A quién beneficia lo que PISA refleja

El informe PISA registra el desastre de la enseñanza pública en España y en otros países. Ese deterioro beneficia a los pudientes, y son el único grupo al que beneficia. Una caída general concentra el daño en quienes solo cuentan con su centro de enseñanza. Quien puede pagar un refuerzo recupera parte de lo perdido. Quien puede pagar la salida deja de depender del sistema. Cuanto peor enseña la escuela común, más valor tiene lo que se compra aparte.

Cuando un hijo empieza a quedarse atrás, contratar un profesor particular permite intervenir sin esperar a que el centro encuentre tiempo y personal para atenderlo. El gasto puede prolongarse durante varios cursos. Para una familia con el presupuesto ajustado, mantenerlo exige recortar otras necesidades, recurrir a los abuelos o endeudarse. A veces resulta imposible, aunque los padres sepan que su hijo necesita ayuda y estén dispuestos a hacer cuanto puedan.

En el escalón siguiente está la salida completa. Las familias con más recursos amplían la búsqueda a colegios internacionales, estancias en el extranjero y universidades cuyo coste descarta de entrada a buena parte de los hogares. El dinero permite considerar esas opciones, preparar el acceso y sostener los gastos durante años. La admisión y el aprovechamiento siguen exigiendo capacidades y trabajo, pero la posibilidad de intentarlo ya establece una diferencia. Esos alumnos han dejado de depender de lo que PISA acaba de medir.

La matrícula es solo una parte de la cuenta. Estudiar lejos de casa supone pagar alojamiento, manutención y desplazamientos, y mantener al estudiante durante un periodo en el que quizá no tenga ingresos. Una beca parcial puede dejar todavía una cantidad inasumible. Hay familias capaces de afrontar un curso que no podrían comprometerse a pagar cuatro. La decisión acaba dependiendo de cuánto tiempo podrán sostener ese esfuerzo.

El retroceso de la enseñanza común empuja hacia abajo a quien no puede comprar la reparación

Diez años después, la diferencia se cobra en el mercado de trabajo. Una formación internacional proporciona idiomas, experiencia y relaciones útiles al buscar empleo. El alumno que arrastra dificultades de comprensión o de cálculo encuentra más obstáculos para continuar estudiando y acceder a determinadas ocupaciones. El dinero deja margen para insistir, cambiar de rumbo y corregir un error de cálculo. Para una familia que ha agotado sus ahorros, un error obliga a abandonar los estudios o a aceptar un trabajo antes de terminarlos. El retroceso de la enseñanza común empuja hacia abajo a quien no puede comprar la reparación, y mejora por comparación la posición de quien sí puede.

La responsabilidad de quienes aprueban las leyes educativas debería medirse por su capacidad para evitarlo. Si un dirigente presenta como satisfactoria una enseñanza que considera insuficiente para sus propios hijos y les paga una alternativa, tiene una contradicción que explicar. Esa crítica exige conocer cada caso; la elección de un centro privado, por sí sola, dice menos de su compromiso que las decisiones que toma sobre profesores, apoyos y recursos para todos.

Lo exigible es que la enseñanza financiada entre todos ofrezca una formación suficiente sin que haga falta un suplemento privado. Cuando se detectan dificultades, el centro debe disponer de medios para intervenir y comprobar después si la ayuda ha servido. Pasar de curso a un alumno no resuelve por sí mismo lo que todavía no comprende.

Mientras eso no ocurra, cada curso perdido se convierte en una ventaja para quien puede pagarla. Las familias deberían saber qué apoyo recibirá su hijo y cuándo empezará. Para quien no puede pagar una academia, esa respuesta tiene que llegar desde el centro. Hace falta un profesor con tiempo para averiguar dónde empezó a perderse el alumno y trabajar con él antes de que acumule otro curso de dificultades