad o servicio de Información y que resulta "inusual" que desarrolle actividades bajo mandato de una autoridad fiscal o judicial.

Es precisamente esta última afirmación la que fuentes jurídicas consultadas por El Independiente interpretan como un cuestionamiento de la decisión de Tardón. La magistrada, que se encontraba de guardia cuando se produjo la entrada masiva en Ceuta, reclamó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sendos informes para determinar si los hechos podían ser constitutivos de un delito competencia de la Audiencia Nacional. Entre esa documentación figura el informe elaborado por el CENIF, que posteriormente fue remitido al juzgado.

Marlaska pidió conocer el informe

Tras conocerse que la jueza había ordenado a los agentes no informar a sus superiores —tal y como avanzó en exclusiva este periódico—, el ministro Marlaska envió una carta a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para trasladarle su "preocupación" por la decisión de la magistrada. El titular de Interior defendía que, aunque los agentes quedaran sujetos a la autoridad judicial durante las pesquisas, ello no debía impedir que trasladaran a sus superiores y a los responsables políticos información relevante para la gestión de una crisis que el propio Gobierno había declarado de interés para la seguridad nacional.

La misiva de Marlaska, magistrado y antiguo juez de la Audiencia Nacional, llegaba después de que Interior hubiera difundido ese comunicado poniendo en cuestión la propia naturaleza del CENIF y su capacidad para desarrollar este tipo de actuaciones bajo mandato judicial. Un extremo que, según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, deja entrever un cuestionamiento de la decisión de Tardón de recurrir a esta unidad para recabar información sobre lo ocurrido en Ceuta.

Sin embargo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional salió este viernes en defensa de la magistrada y respaldó su decisión. En su acuerdo, los magistrados recordaron que las normas que regulan la Policía Judicial deben interpretarse conforme al Real Decreto que establece su organización y funciones. En particular, citaron su artículo segundo, según el cual los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "en sus funciones de policía judicial", desarrollarán sus cometidos "a requerimiento de la Autoridad Judicial, del Ministerio Fiscal o de sus superiores policiales o por propia iniciativa a través de estos últimos". Es decir, recordaron a Interior que la Policía Judicial responde ante el juez.

La Policía investiga

Los magistrados también invocan en el artículo tercero, que establece que los jueces, tribunales y miembros del Ministerio Fiscal podrán, "en defecto de Unidades de Policía Judicial", con carácter transitorio o en supuestos de urgencia, y siempre dentro de su ámbito legal y territorial de atribuciones, encomendar a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la práctica de concretas diligencias de investigación.

La discusión planteada por Interior sobre si el CENIF tiene o no "carácter orgánico" de Policía Judicial no agota, según fuentes jurídicas, la cuestión sobre la capacidad de sus agentes para actuar a requerimiento de una jueza. La normativa contempla expresamente que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan practicar diligencias concretas cuando así lo requiera una autoridad judicial.

La presidenta del CGPJ respondió a Marlaska en esta misma línea. Perelló le recordó que la función de Policía Judicial corresponde a "todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", con independencia de su naturaleza y dependencia. Y subrayó que los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen vedado constitucional y legalmente "aprobar, censurar o corregir" las actuaciones de los jueces.

La Policía Judicial, sometida a reserva

La controversia se extiende además al alcance de la información que los agentes pueden trasladar durante una investigación judicial. El artículo 15 del citado Real Decreto obliga a los funcionarios a guardar "rigurosa reserva" sobre la evolución y el resultado de las investigaciones que les hayan sido encomendadas, así como sobre las informaciones obtenidas a través de ellas.

La propia norma contempla el intercambio de información dentro de la Unidad Orgánica para mejorar la eficacia de los servicios, pero establece una excepción cuando existe una prohibición expresa del juez o fiscal competente. Es precisamente en este marco en el que Tardón ordenó a los agentes que no informaran a sus superiores sobre la elaboración y el contenido de los informes.