La Fiscalía denuncia atascos "inasumibles" de hasta siete años en las macrocausas de corrupción

La Fiscalía General del Estado denuncia en su Memoria de 2025 las "inasumibles dilaciones" que sufren las macrocausas de corrupción, que en algunos casos llegan a alcanzar los siete años entre la presentación del escrito de acusación y el señalamiento del juicio oral. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha presentado este jueves el balance anual del Ministerio Público durante el acto de apertura del año judicial, en el que advierte de que estos retrasos se tratan de una "lacra" que daña la eficacia y la propia credibilidad de la Justicia.

La Fiscalía ya había advertido de esta situación en su Memoria del año pasado, pero ahora actualiza los datos y pone el foco la llamada fase intermedia de los procedimientos. Según señala el documento, consultado por El Independiente, resulta "llamativo" que las mayores dilaciones no se produzcan durante la instrucción, sino precisamente en este periodo previo a la celebración del juicio.

Las razones que argumenta la Fiscalía para estas dilaciones son "variadas y complejas". Entre ellas, citan las dificultades para organizar juicios que pueden requerir numerosas sesiones, la falta de magistrados y de salas de audiencia con el tamaño adecuado o la prioridad que se da a procedimientos menos complejos o preferentes, como las causas con presos. El problema se agrava en procedimientos con numerosos investigados, perjudicados y acusaciones populares, así como en aquellos que requieren cooperación internacional o complejas periciales económicas. La Fiscalía señala además el papel de un sistema de recursos que considera "sobredimensionado" y que, a su juicio, ofrece un terreno favorable para las estrategias dilatorias de los investigados.

Una demora con consecuencias

El Ministerio Público advierte de que el paso de los años no es una cuestión meramente administrativa. Estas dilaciones pueden dar tiempo a los investigados para ocultar el producto del delito o incluso provocar la prescripción de los delitos. También favorecen la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, que en algunos casos puede apreciarse como muy cualificada.

A ello se suma la dificultad de celebrar un juicio sobre hechos que, cuando finalmente llegan a la sala, pueden haber quedado muy alejados en el tiempo. La Fiscalía considera que la práctica de la prueba puede llegar a "diluirse o distorsionarse", mientras que la exposición pública prolongada de los investigados puede alimentar los denominados juicios paralelos y perjudicar su presunción de inocencia. Todo ello desemboca en una "general insatisfacción" de los ciudadanos "ante una respuesta penal lenta e insuficiente".

La Fiscalía reclama por ello una mejora en la dotación de medios de los tribunales y apuesta por una mayor especialización para combatir la delincuencia económica organizada y relacionada con la corrupción. En concreto, propone la creación de órganos especializados tanto en la instrucción como, especialmente, en el enjuiciamiento de este tipo de procedimientos.

El Ministerio Público considera además necesaria una modificación de las competencias y los criterios de asunción de asuntos de la Audiencia Nacional y, mientras esta reforma no se produzca, plantea la creación de secciones especializadas en materia económica dentro de su Sala de lo Penal. Medida que permitiría agilizar la celebración de los juicios y mejorar la calidad de las resoluciones.

Casi dos millones de diligencias previas

Pero el documento ofrece también una radiografía más amplia de la actividad de la Fiscalía y de la evolución de la criminalidad en España. Durante 2025 se incoaron 1.770.201 diligencias previas, un 4,9% más que el año anterior, cuando fueron 1.687.743. El incremento es además superior al registrado en 2024, cuando las diligencias previas habían crecido un 1,4%. Los delitos contra la vida y la integridad física volvieron a concentrar la mayor parte de estas actuaciones, con un 32% del total, seguidos de los delitos contra el patrimonio, que representaron el 21%.

La actividad del Ministerio Público se refleja también en los 336.041 escritos de acusación formulados durante el ejercicio, un 1,4% más que en 2024, y en los 354.954 juicios en los que intervino la Fiscalía. De ellos, 186.476 correspondieron a delitos leves, 155.753 se celebraron ante los juzgados de lo penal y 12.725 ante las audiencias provinciales. A estas cifras se suman 15.205 diligencias de investigación preprocesal iniciadas durante el año.

La Memoria constata además el peso creciente de algunas formas de criminalidad. La delincuencia informática ya representa el 19,85% del total de las infracciones penales registradas en España, con especial preocupación por los delitos contra la libertad sexual cometidos en entornos digitales y por aquellos que tienen como víctimas a menores. La Fiscalía también sitúa entre sus prioridades la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo yihadista, al tiempo que alerta de la evolución de la violencia juvenil y mantiene la preocupación por la violencia contra las mujeres.

En este último ámbito, 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en 2025, la misma cifra que el año anterior. Solo 11 de ellas, el 22%, habían presentado una denuncia previa, mientras que 14 de los presuntos autores, el 28%, contaban con antecedentes de violencia de género respecto de otras parejas o exparejas. Además, seis casos fueron considerados feminicidios ampliados y 40 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de esta violencia.

Peramato reclama más autonomía

El diagnóstico de la Memoria ha tenido su reflejo en el discurso de Peramato durante la apertura del año judicial de este jueves. La fiscal general ha defendido la necesidad de modernizar el proceso penal y ha respaldado que la Fiscalía asuma la dirección de la investigación criminal, una reforma que considera necesaria para adaptar el sistema a formas de delincuencia cada vez más complejas. "Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales", ha señalado la fiscal general en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

Para que esa transformación pueda llevarse a cabo, Peramato ha reclamado también más autonomía para el Ministerio Fiscal. En concreto, ha pedido autonomía organizativa, reglamentaria, formativa y presupuestaria y ha recordado que la Fiscalía es actualmente "el único órgano con relevancia constitucional" que carece de ella. "Seguimos precisando más autonomía", ha insistido Peramato, que considera que una mayor independencia contribuirá a reforzar la "apariencia de imparcialidad" de la institución y la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

La fiscal general ha vinculado estas reformas a la necesidad de dotar al Ministerio Público de recursos suficientes. Ha destacado la creación de 200 nuevas plazas de fiscales en 2026 y el compromiso de seguir ampliando la plantilla en 2027, aunque ha advertido de que la asunción de nuevas competencias deberá ir acompañada de más efectivos, sistemas tecnológicos modernizados y estructuras de apoyo.